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Red contra la violencia considera "insuficiente" declaración de emergencia

El colectivo expresó que el problema de la violencia de género tampoco "se trata de carencias presupuestales", como criticó Luis Lacalle Pou

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04 de enero de 2020 a las 13:27

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual consideró "insuficientes" la declaración de emergencia nacional por violencia de género que realizó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el pasado 30 de diciembre. Este colectivo reclama que se tome esta medida desde el año 2014. "El reconocimiento llega tarde, ya no alcanza, el problema requiere cambios profundos para el pleno compromiso del Estado en los hechos", dice la declaración divulgada este viernes. 

En la resolución presidencial firmada este lunes se reconoce que las respuestas del Estado "han resultado insuficientes" ya que la violencia de género "continúa siendo muy alta en Uruguay". El decreto establece, entre otras cosas, "medidas de implementación inmediata", como la ampliación de las tobilleras electrónicas, para lo que se comprarán 200 más para sumar a las cerca de 1.000 que hay disponibles.

Esta decisión de las tobilleras electrónicas también fue criticada por la Red Uruguaya. "No se trata (...) de más y más disposiciones, y más y más tobilleras". 

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, por su parte, cuestionó que a la declaración de emergencia nacional por violencia de género le "falta presupuesto". Sin embargo, para este colectivo contra la violencia doméstica tampoco "se trata de carencias presupuestales". 

"Se trata de responsabilidad y eficiencia, de coordinación y complementación interinstitucional, de pleno cumplimiento de las responsabilidades institucionales en tiempo y forma", se explica.

En el texto también se cuestiona el "sistema de respuesta" a las mujeres que demandan ser atendidas. La Red Uruguaya denuncia que las mujeres tienen una respuesta tres o cuatro semanas después de haber pedido ayuda. También se critica que hay "alojamientos precarios para víctimas desprotegidas, servicios de salud que solo hacen lo que explícitamente les corresponde, instituciones educativas que no se comprometen con la violencia que afecta a los educandos y a su familia". 

El colectivo solicita que se realice una "adecuada prevención y protección" de las mujeres, niños y adolescentes y que los servicios estén disponibles durante todo el día. "Se requieren fiscalías que conozcan a las denunciantes y comprendan las implicancias de lo denunciado, defensorías que ejerzan la defensa de los derechos vulnerados, y jueces y juezas que fallen acorde a derecho y aseguren el cumplimiento de medidas protectoras y eventualmente sancionadoras".

A su vez, piden que se terminen las "charlas institucionales" y las decisiones judiciales "operativas". "Romper las tobilleras electrónicas no tiene sanción, violar la prohibición de acercamiento y comunicación resulta impune, al igual que no concurrir a los grupos de cuestionamiento de la masculinidad violenta", se critica. 

De todas maneras, en el comunicado se reconocen las políticas públicas "de los últimos años para enfrentar la violencia". 

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