Reforma de tarifas: amagues, confusiones y pasos atrás

 La oposición utilizó esa coyuntura para pegar y machacar con oportunismo político. El nuevo esquema para la fijación de las tarifas de los combustibles -con ese rol más autónomo del regulador (Ursea)- fue votado por todos los partidos políticos, tras una ardua negociación en el Parlamento. Básicamente el objetivo era que cada mes la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicara un Precio Paridad de Importación (PPI) con una nueva metodología, y luego el Ejecutivo utilizara ese insumo para fijar las tarifas al público y darle así mayor transparencia y previsibilidad al mercado. Ese ejercicio (teórico) del PPI calcula el costo que tendría importar combustibles refinados para comercializarlos en la plaza local. Así Ancap debería ser capaz de tener tarifas competitivas y en línea con el mercado internacional a la salida de su planta La Teja. En paralelo, el gobierno debería trabajar con Ancap para eliminar un sobrecosto de $ 2,97 por litro que tiene el precio del gasoil y la nafta. En esa mochila están los sobrecostos por la mezcla con los biocombustibles, las pérdidas del pórtland y el subsidio millonario al supergás. 

Tras aplazar su puesta en práctica por la pandemia, el Poder Ejecutivo decidió implementar el nuevo esquema en junio de este año. La coyuntura hizo que debiera aplicar tres aumentos consecutivos en las tarifas con el nuevo esquema que atendía básicamente lo que mostraba el PPI y una mínima corrección a la baja en setiembre. El nuevo régimen funcionó hasta octubre cuando el informe del regulador (Ursea) mostraba un nuevo ajuste alcista. El gobierno apeló a ganancias extraordinarias de Ancap -por la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía eléctrica a Brasil- y mantuvo congeladas las tarifas. Lo mismo hizo en noviembre y repitió los motivos. Es indudable que en esa definición política comenzó a jugar su partido el referéndum que habrá sobre la LUC el próximo año. Los argumentos que comenzaron a manejar las autoridades del Poder Ejecutivo y Ancap para explicar por qué las tarifas de los combustibles no subían no ayudó al proceso de transparencia. Argumentar que la discrecionalidad está bien utilizada cuando se hace para beneficio de la población es un poco endeble o engañoso. Si los números muestran que las tarifas deben subir, alguien (el Estado o los consumidores) tarde o temprano pagarán esa cuenta. 

Viejas recetas 

Durante la última administración del Frente Amplio, el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori defendió ante un foro de empresarios el manejo de las tarifas públicas “como un instrumento más” de la política macroeconómica. "Quien crea que somos solo los cajeros del gobierno, se equivoca profundamente. Nosotros hacemos política todos los días", lanzó Astori durante un foro de ACDE del equipo económico (2015). En ocasiones, las tarifas se utilizaron para “aguantar” coyunturalmente la inflación y, en otras, hubo ajustes que priorizaron la mejora de la rentabilidad de las empresas públicas para contribuir al resultado fiscal. También hubo manejos que fueron más polémicos como la creación de un Fondo de Estabilización para las tarifas de UTE, del cual luego se transfirieron fondos por US$ 173 millones para hacer frente a obras de infraestructura vinculadas a la segunda planta de UPM porque el cambio de la matriz energética no hacía necesario tener tanto dinero para atender una eventual sequía. Lo ideal hubiese sido que esos recursos (que pagaron los clientes con su factura) se quedarán en la propia empresa, ya sea para (menores) tarifas o para realizar inversiones.

Seis años más tarde el punto de partida parece no haber cambiado sustancialmente. El problema de fondo no es el motivo por el cual se congelan las tarifas sino las señales que se transmiten. Si el camino es atar el precio de los combustibles a lo que efectivamente pasa con la cotización del petróleo en los mercados internacionales, los agentes económicos pueden tener una idea a la hora de proyectar a cuánto pagarán el gasoil para mover su flota de transporte o para implantar la zafra de soja que está en marcha. Ahora, saber o proyectar cuándo puede ganar Ancap por un negocio extraordinario (la venta de gasoil a UTE para generar energía eléctrica) es muy difícil. Por tanto, no está claro si hay que fijarse en cómo está cerrando el precio del petróleo en los mercados o cómo están las finanzas o la caja de Ancap para tener una idea de qué pueda pasar con las tarifas a futuro. Hoy funciona un mix de ambas variables, y el fiel de la balanza se inclina más por definiciones políticas que técnicas. En todo caso, sería lógico que si Ancap obtuvo una ganancia extraordinaria por unos meses, que esos recursos vayan a un un fondo de estabilización tarifario como el que se diseñó para UTE con reglas claras y transparentes sobre las condiciones de uso. 

Tampoco parece razonable que Ancap pueda apelar a más deuda para sostener su estructura de costos alejada a la realidad, por más espalda financiera y acceso al crédito que pueda tener hoy la empresa. Al final del día, a esos créditos hay que pagarlos y será con la tarifa de los combustibles que consumirás mañana. El propio presidente de Ancap apeló a una metáfora esta semana para decir que la estrategia de congelar no era sostenible por mucho tiempo más. “No creo que la intención del Poder Ejecutivo sea mantener los precios, porque sería como comprimir un resorte (...); algún ajuste tendrá que hacer en los próximos meses”, consideró. Pero también dejó en claro el mensaje de que la empresa tenía espalda para aguantar los precios si así se lo ordena el Ejecutivo. 

¿Qué pasará en enero?

Si el negocio de UTE para exportar energía a Brasil se mantiene como esperan las autoridades por el déficit de lluvias en la región, es factible que en diciembre las tarifas de Ancap vuelvan a mantenerse congeladas como ocurrió en los últimos dos meses. La duda es qué pasará en enero. Ahí el gobierno debería ajustar el Imesi sobre las naftas (explica un 40% del precio que paga el consumidor en el surtidor) por la evolución de la inflación de 2020. ¿Trasladará ese ajuste impositivo al margen de Ancap?  ¿Puede Ancap tolerarlo si el precio del petróleo sigue escalando como ha ocurrido en las últimas semanas? Difícil. Si esa cuenta no la paga el ente petrolero, los recursos saldrán de Rentas Generales (la caja del Estado). 

La otra duda que está sobre la mesa es qué pasa con el beneficio que está obteniendo UTE por la exportación de energía a Brasil. Así como el gobierno decidió que pase a tarifas en el caso de Ancap, también podría aplicar el mismo criterio para cuando el ente energético eleve su propuesta de ajuste tarifario a la OPP para 2022 o incluso podría aplicarlo este año. En los primeros nueve meses del año UTE obtuvo ganancias por US$ 385 millones. El aporte previsto a Rentas Generales para este año es de unos US$ 61,5 millones, por lo que queda un botín nada despreciable para definir su uso. Otro tema donde el gobierno ha moderado sus expectativas de cambio es reducir el subsidio al supergás para uso residencial, un tema donde todavía no está claro cómo se atacará. Sí parece estar definido que Ancap dejará de trasladar el sobrecosto (de $ 1,5 por litro) que implica la mezcla del biodiésel local sobre el gasoil desde el próximo año. 

La política tendrá un rol protagónico en los próximos meses hasta el referéndum y donde las tarifas públicas formarán parte del debate. Así, será difícil que la discrecionalidad del gobierno de turno no juegue su partido como ocurrió en el pasado y donde el rol del regulador independiente para fijar las tarifas quedará relegado a un segundo plano.  

Soy Andrés Oyhenard, editor de Economía y Empresas de El Observador. Hasta aquí esta nueva entrega de  Rincón y Misiones, la newsletter exclusiva para suscriptores Member de El Observador para entender mejor la realidad económica y los temas que tocan nuestro bolsillo, y contar con mejor información para tomar decisiones.