Retroceso: Costa Rica decidió no ratificar el Acuerdo de Escazú sobre medio ambiente

Se trata de una contradicción en un país que se enorgullece de estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, según diputados de izquierda que buscaban su ratificación o al menos una extensión del periodo de debate.

En la sesión parlamentaria del miércoles último se necesitaban 29 de 57 votos para validar la moción de ampliar el plazo, pero fue rechazada por la Asamblea Legislativa por 41 votos en contra, 11 a favor y una ausencia.

"Es una terrible señal para el país en lo interno, ya que es una muestra de que una mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa no tienen interés en proteger a futuro derechos fundamentales en materia ambiental", señaló a la agencia AFP el diputado Jonathan Acuña, del izquierdista Frente Amplio, uno de los 11 que votó por la prórroga.

"Pasamos de ser un país a la vanguardia en materia ambiental a uno que no llega ni a aprobar un Acuerdo internacional de derechos mínimos", escribió el legislador en Twitter.

El acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Las negociaciones del convenio culminaron en marzo de 2018 por parte de 24 países en Escazú, un distrito de San José. Fue suscrito en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América latina y el Caribe, su suscripción se realizó en los Estados Unidos por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

Ahora, ya fue ratificado por 14 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Según su texto, el Acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

"Ahuyenta la inversión"

Los argumentos principales de los opositores al Acuerdo de Escazú eran que Costa Rica ya disponía de legislación propia en defensa del medio ambiente y que, si era ratificado, demoraría la reactivación económica tras la pandemia de covid-19.

La diputada social cristiana Melisa Ajoy, quien votó en contra, señaló en Twitter que debido a la "robusta legislación en esta materia, no parece necesario aplicar el plazo cuatrienal para la ampliación al Acuerdo de Escazú".

La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), una formación tradicional costarricense, también votó en contra argumentando en un tuit que el convenio "ahuyenta la inversión, genera inseguridad jurídica, invierte la carga de prueba y permite el bloqueo de un proyecto sin tener sustento".

"Costa Rica tiene un amplio marco legal de protección ambiental por el que somos reconocidos. Su aprobación es innecesaria", agregó la legisladora.

El propio presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó su desinterés por el acuerdo apenas asumió el poder el pasado mayo. Los empresarios también se oponían a su ratificación.

"El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. No creo que sea beneficioso para el país", indicó entonces.

Según Chaves, si era ratificado se retrasaría "de manera injustificada" la reactivación económica tras la pandemia.

"Error histórico"

Entre académicos y ambientalistas hubo decepción por el envío del Acuerdo al archivo.

"No entiendo por qué Costa Rica no ratificó el Tratado de Escazú. Costa Rica es considerado un líder en materia de medio ambiente y derechos humanos, por lo que este fracaso es atípico", dijo el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio ambiente, David R. Boyd.

"Escazú es un tratado importante y debe ser ratificado por Costa Rica inmediatamente", agregó Boyd en Twitter.

La exdiputada y politóloga costarricense Paola Vega reaccionó afirmando que la decisión del Congreso es "un error histórico".

"Acabamos de tirar por la borda décadas de liderazgo en materia ambiental. ¡Gracias fracción Frente Amplio por ser la única en votar a favor!", destacó la académica de la Universidad de Costa Rica.

(Con información de AFP y de la web del Acuerdo)