Se intensifica la lucha entre gobierno y titular de Diputados
El presidente de la cámara baja atribuye la denuncia a un complot en su contra
22 de agosto de 2015 5:00 hs
Cunha habló ante sindicalistas en Sao Paulo AFP
Más noticias
El propio Camargo confesó haber recibido un soborno de US$ 40 millones de la surcoreana Samsung Heavy Industries, empresa que suministró navíos a la estatal.
El presidente de los Diputados, tercero en la línea de sucesión y de quien depende la apertura de un juicio político con fines de destitución contra el jefe de Estado, negó igualmente que pueda adoptar represalias por la denuncia que sufrió.
"No voy a adoptar represalias contra quien quiera que sea. Pueden estar tranquilos. Nada alterará mi comportamiento ni mi forma de actuar. Estoy sereno", afirmó sobre las versiones según las cuales puede aprovechar su cargo para acelerar la votación en el Congreso de proyectos de ley e iniciativas que incomodan al gobierno.
La víspera, en un comunicado que divulgó poco después de ser denunciado formalmente, Cunha atribuyó la acusación a una represalia del gobierno por su actuación independiente en el Congreso.
"Con seguridad, cuando se aclaren los hechos, asistiremos a la comprobación de la actuación del gobierno en un intento de callarme y en una represalia por mi actuación política", alegó en la nota.
Cunha y el senador y Collor de Mello fueron acusados formalmente el jueves por la Fiscalía de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por su supuesta participación en la red de corruptelas en la petrolera estatal Petrobras. La denuncia fue presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte, debido a que ambos tienen fuero privilegiado.
Pese a integrar el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la principal fuerza aliada al gobierno, Cunha expresó días atrás su descontento con el Ejecutivo y fijó una postura personal de oposición a la presidenta Rousseff.
Cunha y Collor forman parte de la lista de 50 políticos investigados junto a exaltos cargos de la Petrobras y ejecutivos de importantes constructoras como sospechosos de beneficiarse de la red de corruptelas enquistada en la petrolera, que sobrevaloraba contratos y desviaba recursos de la estatal.
Collor
Collor, que asumió la presidencia de Brasil en 1990 y renunció poco antes de que se votase su juicio político para destituirlo, fue blanco de un sonado allanamiento el mes pasado, en el que las autoridades secuestraron pruebas, documentos y bienes de sus viviendas, entre ellos tres vehículos de lujo.Este jueves calificó las denuncias en su contra de "festín mediático en detrimento del derecho y de las garantías individuales", a través de su cuenta de Twitter.
Si bien no fueron especificados los cargos contra el senador, la causa que investiga el llamado "Petrolao" indaga sobre la formación de una red que cometía los delitos de cártel, fraude, corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.
Ahora, la Corte Suprema, encargada de juzgar los delitos cometidos por políticos con fueros, deberá responder si acepta los procesos en los próximos días y definir si Cunha y Collor van a juicio.
La fase política del caso incluye cerca de 50 nombres en investigación, mayormente son políticos con fueros privilegiados.
Un escándalo colosal
El caso Petrobras es considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y le ha costado a la petrolera que fue sinónimo de futuro en el país más de US$ 2.000 millones en pérdidas.La trama fue descubierta por las autoridades mediante un procedimiento menor de transacciones ilegales de divisas en una gasolinera en Brasilia, y ya llevó a prisión al extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari Neto, y a los presidentes de las gigantes de la construcción Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa.
También están detenidos cuatro exdirectores de la estatal y un exgerente que desvió a Suiza casi US$ 100 millones. De acuerdo con la investigación, las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores.
La tasa media de los sobornos fue estimada entre 1% y 3% del valor de los contratos, según los textos del juez.
