Toma acusa a Lacalle Pou de someterlo a un “linchamiento político sin precedentes”

En un escrito, al que accedió El Observador, Toma señala que el Poder Ejecutivo tomó la decisión desoyendo un informe del área jurídica de Presidencia que recomendaba iniciar la investigación para comprobar la existencia de irregularidades en el proceso.

El exsecretario de la Presidencia también manifiesta que la administración Lacalle Pou no lo trata “adecuadamente” y está ejecutando un “linchamiento político sin precedentes” desde el retorno de la democracia.

Inés Guimaraens

Más adelante, plantea que la decisión del gobierno de enviar el contenido de su planteo a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) “supone un triste giro pues en el Uruguay siempre –salvo en el interregno de la dictadura militar– los ciudadanos pudieron pararse frente al poder público y dirigirle críticas, aunque ellas fuesen o resultasen molestas y urticantes”.

En el documento de 12 páginas, Toma aprovecha para criticar al gobierno por mantener confidenciales las negociaciones por la compra de vacunas. “La ironía es que, por estos días, se puede ver una mejor ‘gestión’ de la documentación secreta que la que se hizo de mi investigación”, expresa.

“Hay secretos que, ciertamente, esta administración sabe guardar mejor que otros. Con la diferencia que una investigación disciplinaria está bien que sea secreta (pues la preservación de la honra, reputación y buen nombre del investigado, presumido inocente, así lo exige), no así la compra de insumos sanitarios”, señala.

Desviación de poder

Toma centra el recurso de revocación en el argumento de que Lacalle Pou y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, desoyeron el informe jurídico de Presidencia y en la resolución no explicitaron los motivos por los que rechazaban la investigación. “Los abogados de la administración dictaminaron que mi petición era procedente”, señala el documento, que presentará este lunes.

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La solicitud de investigación fue realizada el 13 de octubre de 2020 por Toma y rechazada por Lacalle Pou el 6 de enero. La petición se produjo porque el 18 de setiembre el gobierno le inició una investigación administrativa por presuntas irregularidades en misiones oficiales acompañado de una contadora de la Secretaría Antilavado recién recibida, en misiones oficiales a Washington DC, durante el juicio de la minera Aratirí al Estado uruguayo, y a Roma, durante el juicio del Plan Cóndor. El Ejecutivo actuó puesto que Toma volvió al cargo de fiscal de Gobierno que había dejado en reserva mientras acompañó a Tabaré Vázquez en su administración.

A fines de 2020, Lacalle Pou decidió iniciar un sumario a Toma con separación del cargo, decisión que Toma también recurrió representado por el experto en Derecho Administrativo Daniel Ochs, y cuya resolución aún está pendiente.

Leonardo Carreño

Para justificar el recurso, el exsecretario de la Presidencia cita parte del informe de la asesoría jurídica –que obtuvo mediante una solicitud de acceso a la información pública– que señala lo siguiente: “Esta asesoría jurídica estima que procedería se disponga una investigación administrativa según lo establecido por el artículo 182 del decreto 500/991 y el artículo 25 del decreto 222/014, de fecha 30 de julio de 2014, para determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente, aún siendo extraños a él y eventualmente a la individualización de los responsables”.

Según Toma, los abogados de Presidencia elevaron las actuaciones con un proyecto de resolución que ordenaba investigar si en la filtración de esas actuaciones le podía corresponder reproche a algún funcionario, pero el Ejecutivo se apartó del criterio sugerido, rechazó la investigación y derivó el caso a la Jutep. “Este sí es un indicio impactante de la desviación de poder”, agrega. “Es verdaderamente descabellado que, tras la emisión de un dictamen jurídico que le aconseja hacer lugar a lo peticionado por mí, se afirme que mi petición deshonra a la administración”, subraya.

Para el funcionario sumariado, el gobierno no puede señalar que es “absolutamente falso” que la administración haya filtrado a los medios partes de la investigación porque nunca se “investigó tal extremo”. Por último, cuestiona que se presente su petición como un “atentado a la libertad de prensa” y asegura que luego de que presentó la petición, la filtración “cesó abruptamente”, aunque se hizo una “retransmisión del sumario”.