Tras informe “bomba”, consejera docente baraja ir a la Justicia por “inconstitucionalidad” en títulos universitarios

Quienes se reciben de docentes en Uruguay, solo obtienen un título terciario (no universitario). La ley de urgente consideración le dio al Ministerio de Educación y Cultura la chance de acreditar como universitaria esa formación. Entre los requisitos —además de haberse graduado y estar en el ejercicio de la profesión— supone la realización de una prueba de Lengua, Matemática e Inglés, entre otras habilidades. Pero el mecanismo no está exento de cuestionamientos.

Tanto Iglesias como Mazzoni se basan en un informe jurídico que elaboraron los abogados constitucionalistas Luis Fleitas y Andrés Robaina. Los juristas insisten con que el artículo 202 de la Constitución “es claro al señalar que la educación es asunto de entes autónomos y que son estos los únicos capaces de expedir títulos universitario”. Para la consejera Iglesias, la página 30 del informe jurídico “es una bomba” y plantea lo que ella defiende “hace más de 25 años: la ANEP, si quiere, puede dar el título universitario” a maestros y profesores.

Iglesias —dos maestrías en Educación, un doctorado en curso, exinspectora en Primaria y formadora de formadores que llegó al gobierno de la enseñanza apoyada por el sindicato de maestros de Montevideo— cita el informe jurídico: “En el caso de la Administración Nacional de Educación Pública, se ha explicado que es admisible constitucionalmente que el cometido en cuestión sea asumido por otro ente de enseñanza con un ámbito competencial y definido por la ley. Dentro de este marco, y considerando que la ANEP imparte carreras de formación docente, puede, si lo decide, otorgar carácter universitario a las mismas”.

A diferencia de los viejos reclamos de los sindicatos docentes, que insisten con una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada, Iglesias defiende que sea la ANEP la que expida y reconozca el título universitario. “El Ministerio de Educación y Cultura está cometiendo una inconstitucionalidad: se arroga un derecho que no tiene y que podría arrogarse la ANEP”.

¿Cómo se acreditarán los títulos universitarios?

La ley de urgente consideración aprobada por la actual administración permitió que el Ministerio de Educación acredite el título universitario de la formación docente. El mecanismo incluye una prueba (no de pedagogía, sino de habilidades básicas) que se realizará en diciembre y para la cual los docentes titulados y en actividad pueden inscribirse antes de que acabe la semana en curso. Los maestros y profesores con posgrados acabados, por su parte, pueden titularse por otra vía.

Para Iglesias estos mecanismos “muestran una devaluación del título docente: se somete al docente a una prueba después de haberse titulado, un hecho inaudito que no acontece con los egresados de ninguna otra carrera ni institución”. No solo eso, la consejera cuestiona que “se trata de una prueba de áreas instrumentales, sin ninguna pedagogía, que se supone diseñada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, aunque este termina contratando a una agencia colombiana para una prueba múltiple opción… es una devaluación absoluta”.

El presidente del Instituto, Javier Lasida, había dicho a El Observador que la agencia colombiana no diseña la prueba, sino que arma unos 300 ítems porque “tienen experiencia” en el armado de exámenes de este tipo.

Cuestión de fondo

Uruguay es una excepción. La educación es conducida por un ente autónomo —el exministro de Educación, Antonio Mercader, llegó a reconocer que la cartera no incide en la toma de decisiones clave—, y por una “discusión” entre Carlos Vaz Ferreira y Antonio Grompone, siempre mantuvo un divorcio entre la formación docente y la universidad clásica.

Eso hace que la ANEP, la institución que contrata a los docentes, es también la que los forma. Para Iglesias esa “endogamia” no es necesariamente mala, sino que permite aggiornarse a las necesidades de los subsistemas de enseñanza y “es un modelo que fue adelantado para la época… un modelo que ahora otros quieren imitar”.

Refiere a que en otros países está empezando a darse un proceso de descentralización y autonomía de la educación, algo que Grompone había logrado para los profesores de media en la década de 1950.

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, insistió en distintas entrevistas que su administración estaba cumpliendo con el deseo y reconocimiento reclamado por muchos docentes de que se les entregue el título universitario. A su entender, los cuestionamientos de algunos actores (sobre todo sindicales) se darán “haga lo que se haga”.

Iglesias, por su parte, dice que “Da Silveira no tiene autoridad política, académica ni reglamentaria para dar títulos universitarios que le corresponden a la Universidad de la República y que, ahora se confirma también, lo podría hacer la ANEP”. Por eso, concluye, “la propaganda de que se va a dar un título de licenciado en Pedagogía es errónea, lo sabe todo el mundo y está claro que eso no es así. No se expide un título, lo que va a expedir a partir de una certificación por una prueba que devalúa la profesión”.

N. de R.: en la primera versión de esta nota se decía que el presidente del Codicen, Robert Silva, confirmó que “en octubre” deja el organismo para competir en las elecciones internas del Partido Colorado. La información había sido aportada por dos participantes de la sesión del pasado miércoles. El propio Silva desmintió esta versión. A los involucrados, las disculpas.