El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena al expolicía Alejandro Ferreira a nueve años de penitenciaría como coautor de varios delitos de lesiones y privación de libertad en el centro clandestino de "Los Vagones", que funcionó en Canelones desde fines de la década de 1960 hasta 1975.
Ferreria había sido condenado en marzo por varios delitos de tortura y su abogado defensor había pedido la nulidad de la condena por considerar que se violaba el principio de congruencia.
Finalmente el tribunal decidió que Ferreira fuese condenado por "un delito continuado de privación de libertad específicamente agravado en reiteración real, "un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos", "un delito continuado de lesiones graves especialmente agravado" y "un delito continuado de privación de libertad en calidad de coautor".
Ferreira se desempeñó como agente de policía en la Jefatura de Canelones, cumpliendo funciones entre el 19 de julio de 1974 y el 28 de julio de 1976, a las órdenes del Director de la unidad, el Comisario Hugo Guillén. 17 personas que declararon en el juicio aseguraron que Ferreira participa de los interrogatorios, en los que se les pedía que confirmaran sus vínculos con el Partido Comunista y la CNT.
"Las tareas en las que participaba directamente el imputado era la detención de las personas (entre ellas los denunciantes) por lo general que tenían – o las autoridades de turno sospechaban que sí - alguna vinculación directa o lateral con instituciones proscriptas por el régimen, las que eran conducidas a un lugar llamado ´Los Vagones´ – ubicado en Canelones – en donde eran interrogados mediante apremios físicos y psicológicos que pusieron en peligro la vida de aquellos", señala el tribunal en la sentencia.
"Allí permanecían largos períodos que iban desde algunos días a meses hasta que eran puestos a disposición de la Justicia Militar para su enjuiciamiento y posterior condena imponiéndoles graves penas", agrega.
La causa comenzó en 2019, ya con el nuevo Código de Proceso Penal. Se trató del primer juicio oral y público por crímenes cometidos en la dictadura. En 2019 fueron imputados, además de Ferreira, los policías retirados Hugo Guillén y Winston Vitale, con prisión preventiva por 120 días a pedidos del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.
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