La denuncia del fiscal Alberto Nisman remite a un hecho de 1994 que todavía no fue resuelto por la Justicia. Se trata de la explosión de un coche bomba el 18 de julio frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde fallecieron 85 personas. En la trama se cruzan sospechosos iraníes, diplomacia paralela y el presunto encubrimiento por parte del gobierno argentino. Audios divulgados ayer sostienen la denuncia del difunto fiscal.
Al mes siguiente del atentado más sangriento de la historia argentina el juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano, ordenó la captura internacional de diplomáticos iraníes sospechosos. Nisman, que comenzó a investigar el caso en 1997, desde 2004 se dedicó en exclusiva al asunto, bajo la protección del director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Antonio Stiusso.
En 2006 el fiscal acusó al gobierno de Irán por la planificación del atentado y señaló al grupo musulmán chiita Hezbollah como su ejecutor. Señaló a altos mandos persas: el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, el exministro de Información Alí Fallahijan, el exasesor gubernamental Mohsen Rezai, el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari y el libanés Imad Fayez. Interpol lanzó alerta roja, de busca y captura, contra esas personas.
Ante la falta de respuesta del régimen persa, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández hicieron denuncias en su contra ante la ONU. La resolución del atentado era cuestión de Estado.
Cambio en la política exterior
Pero la situación comenzó a revertirse a comienzos de 2011, según la investigación de Nisman de 300 páginas. Por el momento no se conocen todos los hallazgos del fiscal –que murió antes de presentarlos el lunes ante una comisión del Parlamento–, pero sí trascendió un resumen que su oficina divulgó días antes por algunos medios de prensa. La tesis principal del difunto es que el gobierno accedió ante Irán a desvincular a sus ciudadanos de la indagatoria a cambio de una alianza estratégica que le permitiría, entre otras cosas, tener petróleo a precio reducido.
De acuerdo con el fiscal, todo comenzó con un acercamiento de la mandataria a Teherán cuando su país estaba anegado por la crisis energética. Propuso hacer un intercambio de petróleo por granos, algo legítimo pero imposible mientras la justicia argentina requiriera a antiguos altos mandos iraníes. “Entonces, para despejar el obstáculo –y he aquí lo delictivo–, la señora presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado”, reza el texto de Nisman.
El fiscal presentó pruebas de que Argentina e Irán mantuvieron un sistema de diplomacia paralelo para concretar el pacto, que se hizo público a comienzos de 2013 y se presentó como un memorando de entendimiento para intentar avanzar con la investigación de la AMIA. En ese equipo participaron el legislador Andrés Larroque, el piquetero Luis D’ Elía y el iraní Jorge Youssuf Khalil, que reportaba directamente ante Teherán.
Diplomáticos alternativos
Ayer el periodista Jorge Lanata divulgó algunos audios de los contenidos en los 960 CDs de Nisman. En uno de ellos D’Elía celebra ante Khalil la firma del acuerdo y dice que se asemeja mucho a una propuesta que le hizo Irán en 2007 y que Argentina rechazó. “Que esto se haya firmado esto el día de mi cumpleaños es el mejor regalo del mundo (…), para nosotros es un éxito político increíble” comenta el piquetero, de repente involucrado en diplomacia. “Yo tengo que hacer el juego de la Rosada, papá; soy un soldado”, dice en otro audio el piquetero.
En su momento, Nisman consideró que el pacto era una intromisión indebida del Ejecutivo en la égida Judicial y, de hecho, la Justicia Internacional declaró que el acuerdo bilateral era inconstitucional.
El pasado 14 de enero, el fiscal contraatacó y acusó a la mandataria, al canciller Héctor Timerman, al piquetero Luis D’Elia, al diputado Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de Presidencia, al dirigente Fernando Esteche, al ex juez Héctor Yrimia y al iraní Khalil. Todos ellos fueron señalados por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA”. Según la denuncia, “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República argentina”.
“Niego rotundamente la infamia de acusarme de ‘agente iraní’”
Jorge Youssuf Khalil, iraní, acusado por Nisman de actuar en una diplomacia paralela, en un comunicado
