El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain, acordaron este jueves retirar sus apelaciones en un caso civil ante la justicia norteamericana en el que un jurado los encontró responsables de una represión militar que provocó víctimas civiles, con 58 muertos y cientos de heridos.
Según el Centro de Derechos Constitucionales, que representa a las familias de las víctimas, el expresidente y el ex secretario de Defensa pagarán una cantidad no revelada en concepto de daños y perjuicios a la familia de ocho personas muertas en los disturbios. El acuerdo se alcanzó en Estados Unidos, donde ambos exfuncionarios residen desde su alejamiento del poder.
"El expresidente y el exministro de defensa bolivianos pagarán una cantidad no divulgada en concepto de resarcimiento por daños y perjuicios a las familias de ocho víctimas asesinadas por las fuerzas armadas bolivianas", dice el documento enviado a la AFP por la organización Centro de Derechos Constitucionales que coadyuvó la demanda.
Los demandados y demandantes dijeron en una declaración conjunta el jueves que ambas partes acordaron que "es hora de resolver su litigio". El acuerdo también prohíbe "cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los demandantes contra los demandados basándose en los acontecimientos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003", decía el comunicado, señalando que "la decisión de llegar a un acuerdo no significa que los demandados admitan que son responsables de los hechos en cuestión”.
Stephen Raber, abogado defensor de Sánchez de Lozada, declinó hacer comentarios y dijo que todas las partes habían acordado no revelar los términos del acuerdo, informó US Today News.
Es la primera vez que un ex jefe de Estado vivo es juzgado en un tribunal civil de Estados Unidos y declarado responsable de abusos contra los derechos humanos bajo su liderazgo en el extranjero, dijeron expertos legales.
Asli Bali, profesora de derecho en la universidad de Yale, dijo que “es un fuerte mensaje de que, en última instancia, existe la posibilidad de que se haga justicia.
“Que haya un tribunal que los hará responsables incluso cuando estén fuera de su jurisdicción, que habrá un veredicto de culpabilidad y que puedas confrontar a tu perseguidor, y eso es increíblemente importante”, agregó.
En octubre de 2003 se desataron violentas protestas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde miles de personas rechazaron un proyecto para exportar gas natural a Estados Unidos y México, usando a puertos chilenos, país al que se le reclama una salida al mar.
Los enfrentamientos entre civiles y fuerzas combinadas del Ejército y la Policía dejaron 58 muertos y más de 400 heridos. Sánchez de Lozada, ahora de 93 años, tuvo que dimitir y huir hacia Estados Unidos, donde reside desde entonces.
Familiares de ocho víctimas iniciaron en 2007 una demanda en Estados Unidos contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, por la represión militar ejercida entonces.
En 2018 un juez de Florida decidió que no había evidencia suficiente que apoyara la decisión de otro jurado que encontró con anterioridad culpable a las exautoridades y les obligaba a pagar una indemnización de 10 millones de dólares.
Empero, los abogados de los demandantes anunciaron la apelación de ese fallo de 2018, el que se cierra con el reciente entendimiento de partes.
En Bolivia, Sánchez de Lozada, 15 de sus ministros y el alto mando militar de entonces también tienen una demanda de juicio en la justicia desde 2004, por el delito de genocidio.
Para continuar con el proceso en la judicatura boliviana, La Paz pidió ese año a Washington la extradición del exgobernante, pero la solicitud fue denegada en 2012 por Washington, aduciendo un mal planteo del proceso.
En 2014 Bolivia volvió a pedir la extradición.
(Con información de agencias)
