Los escollos gubernamentales por disidencias internas en su propia fuerza política no son novedad. Los sufrieron los gobiernos de los partidos tradicionales desde el restablecimiento de la democracia hace 30 años. Esta situación se revirtió en el primer gobierno del Frente Amplio pero revivió en los dos siguientes, con gradual aumento de intensidad. En el período iniciado en 2005 Tabaré Vázquez ejerció una indiscutida autoridad presidencial, imponiendo sus decisiones a todos los sectores de la alianza de izquierda. La única excepción fue el tratado de libre comercio ofrecido por Estados Unidos, que Vázquez favorecía pero quedó en la nada por la oposición ideológica de los sectores conservadores del FA.
Su sucesor José Mujica fue más permeable a las presiones de esos grupos y de sus aliados en el movimiento sindical. El resultado fue trancar proyectos de su gobierno, especialmente la necesaria reforma de la educación pública que había sido acordada con la oposición. La situación se ha agravado en el segundo gobierno de Vázquez. La educación sigue en el atraso, acentuado por la combinación de la continuada rebelión sindical y la escasez de recursos fiscales, con un proyecto de Presupuesto que ni asigna los fondos necesarios para cumplir las promesas reformistas del presidente.
El gobierno tuvo que dar marcha atrás en su apresurada e imprevisora declaración de esencialidad de la educación. Lo mismo hizo con la política salarial, al ceder a presiones y aceptar convalidar aumentos por encima de las pautas que antes habían sido anunciadas como inamovibles. El acuerdo internacional de servicios TISA, que negocian 25 países, ha sido el eslabón más reciente en la cadena de claudicaciones gubernamentales. Acompañando la decisión del Plenario del FA, Vázquez ordenó el retiro de Uruguay de esas tratativas, desautorizando a la conducción económica que lidera el ministro Danilo Astori y a su canciller Rodolfo Nin Novoa y condenando al país a mayor aislamiento internacional.
Dentro de la institucionalidad democrática uruguaya existe un evidente corrimiento hacia el predominio del partido y de su bancada parlamentaria, en detrimento de la autoridad presidencial. Que no sea necesariamente perjudicial depende de la responsabilidad con que el partido de gobierno ejerza su acrecido músculo frente al Poder Ejecutivo. Aquí es donde se plantean peligros notorios para el futuro del país. Sectores que conforman la mayoría del FA imponen rumbos contrarios al fortalecimiento de una economía en problemas. Astori y Nin Novoa promueven una apertura que es indispensable, a través de tratados de libre comercio y acuerdos por fuera del Mercosur, pero que naufraga en las posiciones ideológicas y estatistas de su partido.
Es exactamente lo contrario a lo que el país necesita. Con el derrumbado comercio con Argentina, Venezuela y Brasil e incertidumbre con China, el camino lógico es abrir el comercio exterior al resto del mundo. Al mismo tiempo, es indispensable que el Poder Ejecutivo supere las trabas generadas por el partido de gobierno, con respaldo sindical, en áreas como la educación, la política salarial y el gasto público. Pero nada indica que se tome este saludable camino único para sacar el país de su actual atolladero, a menos que Vázquez decida y sea capaz de ejercer autoridad ejecutiva bien encaminada para contrarrestar los errores que impone su fuerza política.
