Las exportaciones uruguayas de servicios alcanzaron el año pasado más de US$ 3.200 millones. Si se tienen en cuenta exclusivamente los servicios globales, aquellos considerados dentro del grupo de los no tradicionales que excluyen al turismo, la logística y el transporte, estamos hablando de US$ 1.913 millones según datos del Instituto Uruguay XXI correspondientes a 2013, los últimos disponibles.
En la última década los servicios globales fueron los de mayor crecimiento con una tasa promedio de 26% anual y de 16% en la media de sus exportaciones. Reitero, tasas anuales.
Ese grupo de actividades es el que se vería directamente favorecido por un acuerdo como el
TISA de liberalización del comercio de servicios. Se trata en gran medida de sectores que ya están liberalizados –salvo algunos áreas como monopolios estatales, que pueden quedar excluidos de la negociación como habilita el formato–, pero la participación en el acuerdo evitaría perder pie en la captación de inversiones frente a competidores directos que hoy participan de la discusión.
Pero esa posibilidad fue rechazada el sábado por el Plenario del Frente Amplio, y avalada por el gobierno el lunes. No la firma del acuerdo, que podría haber sido menos cuestionable si existieran argumentos de peso, sino el simple hecho de estar en la mesa escuchando lo que negocian las economías que representan 70% del comercio mundial de servicios.
Aún cuando los directamente involucrados, que son los empresarios que efectivamente exportan servicios, se expresaron de forma homogénea a favor de continuar en la mesa.
El Plenario del Frente Amplio, que no es representativo de la sociedad uruguaya como sí lo es el Parlamento elegido por el voto popular y donde las posiciones permitían anticipar una posición contraria a la que adoptó el partido de gobierno, se arrogó para sí la potestad de decidir sobre un aspecto que afectará, en mayor o menor medida, a todos los uruguayos, sobre bases que responden más a una disputa interna de poder que a velar por el bienestar de todos.
Posiblemente coartó la posibilidad de que uno de los sectores más dinámicos de la economía pudiera prolongar su camino de desarrollo en los niveles exhibidos –así lo dicen los involucrados–, en un momento en el que los nubarrones se tornan más negros en el horizonte económico.
Y justo cuando las tasas de crecimiento proyectadas para la economía uruguaya son cada vez más bajas. Ese mismo crecimiento que, cada cinco años como pasa hoy en día, utiliza como variable clave el gobierno para proyectar el financiamiento del Presupuesto quinquenal del Estado y habilita a destinar fondos para áreas tan caras para la izquierda como la educación, la salud y los planes sociales.