La jueza María Helena Mainard ha quedado en el ojo de la tormenta. En pocas semanas ha tomado decisiones que la han enfrentado con el Ministerio del Interior, y el ministro Luis Alberto Heber ha expresado su “molestia personal” con ella. Primero, por haberle otorgado prisión domiciliaria al narco Juan Antonio González Bica –quien terminó rompiendo la tobillera y huyendo-, y luego por hacer lugar a un reclamo de habeas corpus del peligroso delincuente Ricardito, Ricardo Cáceres, medio hermano del Betito.
El exministro del Interior, Luis Alberto Heber
Foto: Leonardo Carreño. 17 de septiembre 2023 - 5:00hs
Ante estos hechos, y con los fuertes cuestionamientos del ministro Heber, han surgido conjeturas, sospechas, o al menos el interrogante de qué puede estar pasando en ese juzgado de crimen organizado.
Sobre las conjeturas no hay nada qué decir porque, de momento, no hay elementos que las sustenten, pero te propongo en esta entrega de la Newsletter EnClave, contextualizar la actuación de Mainard, y la reacción de Heber y hablar de las investigaciones que lleva adelante la fiscal Mónica Ferrero en torno a estos narcos, que parece ser una caja de pandora.
Las decisiones de Mainard y la reacción de Heber
El ministro del Interior le explicó este jueves a los integrantes del Poder Judicial con los que se reunió, por qué había decidido atacar a Mainard. Tras aclarar que no era un enfrentamiento institucional –contra todo el Poder Judicial- sino un malestar personal con la jueza, les expresó que tenía que salir fuerte “para pasar un mensaje a la interna policial” y expresar de esa manera el respaldo a su tarea.
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El caso encendió las alarmas de los ministros de la Corte y los llevó a iniciar una investigación administrativa sobre lo actuado por la jueza en relación a la prisión domiciliaria de González Bica.
De un primer análisis, entienden que hay cuestiones muy graves, como el hecho de que no se haya pedido la historia clínica del narco, que se haya tomado la decisión en base a una pericia del ITF y a documentos sin firma como uno a nombre del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit que se probó fue truchado.
La Corte también le pidió a todos los jueces penales que revisen “con lupa” las prisiones domiciliarias concedidas para advertir eventuales fraudes. Además pidió otros informes a otros organismos para conocer más detalles del caso.
El director general de la Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Alfredo Rodríguez, contó este miércoles en el Parlamento, que detectaron que González Bica pagó US$ 100 mil por un trámite urgente de salida. “Si era trámite común, como pagaron los otros, eran US$ 60 mil”, dijo, con lo que da la pauta de las cifras que manejan los narcos uruguayos que están atrás de los grandes cargamentos. No olvidemos que González Bica fue detenido con 400 kilos de cocaína en una ambulancia trucha, disfrazado de médico.
La fiscal Ferrero, que investiga las irregularidades y probó lo de los certificados truchos y otras irregularidades, está convencida de que esto es la punta de un iceberg y hay muchos más implicados. Por este caso, envió a la cárcel a tres personas, entre ellas la abogada del narco, Mercedes Acosta, sobre quien Paula Ojeda escribió un perfil.
Otro aspecto de la actuación de Mainard que llamó la atención fue que ese caso, que la tiene a ella como estafada ya que se supone fue la víctima de los engaños del clan narco, había recaído en la otra jueza, Adriana Chamsarian y ella lo quiso tomar. Si bien tiene lógica que un juez quiera actuar en una investigación que era suya, aquí la prudencia hubiera aconsejado mantenerse al margen.
Ricardito y sus envidiables condiciones de reclusión
La indignación de Heber con Mainard se vio agravada por la decisión de hacer lugar al pedido de habeas corpus del delincuente Ricardito, e intimar a Interior a mejorar las condiciones de reclusión.
Ricardito cumple desde noviembre de 2021 una pena de 9 años por varios delitos. Como relató el Ministerio del Interior en su apelación al fallo de Mainard, estando en el penal de Libertad obligaba a otros a vender droga “que el mismo regenteaba a través de sus reclutados como forma de pago de tales y si no lo hacían, los castigaba (…) seccionándoles las orejas y dedos”.
Por ese motivo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad, edificada en 2016 en el antiguo módulo 12 del Comcar. Allí está solo en una celda con cama, colchón, ventanas por las que entra luz natural, baño, calefacción, televisión, comida y un confort que el 99% de los presos quisieran tener. Recibe visitas, incluso puede tener visitas conyugales, pero no practica deporte, ni estudia, ni trabaja, actividades que podría realizar ahí mismo.
En eso, y en dictámenes de un psiquiatra de que estaba afectado psiquiátricamente, se basó la jueza para pedir “derecho a patio de por lo menos una hora diaria, el cese de aislamiento, posibilitar el acceso a la educación del penado de acuerdo a su nivel educativo, procurar posibilidades de trabajo, de realizar deporte, procurar una alimentación sana de acuerdo al estado sanitario del privado de libertad, brindar la asistencia médica general o especial que el mismo requiera, asegurar la integridad física del penado y posibilitar el acceso a programas de asistencia social”.
La sentencia de Mainard no parece tan negativa para el Interior, ya que no objetó nada de la reclusión y con sólo ponerlo a hacer deporte con una pelota, o a estudiar algo podría darle cumplimiento a lo que pedía la jueza. Pero según me contaron personas presentes en la audiencia de habeas corpus, llamó la atención el tono de la jueza que se mostró enojada con las autoridades del INR. Eso se manifestó en que tomó por buenas acusaciones que hacía el preso sin fundamento como que lo maltrataban. Dijo además que daban vidrio molido en la carne. La jueza opinó que deberían cambiar al personal, pero nada de eso ha sido probado.
En la apelación ante el tribunal que resolverá, el MI señaló que se estaban realizando acuerdos con Secundaria para que los penados alojados en la unidad 25 puedan estudiar, planteó que concurren profesores de Educación Física pero Ricardito “nunca realizó solicitud alguna al respecto y por ende si no practica deportes es por su propia voluntad”, ni ha realizado los trámites formales para solicitar alguna plaza de trabajo.
Mainard es una jueza que lleva 30 años de carrera y siete al frente de crimen organizado y creo que ahí hay un problema. Cuando se crearon estas sedes, en 2009, desde la Suprema Corte de Justicia se dijo que esos jueces deberían rotar cada pocso años, dado el trabajo que tendrían. Los primeros jueces, Jorge Díaz y Graciela Gatti, fueron sustituidos a los tres años por Néstor Valetti y Adriana de los Santos, pero desde agosto de 2016 Mainard ocupa la sede y evidentemente debería ser trasladada.
También es cierto que con el actual proceso penal acusatorio, en el que el fiscal lleva adelante las investigaciones y el juez sólo cumple un rol de control de pruebas, de dictar sentencias o presidir los juicios, ya no se justifica que haya sedes de crimen organizado, sobre todo porque hay 15 jueces penales, y muchos de ellos tienen tiempo ocioso debido a que los fiscales no piden tantas audiencias porque la mayoría de los casos los resuelven por acuerdo abreviado.
De todos modos, la SCJ está obligada a mantener estas sedes por tratados internacionales que requieren tenerlas para resolver sobre extradiciones y asuntos internacionales.
En estos siete años Mainard ha tenido numerosos casos a cargo, todos muy mediáticos, como el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic, el lavado K, Gas Sayago, y fue la jueza que absolvió al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, luego condenado por la Corte.
Nunca antes había tenido una investigación o un sumario. Tal vez debía ser apartada mientras se investiga para mayores garantías pero los ministros no lo consideraron necesario. De todos modos, el caso tendrá novedades por dos lados: por la indagatoria de Ferrero, y por la investigación que fue encargada al ministro del tribunal de apelaciones penal José Gómez. Ojalá ambos lleguen hasta el final y se sepa que hay detrás de un caso que huele muy mal.
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