Muchos habitantes de la ciudad Maceió viven días tensos. El ayuntamiento de la capital del estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil, decretó la situación de emergencia ante el inminente derrumbe de una de las minas de sal gema explotadas por la petroquímica Braskem en el barrio de Mustange.
Para los pobladores se trata de un capítulo más de una historia que se prolonga desde 2018, cuando se registraron hundimientos en cinco barrios y unos 60.000 vecinos tuvieron que dejar atrás sus propiedades como consecuencia de las actividades de la compañía, la principal productora de resinas termoplásticas del continente americano con 36 plantas industriales en Brasil, Estados Unidos y Alemania.
La alerta sobre el riesgo de derrumbe en una de las 35 minas de Braskem fue lanzada por la agencia de Protección Civil de Maceió y detectado debido al avance de los hundimientos, que provocan daños estructurales de las casas. La petroquímica, por su parte, confirmó que puede haber un gran derrumbe en la zona, pero sostiene que también existe la posibilidad de que el suelo se asiente.
Sin embargo, los especialistas señalan que un eventual derrumbe generaría un terremoto y tendría el potencial de abrir un cráter mayor que el estadio de Maracaná, y aunque las consecuencias son aún inciertas, el gobierno federal también está vigilando la situación.
A diferencia de la sal que se suele utilizar para cocinar, la sal gema se encuentra en depósitos subterráneos formados hace miles de años a partir de la evaporación de porciones del océano, motivo por el cual el cloruro sódico se encuentra acompañado de una gran variedad de minerales.
También conocida como halita, la sal gema es una materia prima versátil para la industria química, que la utiliza, por ejemplo, en la producción de soda cáustica, ácido clorhídrico, bicarbonato sódico, jabón, detergente y pasta de dientes; así como en la fabricación de productos de limpieza, higiene y farmacéuticos.
Inicialmente, las operaciones en Maceió se centraron en la producción de dicloroetano, sustancia utilizada en la fabricación de PVC. No por casualidad, desde que abrió una unidad industrial en la ciudad de Marechal Deodoro, vecina de Maceió, en 2012, Braskem se convirtió en la mayor productora de PVC del continente americano.
La explotación de la sal gema, como la de otros minerales, depende de la concesión de licencias medioambientales; su explotación está supervisada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los datos oficiales señalan que el país produjo unos 7 millones de toneladas durante 2022.
En Maceió, la minería comenzó en 1976 de la mano de la empresa Salgema Industrias Químicas, que pronto fue nacionalizada y más tarde nuevamente privatizada. En 1996, cambió su nombre a Trikem, y en 2002 se fusionó con otras empresas menores para convertirse finalmente en Braskem, con control mayoritario del Grupo Novonor, el antiguo Grupo Odebrecht.
Petrobras también participa en la empresa con el 47% de las acciones, compartiendo el control con Novonor.
La explotación en Maceió implicó la excavación de pozos hasta la capa de sal, que puede tener más de mil metros de profundidad y, como en otros yacimientos, la extracción implica la inyección de agua para disolver la sal gema y formar una salmuera. Luego, mediante un sistema de presión, la solución es elevada a la superficie. Al final del proceso, los pozos deben rellenarse con una solución líquida para mantener la estabilidad del suelo.
El problema en Maceió se produjo porque la solución líquida se filtró, dejando agujeros en la capa de sal. Una de las hipótesis que manejan los expertos señala que el hundimiento del suelo está relacionado con las fallas geológicas de la región.
Por lo pronto, la inestabilidad del suelo provocó un terremoto en marzo de 2018, suceso que ocasionó socavones en los barrios Pinheiro, Mustange, Bebedouro, Bom Parto y Farol.
Con nuevos temblores y la aparición de grietas en casas y calles, Braskem anunció el fin de las operaciones mineras en mayo de 2019. La petroquímica dice haber pagado unos US$ 740 millones en indemnizaciones y ayudas financieras a los residentes y comerciantes de los barrios.
No obstante, algunos de los afectados siguen buscando desde 2018 una reparación por la vía judicial en el marco de un caso que también está siendo discutido en demandas paralelas presentadas por el Ministerio Público Federal del país.
(Con información de Agencia Brasil)
