El medio The Economist ubicó a Uruguay como la mejor democracia de América Latina y la decimocuarta del mundo en su nuevo Índice de Democracia publicado este miércoles.
El país obtuvo una puntuación general de 8,66, que se obtiene al promediar cinco índices que van del 1 al 10: "Proceso electoral y pluralismo", funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Uruguay fue uno de los pocos países que obtuvo un puntaje perfecto de 10 en el ítem de proceso electoral. Su peor puntaje, del otro lado, estuvo en la cultura política con un 6,88.
Con su 8,66 la nación terminó en el puesto 14 del ranking mundial, tres puestos por debajo de 2022, cuando obtuvo un promedio de 8,91 –el mayor desde 2006–. En este índice empató con Australia, y ambos países terminaron por debajo de Alemania y Canadá, y por encima de Japón y Costa Rica, que junto a Uruguay son las únicas "democracias plenas de América Latina".
La mayoría de las democracias plenas son de países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que para The Economist demuestra que "el desarrollo puede ser una limitación significativa, si no vinculante, al desarrollo democrático", junto a la historia de la independencia estatal y la calidad de sus instituciones democráticas.
América Latina obtuvo un promedio general de 5,68, por debajo de los 5,79 de 2022 y su peor puntaje desde 2006. Por fuera de Costa Rica y Uruguay, once de los países de la región tienen "democracias defectuosas", siete son considerados "regímenes híbridos" y cuatro son catalogados como gobiernos "autoritarios".
El año pasado Chile también era considerado una democracia plena, pero bajó de 8,22 a 7,98 en su promedio y descendió al puesto 25, quedando un puesto por fuera de esa denominación y siendo considerada una democracia defectuosa. Brasil y Argentina, por su parte, terminaron en el puesto 8 y 9 de la región, y en la ubicación 51 y 54 del ranking mundial.
"La amplia variación en la calidad de la democracia en la región refleja, en parte, el impacto de los desafíos relacionados con la seguridad que han abierto espacio para que se afiancen proyectos políticos autoritarios", se lee en el informe de The Economist, que para este punto ejemplifica con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
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