Según The Economist "Uruguay está perdiendo su reputación como caso de éxito en América Latina"

Al comienzo de la nota el redactor refiere a Uruguay como “un país modelo” y argumenta: “Más del 95% de su electricidad proviene del sol, el viento, el agua y los biocombustibles. Las parejas del mismo sexo pueden casarse. Los residentes pueden comprar cannabis en las farmacias. En comparaciones internacionales, Uruguay se ubica como el país más pacífico y menos corrupto de América del Sur. Otros líderes se esconden en los palacios; El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, trabaja desde una oficina de vidrio, frente a un bloque de departamentos”.

Sin embargo, según la publicación, el brillo de esta reputación se opacó a causa, en principio, del caso Astesiano al que describe brevemente refieriendo a la condena de cuatro años y medio recibida por el jefe de seguridad de Lacalle Pou y los motivos que la ocasionaron. “Los fiscales dijeron que Astesiano había vendido actas de nacimiento falsas a rusos para que pudieran obtener pasaportes uruguayos”, explica. 

Al respecto de Astesiano el artículo cuestiona la actitud de Lacalle Pou de ignorar que el ex custodio pudiese estar involucrado en asuntos por fuera de la ley cuando lo conocía hace 20 años y durante ese periodo Astesiano tuvo“varios enredos con la ley, que incluyen investigaciones policiales sobre denuncias de fraude y robo”.

Además refiere a un aumento del crimen que hace temblar al país en su posición como “excepción respetuosa de la ley en una región violenta”.

Otras críticas

Además de aludir al caso Astesiano y a la inseguridad, el artículo de The Economist refiere a la renuncia en 2021 del entonces ministro de Turismo, German Cardoso “tras acusaciones de corrupción, que él niega”.

La publicación también da cuenta de la dimisión del ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, después de haberse arrogado un título que no tenía. (Cabe destacar que, luego de la polémica, se concluyó que Peña sí tenía el título en trámite e incluso el presidente le ofreció nuevamente su cargo, pero él prefirió continuar desde el Senado). 

Además recuerda que el narcotraficante Sebastián Marset pudo escapar de Dubai gracias a que las autoridades uruguayas le otorgaran un nuevo pasaporte. A propósito menciona la renuncia de la viceministra de Relaciones Exteriores en ese momento, Carolina Ache a causa de este caso. 

The Economist asegura que Marset jugó un papel importante para posicionar a Uruguay como “un centro del crimen internacional”. “Las pandillas envían armas de asalto y municiones entre Argentina y Brasil a través de Uruguay, según InSight Crime, un equipo de investigación”, dice y añade: “Las flotas pesqueras ilegales se están aprovechando de los controles laxos en el puerto libre de Montevideo, la capital”.

A propósito de la inseguridad la publicación remarca que el problema se agrava con los años y que el covid-19 fue un punto de inflexión para agudizarla dice el artículo basado en la palabra del investigador de crimen organizado Nicolás Centurión. “Con los vuelos en tierra, las pandillas amontonaron cocaína andina en contenedores enviados a través de Montevideo a Europa. En la última década, la tasa de homicidios de Uruguay casi se duplicó, a 11,2 por cada 100.000 habitantes en 2022”, apunta.

Al final de la publicación The Economist afirma que Lacalle Pou “probablemente pueda recuperarse de estos recientes escándalos”. Y afirma, a raíz de declaraciones del director de Opción Consultores, Rafael Porzecanski que  “la corrupción en Uruguay no es endémica”.

“Lacalle Pou no puede volver a postularse, pero el escándalo podría poner en peligro las posibilidades de los conservadores en las elecciones del próximo año”, concluye el artículo.