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Germán Cardoso ingresando en Fiscalía.

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Cardoso dijo que no cometió "delito" y criticó falta de "interés" por comparecencia de Kechichian

El exministro destacó que no se amparó en los fueros parlamentarios; su defensa se centró en comparaciones con la anterior administración y argumentar que no hubo daño al estado

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03 de agosto de 2022 a las 15:45

El exministro de Turismo Germán Cardoso concurrió este miércoles a declarar como indagado por presuntas irregularidades en su gestión, particularmente en la contratación de servicios de publicidd. 

Al término de su comparecencia, el hoy diputado colorado destacó que fue a declarar “sin ampararse en fueros” y afirmó que "ha quedado probado que no hubo la existencia de ningún delito". 

Cardoso, que concurrió a declarar junto a su abogado Jorge Barrera, renunció al cargo de ministro el 20 de agosto de 2021 luego de que el semanario Búsqueda publicara una nota sobre una serie de compras directas de publicidad que no habían pasado por la agencia de medios de la cartera, en base a la denuncia del entonces director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, también colorado (lista 15). 

Germán Carodoso y su abogado Jorge Barrera.

El caso fue tomado por la Fiscalía luego de que el Frente Amplio presentara la denuncia y que en el Parlamento sesionara una comisión investigadora entre agosto y noviembre de 2021.

Cardoso, hoy legislador, cuenta con fueros que impiden que sea acusado directamente por la Fiscalía sin la anuencia del Parlamento. Sobre este asunto, dijo: "He decidido venir a declarar sin ampararme en fuero ninguno. Era lo lógico, lo justo. No tenemos nada que ocultar", comentó tras ser interrogado por el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez.

El exjerarca dijo que durante su gestión "ha quedado probado que no hubo existencia de ningún delito" y explicó: "Todas las compras por el mecanismo de compra directa, que es un mecanismo que está por ley autorizado, se hicieron en base a los antecedentes de las administraciones anteriores, en idénticas instancias se hizo lo propio en administraciones del Frente Amplio". 

Cardoso insistió en que se encontraba con una "absoluta tranquilidad de conciencia", ya que contestó "todas las preguntas" que realizó Fiscalía. Además, reivindicó que no hubo "ni un solo gasto" durante su administración al frente del Ministerio de Turismo que "no haya sido con el aval del Tribunal de Cuentas".

Puertas adentro, el exministro insistió en comparar las contrataciones que se le cuestionan con compras directas realizadas por anteriores administraciones, en especial la de su antecesora Liliam Kechichian, del Frente Amplio. 

La comparación con Kechichian y el daño al Estado

De hecho, al llegar a la sede de Fiscalía, Cardoso cuestionó la falta de cobertura mediática de la comparecencia de Kechichian, quien concurrió también como indagada por una denuncia que presentó el oficialismo en paralelo a la del Frente Amplio. "No vi tanto interés cuando vino Kechichian", reprochó Cardoso a los periodistas que lo aguardaban frente al ministerio público. 

Parte de la defensa de Cardoso se centra en decir que si las compras realizadas por la gestión frenteamplista no fueron irregulares, tampoco lo fueron las suyas. De todos modos, el fiscal Gilberto Rodríguez indaga el rol de Cardoso en polémicas contrataciones como la de Netcom (Satenil SA) –por montos millonarios y sin informe de la agencia de publicidad–, o la de Kirma Services, acercada por su amigo Elbio Rodríguez a quien él mismo había presentado en el ministerio como un hombre que estaba para colaborar con la estrategia de marketing y que tuvo acceso a información de la secretaría de Estado.  

Otro punto de la defensa de Cardoso –que deberá ser ponderado por el equipo de Fiscalía– es que más allá de los cuestionamientos del orden de la gestión, no hay figuras penales que apliquen al caso ni hubo perjuicio económico al estado.

En el caso de Kirma, la contratación por US$ 280 mil no se concretó luego de que se registraran dificultades para tramitar el pago a la empresa.

En el caso de Netcom, la compañía intimó –por la vía civil– al ministerio a que se le pague una millonaria deuda por un servicio que la propia cartera no tiene "certeza" de que se haya prestado.

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