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Vecinos de Peñarol "tienen miedo de salir a las seis de la tarde a hacer un mandado", dice la alcaldesa
Desde el año pasado los vecinos del barrio Peñarol conformaron una "comisión de convivencia y seguridad", ante un cúmulo de situaciones relativas a robos y hurtos sucedidos en esa zona. La situación que se agravó en los últimos meses, sobre todo a partir del mes pasado, cuando la zona estuvo al tope de la agenda pública al haber sido escenario de seis homicidios en menos de treinta días.
La fisonomía del barrio cambió. Una zona tradicional de residencia de obreros, sus habitantes se tuvieron que acostumbrar ahora al sonido de los helicópteros sobrevolando sus casas todas las noches. Si bien hubo problemas de adaptación, los vecinos lo ven como algo positivo, como un síntoma de que se está trabajando en el tema. Así lo relataron en el Parlamento las autoridades municipales, que fueron a describir la situación que allí se vive.
"Los vecinos nos manifiestan que tienen miedo: miedo de salir", contó la alcaldesa del Municipio G, Leticia De Torres, ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. "Pero tienen miedo de salir a las seis de la tarde, a hacer un mandado". Según dijo, ese miedo ya está instalado, y merece tener una respuesta a todos los niveles del gobierno.
Según De Torres, los vecinos consideran correcta la respuesta policial y que se está trabajando, pero viven cada vez con mayor inseguridad. Notan que hay policías en la calle, pero reclaman que esa presencia sea sostenida en el tiempo. "Cuando sucede un hecho va la policía y, por unos días, hay mayor presencia policial", dijo. Según dijo esto sucede ahora en Peñarol, debido a los recientes homicidios. El reclamo pasa por que esa presencia se mantenga. Lo que el barrio percibe es que había más presencia cuando se implementaba en la zona el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que fue retirado.
"No puede pasar que por hechos puntuales haya mayor presencia y controles por un tiempo y que, después, se retiren", dijo la alcaldesa al relatar el comentario de los vecinos: "Antes, estaba el PADO y nos sentíamos un poco mejor con su presencia". Era, dijo, una disuasión que servía.
De Torres habló también de falta de personal y de patrulleros, por lo que la Policía no está en condiciones de dar respuesta a la demanda. "Es una de las cosas que más nos han manifestado", señaló. Según dijo, la respuesta en la comisaría es habitualmente: "No tengo gente, no tengo patrullas. No puedo mandarte a nadie". El vínculo, insistió, es bueno, pero el problema son los recursos.
"Las ponemos, las roban"
En el entendido que la seguridad es competencia del Ministerio del Interior, De Torres sostuvo que la intención del municipio es atender situaciones desde el punto de vista social. Se trató de mejorar el Parque Andalucía, ubicado en la ribera del arroyo Miguelete, donde estaba el realojo 25 de Agosto. Al ser un espacio municipal la alcaldía se encargó de iluminarlo. "Lamentablemente todo fue hurtado y a diciembre del año pasado no le quedaba una sola luz", contó la alcaldesa.
En el cruce de Aparicio Saravia y avenida Sayago, en pleno corazón del barrio, se robaron todas las luces de la plaza. Incluso, las que estaban colocadas en el museo de AFE. Repuestas hace diez días, intentaron robarlas de nuevo. Lo mismo ha sucedido, dijo, en el Monte de la Francesa. Allí, aseguró, es la cuarta vez que roban los cables de luz. Una solución parcial llegó a partir de la instalación de luminarias con paneles solares.
Otro de los flagelos es común a casi toda la ciudad, pero afecta sobre todo a los municipios A,D,F y G, que incluyen los barrios periféricos del departamento: el robo de cables. "Los ponemos, los roban, los volvemos a poner y los vuelven a robar", lamentó la alcaldesa. En conversaciones con sus colegas del Municipio A, dijo, se habló de unos 5 mil metros de cable hurtados en apenas un mes. "El F también manifestó que no dan abasto con los robos", dijo.
Sin embargo, según De Torres, el problema excede la falta de iluminación. "Podemos poner alumbrado y realizar podas, pero al almacenero lo mataron al mediodía, a plena luz del día", dijo. "Era un vecino de la zona y fue algo que se sintió mucho. Mataron a un vecino que hacía mucho tiempo que vivía allí".
La sensación que existe en el barrio fue descrita por una de las concejales del municipio, Manón Berrueta. "Es difícil salir de noche y caminar por una calle que antes era tranquila, y ver a un grupo de delincuentes se está matando entre ellos o puede matar a una persona inocente".
Antes tenían un lugar
Las críticas de las autoridades municipales estuvieron dirigidas también al Ministerio de Desarrollo Social. De Torres habló del retiro del Programa Cercanías y del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat). Una articulación interinstitucional barrial, dijo, que permitía sostener las situaciones más complejas.
"Cuando se retiran esos programas, se nota en los territorios que no están esos espacios a los que solía ir la vecina a tramitar una asignación familiar o una cédula", señaló. "Cuestiones a las que sabemos que hoy los sectores más vulnerables no pueden acceder". El retiro de esos programas, apuntó, hizo que las problemáticas de la gente tengan mayor presencia. "Antes, por lo menos, tenían un lugar al que ir a plantear una problemática".
De Torres valoró la implementación de una "cocina comunitaria" en el centro barrial, que le va a dar espacio a mucha gente. Sin embargo, llamó a sumar algún allí algún tipo de propuesta educativa.
La alcaldesa recordó que finales de 2020 e inicios de 2021 los vecinos juntaron firmas para que se abriera un curso de gastronomía a través del plan de Formación Profesional Básica (FPB) para la zona de Conciliación. Según contó, el pedido no fue autorizado debido a los "recortes" en la educación pública.
"Deberíamos tener el mapeo de cuántos gurises quedaron por fuera y colgados del sistema educativo producto de la pandemia", dijo. "Esos muchachos quedaron sin propuestas".
