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Violencia de género: promesas incumplidas, avances y efectos de la pandemia

El gobierno no destinó los recursos que había anunciado a la ley de violencia de género pero sí cumplió con la compra de tobilleras

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25 de noviembre de 2020 a las 09:39

El año pasado, durante un acto en Cerro Largo en plena campaña electoral, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al "flagelo que está de la puerta de las casas hacia adentro que es la violencia doméstica, la violencia de género", y apoyó la idea de declarar la emergencia por los femicidios que había impulsado el Frente Amplio en ese entonces.

“Obviamente que hay una emergencia, pero no hay una emergencia porque estemos en un proceso electoral, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hablan en las elecciones, porque no es de hoy –quizá como el gobierno está en campaña ahora declara una emergencia en este sentido– que está instalada en la sociedad”, dijo en setiembre del año pasado.

Recordó que cuando se votó la ley de violencia de género “no se suministraron los recursos suficientes para hacer efectiva esa ley y muchas veces pasa, el Parlamento vota letras negras sobre blanco pero en realidad no impacta positivamente, porque para que impacte en forma positiva hay que cambiar el ordenamiento jurídico, hay que modificar las leyes o crear nuevas leyes, pero al mismo tiempo hay que dar presupuesto, porque sin presupuesto terminan careciendo de aplicación efectiva”.

Sin embargo, el gobierno incumplió algunas de los promesas que había hecho y que había incluido en el programa de gobierno referidas a asegurar "el real cumplimiento" de la Ley nº 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género y para ello dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para el cumplimiento de la normativa.

Una de las críticas que recibió fue por la no asignación de recursos al Poder Judicial en el proyecto de ley de Presupuesto, que se había adelantado que sería "austero".

La implementación de la ley requiere la creación de 14 juzgados solo en Montevideo (ya hay 12 pero se necesitan 26) y la refacción de un edificio donde funcionaba un colegio en la Aguada y que fue adquirido para instalar allí los juzgados. Además se requieren cargos de jueces y técnicos en el interior, donde no existe una justicia especializada en la materia.

En el mensaje presupuestal enviado por el Poder Judicial, se incluía la creación de esos 14 juzgados especializados y 220 cargos para jueces para Montevideo y el interior, defensores, actuarios, psicólogos, psiquiatras y administrativos, entre otros.

El costo total de la ley de género que calculó el Poder Judicial fue de $ 557.893.753 (US$ 13 millones). Sin embargo, el proyecto de ley de Presupuesto que envió el gobierno al Parlamento el 31 de agosto no contempló recursos para la ley. En el articulado no se hacía mención a la ley de violencia, ni a la creación de juzgados especializados.

El presupuesto incluido para el Poder Judicial era el mismo para todo el quinquenio, $ 7.523 millones por año (US$ 176 millones) que son $ 12 millones menos que el actual presupuesto.

Tras el pedido de la vicepresidenta Beatriz Argimón, en octubre los legisladores de la coalición acordaron con el Ministerio de Economía y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y reasignarán recursos para que comiencen a funcionar en 2021 tres juzgados letrados especializados en violencia de género en el interior del país.

Violencia en pandemia

El encierro a causa de la pandemia de covid-19 convirtió al hogar en un "lugar donde muchas mujeres y niños están más expuestos" a situaciones de violencia de género. Así lo explicó la directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, durante una conferencia de prensa dos semanas después de la declaración de emergencia sanitaria por coronavirus. 

Las llamadas al 0800-4141 que atiende Inmujeres y que son para realizar consultas y orientación aumentaron 80% en los dos primeros meses de encierro voluntario. Aunque luego disminuyeron, se mantienen en cifras "bastante superiores a la media". De hecho, antes de la pandemia se recibía una llamada cada 48 minutos y pasó a ser cada 23 minutos, aseguró Bottero en setiembre a El Observador.

No obstante, la cantidad de llamadas no se tradujo en un aumento de las denuncias, ya que según el último reporte del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad hubo una reducción de 2,38% en los primeros ocho meses de gobierno (1° de marzo a 31 de octubre). Mientras que en ese período de 2019 hubo 23.387 denuncias, este año la cifra fue de 22.830.

En cuanto a la cifra de femicidios, en lo que va del año el Ministerio del Interior registró 12 asesinatos de mujeres tipificados por la Justicia como femicidios. En todo 2019, se reportaron 24 femicidios. 

Tobilleras electrónicas

En abril, el Ministerio del Interior anunció la compra de 500 tobilleras electrónicas y el objetivo es que para el 2021 se adjudiquen 1.000 tobilleras más.

Asimismo, la idea es que para el final del año próximo se licite la compra de 2.700 que se utilicen en 2022, y así se mantenga el aumento en esos dispositivos para casos de violencia de género, señaló el ministro Jorge Larrañaga.

Para evitar que los usuarios de tobilleras se las quiten y las rompan, el gobierno incluyó en la ley de urgente consideración un artículo que crea el delito de retiro o destrucción de medios dispositivos electrónicos, con penas de prisión y económicas. En octubre el Poder Judicial comenzó a dictar las primeras condenas por este nuevo delito.

La consigna del gobierno: "Prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana" 

Lacalle Pou y Argimón participarán este miércoles de un acto en la Torre Ejecutiva en conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La consigna de este año será: “No más violencia hacia las mujeres. Prioridad de Estado. Responsabilidad ciudadana”.

Además, estarán presentes el ministro del Interior, Jorge Larrañaga; la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle; el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero.

Las instituciones que integran el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia rendirán cuentas de los avances logrados este año y se presentarán los resultados finales de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia a la Violencia Basada en Género y los primeros hallazgos de una investigación sobre niños y adolescentes huérfanos por femicidio.

La conmemoración se podrá seguir a través de la transmisión de YouTube por el canal de Inmujeres.
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