El muro del liceo 30, en el barrio Buceo.

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Violencia en centros educativos: ANEP prevé pedir más presupuesto para combatir inseguridad en la enseñanza

En las últimas semanas hubo varios robos y tiroteos en las inmediaciones de escuelas y liceos
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27 de mayo de 2022 a las 05:04

Bastaron unos pocos pasos en la explanada del liceo 30 para que el consejero Julián Mazzoni se encontrara con una vieja conocida. La mujer que llegaba a dar clases lo llamó por su nombre de pila y luego de conversar algunos instantes con algunos elogios de por medio, la profesora expresó con un tinte de resignación: “Los techos los arreglan; pero los muros, nada”.

Algunos grafitis y pedazos despintados de murales adornaban, a unos metros, el perímetro de ladrillo del centro educativo frente al Cementerio del Buceo. Deteriorado, con una altura no muy exigente y una hilera de pinchos disuasivos oxidados y que se entrecortan cada tanto, esa extensa pared que bordea los costados es el centro de las críticas de los funcionarios del liceo, tras el ingreso por allí en las últimas semanas de algunos ladrones que robaron pertenencias de varios estudiantes.

“Están muy expuestos”, “no puede ser que entren como perico por su casa” y la protección “es muy leve”, reconoció Mazzoni, uno de los miembros electos por los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen), durante una breve recorrida que realizó este jueves de mañana con El Observador. En ese sentido, la reflexión del consejero fue que para rehacer el muro o acondicionarlo de manera de disminuir la posibilidad de incidentes, se necesita dinero. “Y no hay presupuesto”, lamentó.

Pero los comentarios de la inseguridad en el liceo 30 fueron, en los hechos, una negativa premonición: en horas de la tarde hubo otros dos hechos de violencia vinculados con centros educativos.

En la escuela 92 del barrio Lavalleja, en Montevideo, una bala perdida entró en el salón de primer año e impactó contra un colchón mientras se realizaba la clase de educación física. Aunque no hubo heridos, la maestra a cargo quedó en shock y la situación generó preocupación y angustia en los integrantes de la comunidad educativa. Un rato antes, en el barrio Manga, una rapiña a una estación de servicio derivó en un tiroteo entre policías y los tres asaltantes, a escasos metros de la escuela 332 y mientras los niños ingresaban al centro educativo para el turno de la tarde.

“Fueron situaciones de mucho dramatismo”, aseguró Mazzoni a El Observador, que fue a los dos centros de estudio en compañía de la otra consejera por los docentes, Daysi Iglesias, para “dar apoyo” y transmitir “el respaldo anímico y emocional en momentos muy difíciles”. En ese sentido, los representantes electos en el Codicen pidieron a la Dirección General de Primaria que este viernes concurriera personal especializado para atender el impacto que esto generó en la comunidad, aunque al cierre de esta edición todavía no habían tenido respuesta.

Días previos, docentes y funcionarios del liceo de Delta del Tigre de San José se manifestaron frente al edificio central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) luego de que un tiroteo en las inmediaciones del centro educativo y reclamaron con pancartas la falta de respuestas de las autoridades. “Asistimos a un agudo desmantelamiento de mecanismos de abordaje territorial en todos los aspectos de la sociedad y, particularmente, en la educación”, indicó la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en un comunicado.

Además, también hubo situaciones de violencia en el liceo 67 de Piedras Blancas, en el número 2 de Canelones y en la UTU de Solymar. Mazzoni remarcó: “La propia realidad va demostrando que hay que encarar la situación para que no tengamos que lamentar hechos más negativos”.

La discusión en ANEP y el presupuesto

El máximo órgano de conducción de la ANEP se reunió este miércoles y uno de los asuntos que estuvo sobre el tapete de la reunión semanal fue, justamente, la seguridad en las escuelas y liceos. Según supo El Observador, en los integrantes del Codicen hubo consenso en que la situación que atravesaron algunos centros educativos durante las últimas horas representa un problema y es, al mismo tiempo, preocupante.

Fuentes de la ANEP indicaron que es un nudo que está en discusión prácticamente todos los días y que, en lo concreto, el miércoles se mancomunó la intención de que la enseñanza pida un incremento en el presupuesto disponible para la seguridad de los centros educativos en la próxima Rendición de Cuentas. “Seguramente sea así”, dijo a El Observador el consejero designado por el Poder Ejecutivo, Juan Gabito, aunque lamentó que las harcas disponibles deban ser mayores cuando no se trata de un gasto estrictamente educativo. Mazzoni, mientras tanto, dijo que la probable solicitud es un tema “ya conversado” y que hay “voluntad para hacer ese planteo” de parte de todo el Codicen. De todos modos, todavía no está resuelto el monto que se pedirá.

Las autoridades de la enseñanza resolvieron también dar una respuesta concreta a la situación en Delta del Tigre, que fue la que generó los reclamos en los últimos días —al menos antes de los incidentes de este jueves—, atendidos por una reunión de urgencia entre los representantes del liceo y Gabito, Mazzoni e Iglesias como consejeros de la ANEP.

En esa institución, entonces, se incorporará personal a los efectos de atenuar la situación: un psicólogo trabajará a tiempo y completo y también se incorporará un adscripto, dijeron a El Observador fuentes de la enseñanza. Además, se agregará un funcionario para reforzar la vigilancia, se insistirá en el control y el cuidado durante los intercambios de turno y se impulsará el inicio de actividades en un polideportivo cercano para generar actividades sociales y recreativas para las personas que están por fuera del liceo.

El objetivo de las autoridades es lograr un “enfoque global” y por eso el consejero Gabito fue designado este miércoles para encabezar una ronda de contactos con distintos organismos de gobierno, tales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). “Hay que buscarle al tema una vuelta institucional”, dijo Mazzoni, que agregó que es fundamental “desplegar el Estado alrededor de las instituciones educativas” para contener estas situaciones.

El presidente del Codicen, Robert Silva, había dicho en rueda de prensa que existían “responsabilidades compartidas” en este tema y que se debían buscar soluciones, aunque advirtió que los centros educativos no podían transformarse “en edificios aislados de la sociedad”.

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