El efecto globo del Operativo Calle

Con los operativos que se ponen en marcha para la gente que vive en la calle sucede lo mismo. Hasta ahora no se ha visto a ninguno de los gobiernos que ha tenido que enfrentar el tema proponer un plan integral con metas concretas para atacar el problema de la exclusión social que enfrentan estas personas y que terminan afectando a toda la población de las rodea.

Urgía sacar a la gente de la puerta de los comercios, de las entradas de los edificios y por eso los vecinos agradecerán la puesta en marcha del operativo en el municipio B (de Ciudad Vieja al Parque Rodó) o la iniciativa del Municipio CH (Pocitos a Buceo) que consiguió un camión y le pidió apoyo a la policía para salir lunes, miércoles y viernes a recoger campamentos.

Pero a esta altura está claro que no es una tarea que puedan hacer sólo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social o las intendencias y los municipios. Se requiere que todo el Estado participe coordinadamente –también el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo por mencionar los principales- y sobre todo se necesitan recursos.

Muchos más recursos de los que se destinaron en la Ley de presupuesto que no consideró este tema como prioritario.

Aunque el Estado está lleno de gastos superfluos y gorduras –de las que tanto habló en la campaña de 2019 el expresidente Lacalle Pou y tampoco logró combatirlas- tiene que haber una decisión política sostenida de atacar el tema, que no se ha visto, sino que se sigue actuando a impulsos de desbordes del momento, o del clima cuando si no se actúa se pueden morir, como pasó este año cuando llegó el frío y no había un plan.

El último censo que hizo el Mides en 2023 mostró que en Montevideo había 2.755 personas viviendo en la calle y llegaban a 3.504 en todo el país. De estas, casi la mitad había estado en la cárcel, el 91,5% declaró consumo de alcohol u otras drogas, el 41,2% admitió haber estado en tratamiento o internados por consumo de drogas o por otras patologías psiquiátricas.

Esta semana en varias entrevistas el actual ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila dijo que han llegado a atender a entre 8.500 y hasta 13.000 personas en distintos programas aunque el núcleo duro de personas que se resiste a ir a refugios o integrarse a programas son unos 3.500.

Según los datos del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Abal, hasta este 11 de febrero se retiró a 501 personas de 235 “puntos críticos”, es decir campamentos, y 25 toneladas de residuos. Desde allí son derivados al Centro de Primera Atención en Casavalle, donde tienen atención en salud, se alimentan, se pueden bañar o pueden pasar la noche.

El ministro Civila dijo que si no quieren permanecer allí porque están lejos de sus zonas de influencia los derivan a otros lugares, según sus necesidades.

Abal explicó que se busca que el operativo también abarque el problema ambiental y por eso quitan la basura y la llevan con la colaboración de la Intendencia de Montevideo al municipal. También piden a la gente que colabore no tirando muebles o elementos que contribuyen con el armado del campamento sino que para eso la IM tiene un número al que se puede llamar (092 250 260 las 24 horas del día).

Ante la pregunta sobre dónde está esa gente hoy, Abal responde que si bien esa gestión es del Mides, unas cien personas han sido integradas al sistema de protección social y tal vez llegan a 200 si se contabilizan a las que fueron incluidas en alguna de las propuestas que tiene el Mides.

El ministro Civila dijo en entrevista con La Diaria radio que era difícil hablar de la gente que permaneció allí porque es un dato limitado. “Hay que ver luego si esa persona concurrió ál centro más de una noche. La mayoría decide volver a la calle, y se da el efecto de puerta giratoria”, admitió.

De hecho, según datos de Convivencia en el CH en tres meses se movió a 70 personas, que al no formar parte del operativo no se las deriva al centro de Casavalle sino que simplemente se les notifica que se deben ir de dónde están. Vecinos de Villa Biarritz me comentaban que viven una situación de inseguridad preocupante por campamentos instalados en el parque.

Cuando se lo consultó sobre la respuestsa del Estado al tema de fondo, Civila mencionó las viviendas con apoyo, dijo que sumaron 50% de plazas para la atención en salud mental (no está claro cuántas plazas son en concreto), experiencias de medio camino, y habló de “propuestas socio laboral y socio educativo” así como de duplas trabajando en los barrios, tratando de que las personas se vinculen por ejemplo a cursos en la UTU…

Hay varios aspectos fundamentales del tema a abordar:

Lo primero y básico es ¿qué ofrecen los refugios? ¿Qué pasa que hay personas que no quieren saber nada con ir a un refugio? No alcanza con sacar el problema de la vista de la ciudad si luego van a lugares dónde no están seguros, dónde la pasan horrible, porque esos lugares los terminarán expulsando hacia la calle nuevamente.

Lo decía Agustina, una mujer joven embarazada que vivía en la calle pero logró integrarse al programa Uruguay Crece Contigo y compartir una vivienda con su pareja y una amiga. Entrevistada por Periplo (periplo.com.uy) afirmaba: “Prefiero seguir viviendo en la calle y no entrar a un refugio porque es más tranquilo. Los refugios tienen situaciones complicadas que en la calle las hay pero no tanto como hay en un refugio”.

Hay que pensar en soluciones alternativas a los refugios, que ya existen, como las casas con cinco personas, seleccionadas por el perfil de la población y con un asistente social. El tema del acompañamiento y la preparación de los técnicos también es fundamental.

Lo segundo, si 9 de cada 10 consume drogas y 4 de diez tiene algún problema de salud mental hay que tener muchas más plazas de atención en salud y personal para atenderlos en las situaciones críticas y aplicar la ley de internación compulsiva cuando haga falta y además, tener personal para hacer un seguimiento de las adicciones y las aflicciones mentales.

Si es difícil para personas con familia y con sutento social y económico superar las adicciones, cuanto más lo será para personas sin contención familiar ni apoyo. El Estado tiene un rol que ocupar.

Lo tercero, la salida de las cárceles. Cada día salen unas 26 personas y se sabe que muchos de ellos van directo a la calle porque no tienen una familia que los esté esperando y es probable que roben para comer o que cuiden vehículos para juntar unas monedas. No es posible que el Estado no tenga en cuenta esa situación para realizar un acompañamiento de esas personas desde antes que salgan.

Durante el periodo pasado se implementó un plan piloto, el Proyecto de Inclusión Asistida (PIA), impulsado por el Mides y el Ministerio del Interior en Uruguay, que mostró una reducción en la reincidencia del 25% en personas liberadas a las que se les daba trabajo, transferencias monetarias y tarjetas de transporte. Ese plan no tuvo continuidad.

Nuevamente, sin recursos y sin continuidad en los planes, no se logrará solucionar el problema de fondo. Si se empezará por atacar esos tres aspectos con planes a largo plazo, no digo que solucionaría el tema pero otro se empezaría por atacarlo.