El primer interrogatorio de la Fiscalía de Delitos Económicos a Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, quienes fueran los titulares de República Ganadera, giró en torno a la estafa por la que son indagados. Según reconstruyó El Observador ambos ensayaron una explicación de la caída de la empresa, asociada a la sequía y a la debacle del grupo Larrarte que generó una crisis de confianza en el rubro de las inversiones ganaderas.
El núcleo de la audiencia se centró en la desaparición del 60% del stock ganadero de la empresa en los últimos meses, ya que entre el 30 de junio y el 27 de noviembre de 2024, la empresa pasó de declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, según datos de la propia firma de diciembre de ese año.
La fiscalía que dirige Alejandro Machado junto a Leonardo Rosas y Franco Lópezo, centró parte de su interrogatorio en información que había entregado la síndico del concurso Zamira Ayul, quien ya declaró como testigo en la causa, y calificó la etapa previa al concurso de República Ganadera como un "período de sospecha". En un informe que entregó a la jueza concursal María Constanza Farfalla, Ayul afirmó que la empresa "realizó diversos actos, celebró contratos, contrajo deudas y obligaciones no dinerarias, concretó negocios y actos jurídicos (...) y dispuso de sus bienes, de su activo y pasivo".
Entre esas obligaciones figura una deuda de US$ 1 millón contraída con la empresa Importotal, proveedora de insumos ganaderos, que primero fue creada por la esposa de Jasidakis, Elina Fynn y luego pasó a pertenecer a una de sus hermanas, deuda que no fue aceptada en el concurso.
Tanto Jasidakis, que estaba citado para las 10 de la mañana, como Mussio, que declaró después, ambos defendidos por el penalista Eduardo Sasson, intentaron dar distintas explicaciones sobre esas "sospechas".
Con respecto al ganado, afirmaron que unas 7.000 cabezas se las llevaron los escritorios rurales que trabajaban con RG y eran consignatarios. Dijeron que otro tanto del ganado murió como consecuencia de las secuelas de la sequía y otro porcentaje fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de "obtener liquidez".
Asimismo adjudicaron parte de la responsabilidad en los números en que uno de los contadores que tenía un manejo desprolijo de los números y las cifras no eran confiables. También explicaron que los números que terminaron presentando quedaron desactualizados porque correspondían a junio de 2024 y ellos terminaron presentando la solicitud de concurso voluntario en marzo de 2025.
En otro momento mencionaron que las cifras de ganado incluían no solo vacas sino también ovejas y caballos.
Los retiros en "forma frenética" y las pruebas que aportarán
La explicación que dieron fue que tras la situación de la sequía tuvieron que replantearse el modelo de negocio. Dijeron que se trazaron un plan con elementos objetivos y concretos y creían que la situación se podía revertir porque las pasturas estaban mejorando y el precio del ganado subía. Si a eso le sumaban pariciones de ganado, afirmaron, creían que podrían ir reacomodando el stock.
En ese momento, que ubicaron en diciembre de 2023, decidieron seguir adelante y recuperar el stock. Aseguraron que “los nuevos inversores siempre tuvieron animales”.
El problema fue que con la caída de Larrarte se enfrentaron a retiros en "forma frenética”. En ese momento muchos clientes no solo no renovaban sino que pedían que se les devolviera el dinero. Los indagados desplegaron una planilla excel con datos de los inversores, que aseguraron entregarán a la fiscalía junto a otros pruebas en los próximos días, donde se muestra mes a mes las pérdidas sufridas y era de US$ 700.000 y US$ 800.000 cada mes.
En noviembre fue el click al darse cuenta de que la empresa no era sostenible y decidieron ir a concurso.
Fuentes del caso afirmaron que este fue un primer interrogatorio pero se seguirá indagando a los responsables mientras se esperan informes y pruebas que aporten tanto las defensas como los damnificados.
En febrero habrá una nueva audiencia ya que se vencen las medidas de prohibición de salir del país que tienen Mussio y Jasidakis. En ese momento podrían ser imputados si la fiscalía reúne las pruebas.
