El Banco Central (BCU) dispuso en setiembre excluir a Créditos del Litoral de la nómina de empresas habilitadas para desempeñarse como administradoras de crédito, la sanción más grave prevista por el organismo. Pero además, la compañía tiene una denuncia penal por estafa presentada el año pasado ante Interpol que ya fue derivada a fiscalía.
La resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU informó que desde julio del año pasado Créditos del Litoral no presentaba información mensual de tasas de interés de tarjetas de crédito y órdenes de compra, estados financieros e informes de compilación.
Luego de un año y tres meses -y tras constatar que algunos incumplimientos se mantenían- el organismo recordó que la firma contaba con antecedentes infraccionales por atrasos y errores. Por ese motivo, la superintendencia entendió necesario “aplicar a Créditos de Litoral la sanción más grave prevista para las administradoras de crédito” y entonces resolvió excluirla del registro en el que figuran las que se dedican a esa actividad financiera.
Pero en otro carril, Créditos del Litoral enfrentaba otros problemas.
En junio del año pasado, ASÍ Préstamos (Administradora de Soluciones Integrales) presentó una denuncia penal contra la empresa ante el Departamento de Delitos Financieros de Interpol, con el patrocinio legal del estudio de Ignacio Durán.
La denuncia, a la que accedió El Observador a través de fuentes judiciales, señala que en mayo de 2023 se realizó una reunión en la que Créditos del Litoral solicitó a ASÍ Prestamos una línea de financiación de $ 20 millones con destino a aumentar su producción (colocación) y la posibilidad de hacer otros negocios.
Semanas después el acuerdo se concretó con una línea de crédito por ese monto que se desembolsaría mensualmente en operaciones de créditos de cuotas amortizables de no más de $ 2 millones cada una.
La denuncia expresa que para respaldar y garantizar la línea de crédito se planteó que Créditos del Litoral dispusiera de una prenda de parte de su cartera crediticia, seleccionada a criterio de ASÍ por $ 28 millones. Para cerrar la operación se firmó con Créditos del Litoral un contrato de prenda sin desplazamiento, con el detalle específico de las operaciones de créditos cedidas en la garantía.
Hasta fines de 2023 el relacionamiento, aunque con algunos percances, fue normal, sin nada que hiciera “presagiar el desenlace delictivo”, según el escrito. Pero en diciembre comenzaron los retrasos en los pagos.
Denuncia por estafa
En febrero de 2024, Créditos del Litoral planteó que solamente abonaría una de las cuotas pendientes más moras y recargos y avisó que no podría hacerse cargo del resto de los adeudos pendientes. Al mes siguiente ASÍ volvió a solicitar la regularización de todos los vencimientos y la actualización de los saldos de la cartera prendada.
La situación continuó dilatándose y en abril del año pasado ASÍ resolvió iniciar acciones judiciales civiles contra Créditos del Litoral y los tres integrantes de su directorio, dos argentinos y un uruguayo. Finalmente y ante la falta de regularizaciones pendientes, se presentó la denuncia penal ante Interpol por el delito de estafa y la violación de artículos incluidos en la ley 17.228 sobre prendas sin desplazamiento.
El texto expresa que los denunciados “hicieron desaparecer (o esconden) los vales integrantes de la cartera prendada eludiendo así su ejecución por parte de los acreedores”.
Añade que se “utilizaron estructuras contractuales de apariencia sinalagmática (en principio lícitas) a los efectos de obtener el desembolso por ASÍ en el marco de operaciones de préstamo por cifras millonarias, adquiriendo el suceso relevancia jurídico - penal”.
En diálogo con El Observador, Durán informó que Créditos del Litoral con el fin de hacerse de nuevos fondos cedió a terceros los vales prendados en garantía. “Cuando vimos cómo venía el panorama, con irregularidades ante el BCU, y además cuando nos enteramos que los vales de ASÍ estaban en la calle intercambiándose por dinero fue que se decidió hacer la denuncia”, dijo el abogado.
Indicó que el uruguayo que integra el directorio de la compañía presentó una propuesta de regularización, aunque añadió que el planteo no alcanza para saldar la deuda. “Los otros dos (argentinos) no han dado señales de vida y parece que están en el extranjero”, dijo Durán.
Actualmente, el saldo de capital adeudado es de $ 4.905.849 (unos US$ 122.000) más intereses y mora.
La denuncia penal ya fue derivada por Interpol a la Fiscalía de Flagrancia de 6º Turno a cargo de la fiscal Andrea Mastroianni.
