El abogado defensor de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, realizó un raid mediático la semana que pasó tras haberlo acordado con su cliente. Con las entrevistas en varios programas de TV y radios, buscó destacar el rol del defensor y el derecho a la defensa de toda persona imputada, sea por el delito que sea. Además reiteró en varias de las notas que su vínculo con Marset es estrictamente profesional y que en las conversaciones que mantienen no hablan de otra cosa que no sean temas jurídicos de la defensa.
Por otra parte, en conversación con El Observador, Moratorio informó que presentó un incidente de cambio de calificación a la justicia de Paraguay en el caso de Gianina García Troche. Además pidió la revocatoria del auto de prisión preventiva y que se le de arresto domiciliario, argumentando que la imputación fiscal carece de sustento jurídico, viola garantías constitucionales y responde a una lógica del “derecho penal del enemigo”.
El escrito, presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, expone que el Ministerio Público imputó a García Troche por lavado de dinero una ley que fue derogada y basado en "meras suposiciones y en informes de inteligencia sin respaldo documental ni pericial".
Según la acusación fiscal, la imputada conformó la empresa Grupo San Jorge S.A. (Total Cars) para “poner en circulación dinero de origen ilícito”. Sin embargo, Moratorio dijo que “la sociedad nunca operó comercialmente, no abrió cuentas bancarias, y su RUC se encuentra bloqueado por falta de actividad y formalización tributaria”. Agregó que “una auditoría contable y una declaración jurada profesional confirman que la firma jamás tuvo movimientos, capital integrado o beneficios económicos, desmontando la hipótesis fiscal de lavado de dinero”.
El defensor de Marset y de su expareja, quienes se separaron cuando ella decidió entregarse en Madrid, España, a donde viajó desde Dubai, sostuvo que existe "un error grave en la acusación del Ministerio Público". “Se está pretendiendo castigar a una persona bajo una ley derogada, más gravosa y contraria al principio de legalidad. El caso debe adecuarse al artículo 196 del Código Penal, que sanciona la disimulación o conversión del origen ilícito, no la simple creación de una empresa inactiva”, dijo el abogado.
Otro argumento que esgrimió Moratorio es que pidió que se revoque la prisión preventiva de García Troche desde hace más de un año, tras cumplir incluso diez meses de detención en España durante su proceso de extradición. Agregó que se encuentra recluida en un penal militar de máxima seguridad, a pesar de ser civil y no contar con condena firme, "situación que vulnera el principio de inocencia y los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
"Gianina no representa peligro de fuga ni de entorpecimiento procesal. Colaboró con la justicia, renunció a su pedido de asilo, y es madre de tres hijos menores en Paraguay”, dijo su defensor que invocó en su escrito las Reglas de Bangkok, la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana y jurisprudencia de Paraguay , que ordenan priorizar medidas alternativas al encierro cuando se trata de mujeres con hijos menores.
“Derecho penal del enemigo”
A juicio de Moratorio, el caso García Troche "vuelve a poner en evidencia un fenómeno cada vez más visible en el sistema penal: la criminalización por vínculo".
La defensa sostiene que "el único elemento que motivó su encarcelamiento fue su relación pasada con Sebastián Marset, hoy prófugo. No se la juzga por sus actos, sino por su entorno, bajo una lógica de derecho penal del enemigo que es incompatible con el Estado Constitucional de Derecho”.
En su escrito, el defensor sostuvo que García Troche “no tiene antecedentes, no administró dinero ilícito ni participó en estructura alguna de narcotráfico”. “El caso, refleja una justicia que se ha equivocado de enemigo que prefiere la prisión prolongada y simbólica antes que el análisis objetivo de los hechos y las pruebas”.
Mientras la causa se tramita, los hijos de Marset y García —Guillermo, Renato y Joaquín— están viviendo cerca de su madre en Paraguay. Moratorio dijo que son “víctimas silenciosas de una medida desproporcionada que ya ha traspasado los límites del derecho y de la humanidad”.
“El caso Gianina García Troche es mucho más que un expediente judicial: es un espejo de cómo el sistema puede desviarse de su misión de justicia cuando confunde la sospecha con la prueba, la relación con la participación, y el castigo con la cautela. Su resolución marcará un precedente sobre si la justicia paraguaya está dispuesta a corregir sus errores y volver a mirar a la persona detrás del expediente”, concluyó Moratorio.
