“Pensamos que este Ejecutivo, este Parlamento y esta Justicia está en un cruce de caminos. Puede decidir esclarecer los hechos delictivos y colaborar con las víctimas para que aparezcan la mayor cantidad de activos posibles, respetando la inversión nacional, o puede seguir en el juego mediocre del siga siga, lo arreglamos con alambre y que caigan algunos mandos medios para que todo siga igual”, sentenciaron los damnificados, que recordaron que los implicados en la operativa de Conexión son “un grupo de delincuentes que se burló de la legalidad, engaño y manipuló a políticos y tiene montado un esquema delictivo sin referencias a nivel nacional”.
La crítica al Estado de los damnificados de Conexión Ganadera
Según expresa el documento, que una de las cuatro damnificadas leyó ante los parlamentarios, mientras "una parte del ahorro nacional se canaliza al exterior del país", a "los uruguayos que invierten en Uruguay no se los cuida y se los estafa con colaboración de funcionarios del estado por acción o por omisión".
Para ellos, "ha quedado claro que una estafa de esta magnitud no puede ser posible sin errores u horrores del BCU, DGI, BROU (Banco República), Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), MGAP (Ministerio de Ganadería) y MI (Ministerio del Interior)".
En ese sentido, los damnificados remarcaron que no le piden al Estado que "se haga cargo de la deuda", sino que se responsabilice "de sus errores" y que "colabore en esclarecerlos".
La contradicción del BCU y DGI
En primer lugar, los damnificados plantearon a los legisladores la "contradicción" entre la DGI y el BCU luego de que Impositiva se presentara al concurso necesario de Conexión Ganadera.
El grupo recordó que en una resolución del 23 de enero de 2025, BCU afirmó que las inversiones de Conexión "no podrían ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son contratos de capitalización ganadera". Esta postura se reiteró en distintas resoluciones previas del Banco en los años anteriores.
Sin embargo, los damnificados denuncian que DGI se presentó ante el concurso para reclamar retenciones impagas por el IRPF "de los contratos financieros" de la empresa.
"La inversión o es productiva y debe pagar Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios) o es financiera y debe pagar IRPF", remarcaron, y añadieron que "lo que dice el BCU hasta enero del presente año (en el acierto o en el error) no se puede cambiar en julio del mismo año y además hacerlo retroactivo".
Para los afectados "la transparencia y estabilidad de un mercado exige que se respeten las calificaciones de un ente del estado por otro ente del estado", por lo que DGI no puede decir que las inversiones son financieras ya que el BCU las calificó como productivas" y, de cambiar su postura, este cambio "no puede ser retroactivo porque sería un cambio de contrato que afecta la legalidad y la estabilidad que todos los uruguayos defendemos".
Además, criticaron que los números de IRPF calculados por la DGI “no son a partir de intereses pagados a ahorristas genuinos, sino a partir de números presentados por el formalizado exdirector de Conexión Ganadera Pablo Carrasco”, por lo que no descartan que “esas cifras no sean reales o que estos intereses hayan sido pagados con el fin de blanquear dinero procedente de actividades ilícitas”
Por todo esto, los inversores solicitaron “expresamente” que “se anule la presentación de los créditos de DGI” en el concurso de Conexión.
El error del BCU que dio a Conexión Ganadera una “posición privilegiada” en el mercado
Damnificados por Conexión Ganadera en el Parlamento 3
Damnificados por Conexión Ganadera en el Parlamento 3
Joaquín Pisa
En su alocución, los damnificados criticaron que el BCU “no instruyó” a los exdirectores de Conexión Ganadera en sus observaciones “al cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal” para “proteger el ahorro público”, cuando sí se lo ordenó a las otras empresas ganaderas.
En el documento el grupo de afectados citó distintas resoluciones del BCU en las que solicitaba el cese de comunicación a distintas empresas del rubro, como las ya caídas República Ganadera y las sociedades anónimas vinculadas a Portfolio Capital (Reina Vaca S.A., Oro Rojo S.A. y Berrutti & Argenti S.A por un lado, y Fondo Ganadero Pampas en otro documento).
Como a pedido del BCU las demás compañías no pudieron publicitarse, Conexión pasó a ser “la única con publicidad masiva” de su rubro, lo que “le dio una posición privilegiada en el mercado”, remarcaron los damnificados. “La convirtió en cuasi monopólica y esto explica el crecimiento exuberante de captación que tuvo en los últimos años”, agregaron.
Los inversores también criticaron que, en respuesta a un pedido de informes realizado en 2025, BCU afirmó que a partir del 2018 se realizaron “diversas actuaciones en Conexión Ganadera”, pero aclaró que “la información recabada en dichas actuaciones fue clasificada oportunamente como confidencial”.
“Pensamos que 7 años después y con los exdirectores de la empresa formalizados por Estafa y Lavado de Activos, la confidencialidad no solo no tiene sentido, sino que además encubre presuntas evidencias del fraude”, remarcaron.
En su respuesta, el BCU también reconoció que “algunas” de las empresas ganaderas “modificaron su negocio y volvieron a presentar nuevos contratos, salvando las observaciones formuladas por la SSF” (Superintendencia de Servicios Financieros). Los damnificados pidieron a la comisión investigar qué “actuaciones” llevaron a que el Banco llegue a tal afirmación.
Los pedidos finales
Los damnificados solicitaron a los senadores presentes que se investiguen “los movimientos bancarios y la colaboración” de toda persona vinculada a Conexión, desde los gerentes hasta los testaferros, así como los escribanos “miembros de las maniobras de lavado de dinero” en compras de inmuebles y autos de alta gama, y el contador José Santeugini, quien declaró que las inversiones de Conexión no pasaban por los balances de la empresa.
También quieren que se profundice sobre los "créditos laborales y acreedores comerciales" de aquellos "involucrados en la maniobra" que se presentaron a los concursos de Conexión Ganadera y Hernandarias XIII, como la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, y su yerno Alfredo Rava.
Luego, pidieron sean investigados “los colaterales”, como el frigorífico Casa Blanca y marcas como “Stradivarius, Bamidal”. “El fiscal Enrique Rodriguez confirmó que existen 30 empresas involucradas en la trama de la maniobra. A la fecha no contamos con más información que esa”, detallaron.
También quiere que se indague sobre las actuaciones de la sucursal de Florida del BROU, que permitió “transacciones por sumas extraordinarias sin pedir justificación de fondos”.
Por otra parte, solicitaron una “profunda investigación en el MGAP”, donde “se violentó el sistema de trazabilidad, con caravanas en cajones”. En esta línea, presentaron guías físicas sin respaldo de ganado “selladas por la Jefatura de Policía de Florida”.