Los registros, a los que accedió El Observador, muestran a Silva recorriendo los inmuebles mientras entrevista a sus ocupantes. A lo largo de las filmaciones, el abogado les pide que identifiquen los límites de cada propiedad, las entradas, las paredes divisorias y los patios, con la intención de documentar que no existían accesos internos, patios compartidos ni comunicación física entre las viviendas.
El planteo no es nuevo. Durante la audiencia realizada días atrás, la defensa sostuvo que la orden judicial alcanzaba únicamente la vivienda de los abuelos del investigado, pero que durante el operativo los efectivos ingresaron también a otras casas donde vivían familias que —según afirma— no tenían ningún vínculo con la investigación.
El abuelo del investigado: "Él no vive acá"
En el primero de los videos, Silva entrevista al abuelo del joven que fue detenido y posteriormente condenado por la Justicia de Maldonado. El hombre explica que su nieto no reside en la vivienda y que únicamente concurría de manera ocasional para visitar a la familia.
"Yo soy el abuelo, pero él no vive acá", responde al inicio de la conversación. A lo largo del intercambio insiste en esa idea. Cuando el abogado le pregunta si alguna vez el joven dormía o permanecía en la casa, responde: "Nunca paró, nunca durmió".
Abuelo del requerido en un allanamiento en Maldonado
Rafael Silva
El penalista también le consulta por la construcción lindera, donde finalmente ingresó la Policía durante el operativo. El abuelo afirma que allí viven dos familias desde hace aproximadamente 14 o 15 años y sostiene que ambas propiedades están completamente separadas.
"Ninguna conexión, ni atrás ni adelante", responde cuando el abogado le pregunta si comparten algún acceso. También asegura que no existen patios comunes ni espacios internos que comuniquen ambas construcciones.
Una recorrida para mostrar los límites de la vivienda
El segundo video fue registrado en la finca lindera, donde una mujer identifica cada uno de los sectores de la propiedad y describe cómo está conformado el hogar.
Explica que allí vive con su esposo, dos hijos y que su hija junto a su yerno ocupan un espacio independiente dentro del mismo predio, con entrada propia hacia la calle.
Durante la recorrida, Silva le solicita que muestre los techos, las paredes medianeras y los accesos para dejar constancia visual de la distribución de la vivienda. En concordancia con el abuelo, la mujer sostiene que el inmueble no comparte patios, entradas ni comunicación con la casa vecina.
"Ninguna parte de la casa tiene conexión con los vecinos. Patio común no tenemos nada", afirma mientras señala la pared divisoria.
Moradores de viviendas allanadas en Maldonado
Incluso agrega que las únicas aberturas hacia ese lado son pequeñas ventanas destinadas a ventilación y remarca que "ni ventanas tenemos para el lado de los vecinos", salvo las indispensables para permitir el ingreso de aire.
También asegura que la familia vive allí desde hace más de 11 años y niega que el joven requerido haya permanecido alguna vez en esa vivienda. Cuando Silva le pregunta si el joven se quedaba allí o era conocido por la familia, lo niega de forma tajante.
El joven buscado ya había sido condenado
El expediente judicial también muestra que el joven fue condenado el 21 de mayo de 2026 mediante un proceso abreviado a dos años y seis meses de penitenciaría como autor de tráfico interno de armas de fuego y municiones, porte de arma de fuego en lugares públicos, disparo de arma de fuego en lugares públicos y suministro de sustancias estupefacientes, delitos cometidos en reiteración real.
La investigación que dio origen a ese procedimiento comenzó tras un ataque a balazos ocurrido el 16 de mayo en Maldonado, en el que un joven de 23 años resultó herido en el cráneo. A partir de la investigación, la Fiscalía solicitó allanamientos en la vivienda de la madre del condenado y en la de sus abuelos, con el objetivo de incautar armas, municiones, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.
El documento, procesado por El Observador, muestra que la Fiscalía solicitó el allanamiento de dos inmuebles vinculados al joven investigado: la vivienda de su madre y el domicilio de sus abuelos, ubicado sobre Gregorio Sanabria, identificado como una finca de dos plantas con portón de madera corredizo y una construcción lindera con portón negro de hierro. La defensa sostiene que, durante la ejecución del procedimiento, la Policía extendió el operativo a otras viviendas ocupadas por familias distintas, mientras que la Fiscalía entiende que el accionar se ajustó a la orden judicial.
El objetivo de la defensa
Las grabaciones forman parte de la estrategia con la que Silva pretende reforzar el planteo que ya realizó ante la Justicia. El abogado sostiene que el procedimiento policial terminó extendiéndose a viviendas ocupadas por familias completamente ajenas a la investigación y que eso constituye una vulneración de la inviolabilidad del domicilio.
En la audiencia también presentó una grabación telefónica en la que un jerarca policial le habría reconocido a uno de los moradores que "la cagada está hecha", conversación que la defensa considera relevante para demostrar que los propios efectivos advirtieron el error.
La Fiscalía, en cambio, defendió el procedimiento y sostuvo que las viviendas integraban el ámbito comprendido por la orden de allanamiento.
La jueza Noelia Acosta rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa, aunque durante la audiencia realizó una advertencia sobre los límites de este tipo de procedimientos: "No podemos allanar domicilios de personas que no tienen nada que ver por más que al lado viva el imputado, porque eso es grave".
Mientras esa resolución continúa siendo cuestionada por la defensa, Silva procura que estos nuevos registros audiovisuales sirvan para reforzar uno de los ejes centrales de su planteo: que las casas allanadas eran viviendas independientes y que, por lo tanto, nunca debieron ser alcanzadas por el operativo.
