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2 de enero 2025 - 5:00hs

A cuatro días de que Yamandú Orsi ganara la reelección en la Intendencia de Canelones, el gobierno de Luis Lacalle Pou frenó un proyecto de la comuna para cerrar el vertedero de Cañada Grande al que va la basura canaria y erigir un sitio más moderno en Cerro Mosquito. Querían “dar tranquilidad a los vecinos” de esta zona cercana a Soca, era una “suspensión por tiempo indeterminado” en procura de “una mejor solución”, decía en setiembre del 2020 el flamante ministro de Ambiente, Adrián Peña, hoy fallecido.

La intendencia y el consorcio a cargo de la obra de US$8 millones -integrado por Aborgama, Favelan SA y Ebital SA- recurrieron la resolución del gobierno que les frenaba aquella iniciativa que tras muchos años saldaba “el problema estructural” de Cañada Grande. “Quedó claro que no existe objeción técnica. Se busca un paréntesis para examinar una propuesta alternativa recibida por el gobierno nacional de escala regional”, proclamaba Orsi, que trasladaba el tema a Lacalle Pou cada vez que lo visitaba en Torre Ejecutiva.

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Cinco años después, Orsi se apresta a asumir como presidente de la República y la basura de su departamento natal sigue siendo una cuenta pendiente, aunque esta vez más próxima a novedades.

El Ministerio de Ambiente evalúa conceder la Autorización Ambiental Previa (AAP) a una iniciativa privada de Morseloy SA, sociedad dirigida por el empresario José Guichón que en cinco padrones rurales en las inmediaciones de Empalme Olmos, bordeando el arroyo Pando, propone construir las nuevas instalaciones que garanticen valorizar hasta el 80% de los residuos canarios y destinar al relleno sanitario el 20% restante.

Como parte del proceso requerido para cualquier proyecto de categoría C -con potencial de ocasionar impactos ambientales significativos-, la cartera organizó el 17 de diciembre pasado la audiencia pública para abrir la discusión a vecinos y organizaciones de la zona. En un caldeado ambiente signado por carteles y cánticos de protesta contra la ubicación de esta nueva inversión -en campos rodeados por centros poblados como Empalme Olmos, Villa Olmos, Pando y Jardines de Pando-, la instancia contó con la presencia del ministro Robert Bouvier, autoridades ambientales y el propio Guichón, quien ni siquiera pudo tomar la palabra.

El jerarca indicó a El Observador que el proyecto está a estudio de los técnicos de la cartera y que el tema no ha sido motivo de intercambio con el gobierno electo. En paralelo, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, archivó la iniciativa privada -que también había sido presentada con expediente en la comuna- bajo la premisa de que la materia es resorte del gobierno nacional y que correspondía agotar esas instancias antes de estudiarlo a nivel departamental.

"No voy a resolver en dos meses algo que puede estar 30 años", dijo el intendente a los vecinos semanas atrás. Para la comuna, dijo, el proyecto iba "al freezer".

Pero varios meses antes de que Orsi renunciara a la comuna para hacer campaña, el exministro Peña ya hablaba de que había negociado directamente con el intendente frenteamplista el "plan B" para Canelones, ante el fracaso del "waste to fuel". "Los más interesados en una solución rápida éramos el ministerio (de Ambiente) y la Intendencia de Canelones (...) y esa urgencia nos terminó juntando", decía a El Observador en junio de 2023. "Se está afinando la propuesta y hay posibilidad de una alternativa", concluía, ya con la mira en Empalme Olmos.

Cierre de Cañada Grande

Se trata de un tema cercano tanto al presidente electo -quien gobernó Canelones durante diez años- como a su designado subsecretario de Ambiente, Leonardo Herou, hasta ahora director de Gestión Ambiental en la comuna. Ambos impulsaron durante estos últimos años el cierre del actual sitio de disposición final en Cañada Grande por no contar con las obras de ingeniería adecuadas para un relleno sanitario.

De acuerdo al Informe Ambiental Resumen (IAR) presentado por Morseloy SA ante el Ministerio de Ambiente para justificar la nueva inversión en Empalme Olmos, el actual sitio de disposición final de residuos “no cuenta con impermeabilización en su base”, lo que “afecta la calidad del agua superficial y subterránea”, con “niveles elevados de turbiedad, aceites, grasas, nitratos, fósforo y metales pesados como arsénico, níquel y zinc”.

La iniciativa contempla la construcción de una planta de clasificación de descartes recuperables y generación de Combustibles Derivados de Residuos (CSR) -un producto seco con posibilidad de valorización energética-; una segunda planta para producir biogás a partir de despojos orgánicos -con potencial de ser refinado en biometano y alimentar al contiguo Parque Industrial Olmos-; un galpón reservado para compostaje; relleno sanitario y otras intervenciones de infraestructura, como el acondicionamiento de los caminos aledaños para habilitar el pasaje de camiones.

Fuentes de la compañía explicaron a El Observador que reformularon el proyecto para la licitación del 2020 que ya estaba adjudicada para Cerro Mosquitos y que buscan ampliar la valorización de residuos y minimizar el descarte para relleno sanitario. Si bien desde la intendencia frenteamplista nunca objetaron la iniciativa que el gobierno nacional tenía en el radar para Empalme Olmos, sí han deslizado que primero debían encontrarles una solución para que no haya juicios del consorcio a cargo del anterior proyecto.

De hecho, en una sesión de la Junta Departamental canaria que tuvo lugar al mismo tiempo que la audiencia pública convocada por Ambiente para Empalme Olmos, el edil del Partido Nacional, Gustavo Morandi, defendió que el nuevo proyecto es una “estrategia empresarial muy interesante” por “incluir a los empresarios que tenían el proyecto preaprobado al inicio de este período de gobierno en los Cerros del Mosquito”. “Eso implicaría evitar la eventual responsabilidad económica de la Intendencia de Canelones y del gobierno nacional por haber clausurado ese proyecto (...) y no generar un perjuicio económico a nuestro departamento”.

La empresa dirigida por Guichón -que entre otros cuenta con el asesoramiento del exsecretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch- proyectó generar unos 107 puestos de trabajo y completar en dos años las obras, con una vida útil de treinta años. En su extenso informe al Ministerio de Ambiente, Morseloy SA detalló intervenciones para minimizar los ruidos, disminuir los eventuales olores y garantizar que no haya contaminación en el arroyo Pando.

Vecinos reclaman

Varias organizaciones locales y hasta el Concejo Municipal de Empalme Olmos, sin embargo, están en pie de guerra contra la ubicación de la iniciativa. Un informe de la Universidad de la República a cargo de la geóloga Patricia Gallardo, citado por los vecinos en sus reclamos, indica que “el lugar propuesto es inconveniente porque carece de formación de arcilla”, tiene un “basamento cristalino que debe ser dinamitado para hacer las celdas” necesarias para el funcionamiento de las plantas, lo que “es riesgoso porque están muy cerca de las napas freáticas” y “corren el riesgo de infiltración por los lixiviados”.

Vecinos de los barrios aledaños también reclaman que el proyecto incumple un decreto de Tabaré Vázquez que establece que no pueden haber sitios de disposición final a menos de cuatro kilómetros de centros poblados, por estar a solo un kilómetro de la zona urbana de Empalme Olmos.

En una carta de setiembre del año pasado, el concejo de dicho municipio pidió al Ministerio de Ambiente no seguir adelante con la iniciativa en ese lugar, cuestionó que el Parque Industrial Olmos -dirigido por el mismo empresario que postula el proyecto- contaminó el arroyo Cañada Grande a mediados de 2023 y repasó: “La población de Empalme Olmos sufre desde hace 20 años, además de la contaminación del arroyo por el vertido de lixiviados desde Cañada Grande, el olor a basura en el pueblo (...)”.

Mientras Orsi acordó con Ambiente, a pocos días de renunciar a la comuna, el cierre definitivo del sitio en Cañada Grande, la comuna defiende sus avances en la clasificación de residuos, al tiempo que Morseloy SA se embandera con que su iniciativa supone “un cambio de paradigma de gestión del servicio de recolección”.

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