El gobierno de Luis Lacalle Pou decidió poner la lupa en la caja de OSE luego que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) advirtiera por “importantes desvíos” en la ejecución financiera de los primeros cuatro meses de este año.
La alerta fue dada por el director de la OPP, Fernando Blanco, en una carta enviada al presidente de la empresa pública, Raúl Montero, en la que lo instó a “tomar medidas” para “reducir los gastos” a los niveles acordados previamente y no realizar nuevos “incrementos” para permitir que el segundo semestre “muestre valores más equilibrados, reduciendo el déficit previsto y la necesidad de financiamiento”.
Tras la carta, los equipos técnicos de ambos organismos tuvieron una serie de reuniones y la empresa pública se comprometió a “racionalizar” algunas inversiones previstas así como el gasto en “bienes y servicios”.
A su vez, OSE resolvió pedirle al gobierno que le autorice un préstamo adicional de US$ 90 millones de Fonplata para el proyecto de saneamiento, US$ 12 millones de bancos locales para solventar las conexiones intradomiciliarias previstas en esa licitación y otros US$ 20 millones para gastos corrientes, de acuerdo con documentos internos revisados por El Observador.
La resolución fue aprobada por los dos directores oficialistas Raúl Montero y Susana Montaner. El jerarca de la oposición, Diego Pastorín, votó en contra y aseguró que denotaba una “importante falta de planificación” y que las proyecciones de flujos a veinte años debieron haberse realizado previamente a concretar iniciativas que involucran “compromisos astronómicos para la empresa”.
La carta de OPP
Los intercambios comenzaron el 18 de junio, cuando la OPP manifestó que de seguir así, OSE terminaría con un déficit anual de $1.115 millones por una caída en los ingresos y el aumento en los niveles de compras de bienes y servicios por más de $2.000 millones.
La empresa pública se había comprometido a tener un superávit de $1.553 millones, por lo que “el resultado global proyectado” estaba dando una diferencia de aproximadamente US$ 68 millones.
El informe menciona que OSE tuvo una caída del 3% en los ingresos el primer cuatrimestre y que la tendencia se mantendría en el período. También que hubo un “importante incremento en la compra de bienes y servicios”, en particular en el rubro de gastos “particulares”.
“Existe una fuerte incidencia en el incremento del gasto del rubro ‘particulares’, el cual explica aproximadamente un 80% de la variación total”, detalla.
Inversiones y racionalización
Tras la carta, divulgada inicialmente por M24, entre fines de junio y principios de julio varias gerencias de OSE intercambiaron oficios y tuvieron reuniones con la OPP –y la CND– en las que plantearon recalendarizar algunas inversiones cuyos gastos aún no se habían comprometido y maximizar la eficiencia del gasto en el funcionamiento corriente.
Esos encuentros motivaron una “actualización” del flujo financiero a veinte años en el que se identificaron las necesidades de fondos, las alternativas más óptimas de financiamiento y ajustes de costos, ingresos e inversiones para generar un “saldo positivo”, dice otro informe.
El nuevo flujo detalla que la intención es que no haya un “incremento de tarifas por encima de la proyección base”.
Respecto al endeudamiento, plantea que el año más comprometido para la empresa pública será el 2027 con un nivel de deuda de 147% sobre los ingresos.
El informe está fechado el 8 de julio y firmado por los gerentes Elena Baldoira (Financiero-Contable) y Mario Barbato (Planteamiento y Mejora de Gestión). Subraya que los resultados estimados están “condicionados” al cumplimiento de una serie de condiciones.
Entre ellas, menciona que deberá aplicarse la “obligatoriedad” de conectarse al saneamiento para las viviendas frentistas –una normativa que OSE no ha aplicado nunca hasta ahora– y mantenerse una “política razonable” para la fijación de los precios de los servicios.
También que el costo de las obras licitadas (saneamiento y Arazatí) no se vean “afectadas por imprevistos” que aumenten los “montos adjudicados”.
“En la circunstancia que uno o algunos de los supuestos clave considerados en esta proyección presentare alguna variación o desvío significativo que ponga en riesgo los saldos de caja estimados para cada ejercicio, se deberá estar atento para instrumentar medidas correctivas, ya se trate de incremento real de ingresos vía aportes de Rentas Generales y/o de posibles aumentos de tarifa que resulten necesarios para cubrir eventuales descalces del modelo”, sentencia.
La negativa del FA
Pese a que la resolución fue aprobada, el director por el Frente Amplio, Diego Pastorín, votó en contra y rechazó varias de las proyecciones presentadas.
Dijo que preveían un “crecimiento real de un 1% anual” cuando el 2024 venía registrando una baja en la facturación y que no se detallaban las medidas que permitirán –entre 2025 y 2028– una reducción adicional de US$ 40 millones en gastos.
A su vez cuestionó que no prevean aumento de gastos por la puesta en marcha de Arazatí (en 2026) y que las bajas en personal proyectadas no eran “sostenibles” si querían seguir brindando servicios.
“Respecto al nivel de endeudamiento, que llega a 147% en el 2027, este valor del indicador fue solo superado durante la crisis del 2002 en el que fue 151%. Durante el período 2005-2019 el valor máximo alcanzado fue de 116%, siendo 76% el promedio”, señaló.
Por último, dijo que el préstamo adicional a Fonplata de US$ 90 millones demostraba “falta de rigurosidad” en el estudio del proyecto de saneamiento ya que era para cubrir la diferencia de más de un 30% entre el precio proyectado (US$ 319 millones) y el adjudicado (US$ 422 millones).
Las "dificultades" del período
Esta semana en el Parlamento, el presidente de OSE mencionó una serie de "dificultades" que debió afrontar su gestión. Dijo que al comenzar tenían un endeudamiento de casi el 100% de la facturación y que la bajaron el primer año a 80 y pico por ciento. "Empezamos las exoneraciones al consumo a aquellos comercios afectados por la pandemia (...) luego tuvimos exoneraciones a comercios de frontera debido a la diferencia de cambio con nuestros vecinos y más cerca en el tiempo tuvimos incendios", señaló.
A su vez, dijo que durante la pandemia dejaron de cortar el agua, lo que provocó una "morosidad de casi US$ 20 millones".
"La sequía nos trajo como consecuencia que tomáramos un préstamo de US$ 60 millones del que nos tendremos que hacer cargo nosotros, porque no es un regalo", agregó y dijo que antes tuvieron incremento de gastos en varios departamentos por la falta de lluvias.
"Créanme que si con todo lo que hicimos logramos que no faltara agua en ningún lugar del país después de vivir la crisis más grande, me da más orgullo que otra cosa", sentenció.
