La empresa señaló que la zona presenta “condiciones favorables para la actividad propuesta”; se construirá una toma en el río Uruguay para obtener el agua
Tras obtener la recategorización de los suelos, HIF Global inició recientemente ante el Ministerio de Ambiente los trámites para construir la planta de hidrógeno verde en Paysandú.
La cartera –a cargo de Edgardo Ortuño– puso de manifiesto la comunicación de la viabilidad ambiental de localización (VAL) del proyecto para poder recibir comentarios, cuestionamientos y sugerencias, aunque los servicios técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) estuvieron de acuerdo en que tenga clasificación C –la mayor– por ser un proyecto cuya ejecución puede producir “impactos ambientales negativos significativos”.
Que un emprendimiento reciba esta categoría supone que tendrá que realizar un “estudio de impacto ambiental completo” pese a que tenga previstas medidas de mitigación. La exigencia también incluye la realización de una audiencia pública.
A lo largo de las 372 páginas del documento entregado, HIF detalla los impactos posibles además de brindar nueva información sobre el proyecto.
“La ubicación del emprendimiento propuesto presenta condiciones favorables para la actividad propuesta y no se relevan características del entorno que se pudieran considerar incompatibles con las actividades del proyecto”, dice el trabajo realizado por la consultora CSI para concluir que “es viable desde el punto de vista ambiental la localización propuesta”.
HIF estima que la duración total de la obra será de 4 años y que durante esta etapa generará en promedio 1.375 puestos de trabajo, con un máximo de 3.200 personas en el momento de mayor actividad. Cuando esté en marcha, trabajarán unas 600 personas en la operación (300 directos y 300 indirectos).
Desde la empresa señalaron en julio a El Observador que la inversión prevista se mantenía en US$ 6.000 millones, de los cuales US$ 4.000 millones serán para la planta y US$ 2.000 millones para la construcción de los parques de energías renovables, cuya autorización ambiental se tramita por separado.
Aunque los predios de HIF abarcan 440 hectáreas, el proyecto afectará en su desarrollo industrial un área de aproximadamente 180 hectáreas que se concentran sobre el sector noreste del predio. Tal como se sabía, se afectarán 33 hectáreas de monte nativo –previamente eran 110–. La empresa se compromete a realizar acciones específicas para compensar la tala. “Se dispondrá luego de la obra y el levantamiento de la infraestructura temporal, de los planes de restauración del área, que atenderán a la recomposición de la zona del bosque ribereño y bosque parque impactado”.
Entre los impactos negativos significativos, la empresa detalla el arribo de camiones para la construcción y la necesidad de disponer de un acceso fluvial que implicará “intervenciones en un tramo del canal de navegación y ribera del río, así como en el propio terreno” para la descarga de los módulos de la planta durante la obra de construcción.
También habrá intervenciones en el área definida como zona de protección ambiental en la recategorización de suelos y dispuesta como servidumbre ecológica por la presencia de ecosistemas identificados como “relevantes para la conservación de la biodiversidad, la ribera del río Uruguay y los ecosistemas presentes de monte ribereño y monte parque”, advierte.
A su vez, habrá obras sobre el río en los límites de una zona recientemente ingresada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), las Islas del Queguay y su entorno acuático directo.
El documento dice que habrá afectación a la flora y fauna local por la remoción de vegetación en la zona de obras, que implica la tala de un área de bosque ribereño y monte parque, con presencia de especies nativas. “Si bien el área de intervención es acotada, reviste especial consideración la cercanía de la obra al área protegida Islas del Queguay y los potenciales efectos indirectos sobre la biota hídrica”, agrega.
En su informe, HIF reconoce que la obra y las actividades vinculadas al proyecto podrán ser motivo de “percepción social negativa por parte de la población presente en el área de influencia” por los cambios en la visual y paisajes.
“A priori, no se identifica rechazo social a este tipo de emprendimiento”, dice. Plantea que es esperable que la comunidad se muestre receptiva frente a los beneficios que el proyecto puede ofrecer en materia de desarrollo económico, empleo, capacitación y tecnificación, entre otros.
Pese a esto, reconoce que a nivel general es posible identificar inquietudes acerca de los usos del suelo, la demanda de agua, la contaminación del agua por vertidos industriales y los aspectos de seguridad por el almacenamiento, manipulación y transporte de hidrógeno.
El trabajo, dice que a su vez –por la ubicación y visibilidad desde la costa argentina– particularmente desde Colón se ha manifestado cierta controversia ligada a su localización, más enfocada a los cambios en el paisaje y visuales, así como los riesgos de contaminación.
De hecho, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó sus reparos al presidente Yamandú Orsi. “Los estudios que permitan predecir los impactos ambientales sobre estos factores deberán conducirse en el marco del EsIA”, expresa.
"El gobierno de Entre Ríos va a seguir reclamando y planteando que la planta de relocalizarse porque en esa ubicación tiene una clarísima contaminación visual. Nosotros vamos a dar esa pelea a fondo", afirmó a El Observador el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
También menciona que con el nivel de conocimiento y desarrollo del proyecto a estas instancias, estos aspectos no inviabilizan la localización porque pueden implementar medidas de mitigación o compensación.
Las instalaciones industriales estarán a más de 500 metros de la costa. Habrá un área de amortiguación, más allá de medidas de mitigación adicionales que podrán adoptarse, tal como la conformación de cercos verdes en el perímetro del padrón industrial.
“A nivel de la percepción social, se ha estado trabajando desde etapas tempranas en el relacionamiento comunitario, para relevar e intercambiar con la comunidad y otras partes interesadas al respecto de sus inquietudes, informar sobre el proyecto y los estudios ambientales que se desarrollen, generando un ámbito de participación y colaboración”, sentencia.
Entre las razones para mantener la ubicación, HIF señala la cercanía a la planta de ALUR desde donde será capturado el CO2 biogénico –aproximadamente 6 km lineales– y a volúmenes necesarios de biomasa para reutilizar como combustibles en la caldera de la planta industrial.
A su vez, menciona que construirá una toma en el río Uruguay para obtener el agua que se utilizará para la electrólisis. “La captura de agua del río se dimensiona para una capacidad de 450 litros por segundo, que suple los requerimientos de la totalidad del agua para la planta (1.557 metros cúbicos por hora)”, dice.
La cantidad a extraer representa del orden del 0,01% del caudal del río en condiciones promedio (el promedio son 4.500 metros cúbicos por segundo). El agua se usará para la producción de hidrógeno (consumo en electrolizadores); funcionamiento del sistema de enfriamiento y en el sistema de generación de vapor de caldera.
El informe destaca que la planta no afecta áreas naturales protegidas –aunque estará cerca de las Islas del Queguay, que recientemente entraron– ni sitios de interés patrimonial.
Se producirán 876 mil toneladas anuales de e-metanol, siendo parte de esta producción convertida a e-gasolina y subproductos. Los combustibles se almacenarán en tanques y se transportarán en tren o barcazas a un puerto internacional.