La Asociación de Magistrados del Uruguay, que agrupa a los jueces, se declaró en conflicto este sábado y anunció medidas gremiales que, en el caso de fracasar, podrán derivar en decisiones más fuertes como la "paralización total".
En una moción aprobada este sábado, los jueces dijeron que "el conflicto actual" no se limita a la aprobación de la ley de presupuesto, que está actualmente en el Senado, sino que "refleja un problema estructural y persistente".
La asociación denunció el "deterioro de las remuneraciones judiciales y la falta de reconocimiento del valor real del trabajo que realizan juezas y jueces".
Por lo tanto, se definió "exigir a los poderes políticos del Estado" que dentro de 30 días establezcan "un ámbito de negociación específico" con el fin de "construir un sistema de remuneraciones que refleje de manera justa la relevancia de la función, las responsabilidades y el volumen de trabajo".
Asimismo, los jueces resolvieron empezar, a partir de este sábado, con una serie de medidas gremiales que no implican una distorsión en sus actividades.
Una de las acciones consiste en relatar cuál es el conflicto y cuáles son los reclamos "de forma breve y respetuosa" al inicio de cada audiencia. También registrarán con fotos y videos las "condiciones materiales" en las que se trabaja en los juzgados.
Por otro lado, harán las asambleas durante el horario de oficina, aplicarán estrictamente los plazos legales sin "implementar medidas de eficiencia procesal" y no concurrirán a "espacios institucionales".
La moción aprobada este sábado –que fue presentada por los jueces Beatriz Larrieu, Laura Sunhary, Xenia Pedrozo, Valentina Rivadavia y Germán Olivera– incluye además medidas gremiales que sí suponen distorsión en el trabajo y que "se considerarán en caso de fracaso de las anteriores".
Las medidas podrán ser la suspensión de audiencias por medios electrónicos, la firma "diferida" de órdenes de pago y la firma solamente "semanal" de protocolos notariales.
Además, consideran la reprogramación o postergación de audiencias que "no revistan carácter urgente", así como la paralización de "actividades no urgentes".
Finalmente, para una etapa más avanzada del conflicto, abren la posibilidad de disponer la "detención total de las actividades" manteniendo una guardia gremial mínima para "asegurar la atención de asuntos estrictamente urgentes".
