El salvataje a la Caja de Profesionales Universitarios que el Parlamento aprobó en julio fue un paliativo para la situación estructural de déficit que tiene el organismo. El texto final aprobado es menos gravoso tanto para activos como para los pasivos que lo que pretendía inicialmente el Poder Ejecutivo pero igual significó un aumento del aporte de ambos grupos.
Es que durante el tratamiento en el Parlamento la oposición alineó sus votos en Diputados para imponer su mayoría, cambiar los planes del gobierno y embretó al Senado que tuvo poco margen de acción. Pero, al mismo tiempo, también a impulso de la oposición se incluyó en el articulado la creación de una comisión de expertos para buscar medidas de fondo que aseguren su “sostenibilidad” a mediano y largo plazo.
La ley estableció la creación de una comisión con tres integrantes del Poder Ejecutivo y tres de la Caja de Profesionales, le daba un plazo de 120 días (4 meses) –con una posibilidad de prórroga por 60 días– y le asigna cuatro cometidos con el objetivo de realizar una nueva reforma.
Entre los cometidos está “analizar la situación actual”, estudiar la evolución demográfica y laboral del colectivo profesional afiliado, evaluar experiencias nacionales e internacionales de esquemas previsionales similares y formular recomendaciones de “reforma o reestructuración del régimen previsional”.
Sin embargo, esa comisión hasta ahora no había sido conformada debido a que faltaba el decreto reglamentario de la ley que, tal como adelantó La Diaria, se publicó el martes 11. Ese decreto establece que el Ministerio de Trabajo presidirá la comisión, que podrá sesionar con mayoría simple de sus integrantes y que sus decisiones se tomarán “preferentemente” por consenso y de no obtenerse por mayoría simple. En caso de existir empate, el presidente de la comisión tendrá voto doble.
¿Quién va a presidir la comisión? Según pudo saber El Observador, el actual director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Doménico, estará al frente y lo acompañarán el economista Ariel Cancio del Ministerio de Economía y el también economista –y coordinador del diálogo social por seguridad social– Hugo Bai por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
La Caja de Profesionales, en tanto, estará representada por su presidente, Daniel Alza, y los otros dos lugares serán ocupados de forma rotativa por el resto de los directores.
De todos modos, la comisión empezará a trabajar recién sobre fines de noviembre porque Di Doménico está fuera del país y vuelve el lunes 24. Para el 25 de noviembre ya está fijada una reunión entre la Caja y el Poder Ejecutivo. “Supongo que allí ya fijaremos una agenda de trabajo”, dijo Alza a El Observador.
Los cometidos de la comisión
La ley aprobada establece que para formular recomendaciones de “reforma o reestructuración” debe considerar una serie de aspectos que van desde garantizar los ingresos adecuados para la etapa pasiva hasta la sostenibilidad económica y financiera del régimen en el mediano y largo plazo.
Uno de los objetivos es sugerir medidas para “ampliar la base de aportantes incluyendo el análisis de mecanismos para la efectiva incorporación de profesionales que declaran el ‘no ejercicio’ así como analizar “la justificación del régimen de aportes sobre ingresos fictos” y no sobre facturación real.
Otro de los puntos señala la necesidad de analizar la “incorporación de nuevas carreras universitarias al régimen de aportación de la caja”.
La comisión está obligada, además, a recabar la opinión de "actores relevantes" vinculados a la Caja de Profesionales.
