El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Ancap presentaron en conjunto una denuncia penal ante Fiscalía tras detectar cientos de usurpaciones de identidad por las que se estaban comprando garrafas de supergás subsidiadas personas a las que no le correspondía el beneficio.
“La denuncia tiene nombres de proveedores donde se registran hechos con apariencia de actos delictivos (…) Se concentra en algunos lugares, no es que se esté haciendo un abuso masivo”, dijo a El Observador el director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi.
El Observador informó en abril que se registraban al menos 200 denuncias por usurpación de identidad. Las personas beneficiadas, según varios casos reportados en ese momento, intentaban realizar una recarga de supergás con subsidio y en los puntos de venta le aseguraban que ya había comprado las garrafas que tenían asignada (dos por mes con un máximo de 12 en el año) pese a que ellos no habían consumido esa cantidad.
Al momento de presentarse ante Fiscalía ya eran más de 680 las denuncias recibidas por el Mides.
El beneficio, que reduce a la mitad el precio de la garrafa de supergás para los hogares que reciben asignaciones familiares, está vigente desde junio de 2022 y hay denuncias públicas por usurpación de identidad por lo menos desde junio de 2023.
Sin embargo, el proceso de denuncia no es sencillo. Cuando un usuario estafado llama al Mides, le piden que vaya a la comisaría a denunciar la usurpación de identidad y que vuelva a las oficinas de la cartera con la denuncia policial. Ahí la reciben y la derivan a Ancap porque es quien se encarga de la implementación del beneficio.
La falta de seguridad del sistema para retirar garrafas con subsidio es el origen del problema. Solo con tener el número de cédula de un beneficiario, se puede acceder a una garrafa a mitad de precio. Incluso, hasta hace poco cualquier integrante de un hogar que recibe asignaciones familiares podía retirar una garrafa con su propia cédula.
Ahora, y con el objetivo de tratar de tener un mayor control, el Mides restringió a una persona por hogar como beneficiaria del descuento. “Muchas veces las personas creían que le habían usurpado la identidad y cuando investigábamos capaz que alguien de su hogar la había sacado”, explicó.
Además, también se implementó un protocolo por el que cuando se detecta el punto de venta que señala la denuncia, el Mides le pasa la información a Ancap que a su vez le traslada la alerta al distribuidor principal y se hace un seguimiento del caso.
Sin embargo, el objetivo final es migrar todo el sistema a TuApp, una aplicación por la que ya se gestionan otras prestaciones sociales y que cuenta con procesos de autentificación de identidad.
La estimación del gobierno, por temas burocráticos y para no hacer el cambio en la mitad del invierno, es que ese servicio a través de la aplicación esté pronto a comienzos de 2025.
De los 300 mil hogares que están habilitados a acceder al beneficio, hay unos 160 mil que efectivamente lo están utilizando.
Preocupación
En Ancap miran el tema con mayor preocupación y están convencidos, según dijeron fuentes cercanas al directorio, de que hay un uso irregular aunque no pueden saber a qué escala.
Los últimos datos disponibles muestran un crecimiento sostenido del uso del subsidio y algunos números llaman la atención en la empresa pública. En mayo de 2024 se vendieron 174 mil garrafas con subsidio, más que en cualquier mes del año anterior, incluido el invierno (la época con mayor demanda).
En abril, el presidente de Ancap había declarado a El Observador que las “vulnerabilidades” del sistema “más obvias” estaban “controladas” pero que había “otras que eran más difíciles”.
