El Ministerio del Interior devolvió la custodia al exministro Nicolás Martinelli dos meses después de quitársela luego del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ya que se presume que el autor intelectual de este crimen es el mismo que amenazó de muerte al político en diciembre de 2024.
La cartera había mantenido la custodia de Martinelli hasta julio, como es costumbre con los ministros del Interior salientes, pero luego decidió retirarla ya que se entendió que no existían amenazas que ameritaran su continuidad. Sin embargo, este lunes autoridades del ministerio se comunicaron con el exministro para comunicarle que le sería restituida.
Según informó Búsqueda y confirmaron distintas fuentes a El Observador, esta decisión se debe a que en diciembre de 2024 Martinelli recibió una amenaza de muerte, que se sospecha provino de quien se investiga como el posible autor intelectual del atentado a Ferrero: Luis Fernando Fernández Albín, líder de la banda "Los Albín".
La amenaza recibida por el exministro se realizó casi en simultáneo a la amenaza a Luis Mendoza, entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en un ataque a unas instalaciones de ese organismo. En aquella ocasión, otras dos personas dispararon contra la fachada de la institución y dejaron un mensaje que decía: "Mendoza, los presos se respetan".
En marzo de 2025 Fernández Albín fue condenado como el autor intelectual del ataque y las amenazas. Los dos autores materiales del crimen se dirigieron a una boca de drogas propiedad del narco tras el atentado, y se comprobó que Albín había advertido en distintas ocasiones que iba a atacar a Mendoza mientras estaba condenado en la unidad de máxima de seguridad de Santiago Vázquez, así como también contaba con información de este y otros jerarcas como chapas matrículas, marcas y modelos de vehículos y barrios de Montevideo y Canelones.
Las autoridades investigan si el atentado a Ferrero es una represalia por la incautación de más de dos toneladas de cocaína en una casa de Punta Espinillo, que se estima pertenecía al grupo liderado por Luis Fernández Albín, vinculado, a su vez, con Sebastián Marset.
Ambos son señalados como presuntos autores intelectuales de un atentado con bomba molotov a la Brigada Antidrogas en mayo de 2020, y a la amenaza que recibió un día después Ferrero, entonces fiscal de Estupefacientes.
“Estamos un poquito enojados, cómo ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, fue el mensaje que recibió en aquella ocasión.
Fernández Albín había sido responsabilizado por el ataque a la brigada y de hecho una de las claves de la investigación en curso consiste en confirmar si el explosivo utilizado en la casa de Ferrero tiene el mismo origen chino que el utilizado aquel día, según reconstruyó El Observador.
El caso de la brigada y la posterior amenaza a Ferrero es el único en el que existen pruebas para iniciar un proceso judicial contra Marset en Uruguay, y el propio narco evaluó entregarse a la justicia uruguaya por la amenaza para dilatar su extradición y la de algunos de sus familiares a Paraguay, que saben derivaría en su entrega a Estados Unidos. Sin embargo, desde Fiscalía indicaron que si Marset y sus familiares llegaban a Uruguay se iba a procesar su extradición a Paraguay, ya que no tenían ninguna causa abierta en su contra. Además, la administración de Lacalle Pou se negó a acordar con el uruguayo.
