El 9 de mayo de 2020, en horas de la madrugada, una bomba molotov explotó en el interior de la Dirección contra el Tráfico Ilícito de Drogas (conocida como Brigada Antidrogas), ubicada en el Prado, y ocasionó daños a cinco vehículos. Más de cinco años después, las autoridades investigan el vínculo entre este ataque y el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
En ambos casos Ferrero, que en aquella ocasión había concretado semanas atrás una incautación de dos toneladas de cocaína como fiscal de Estupefacientes, fue amenazada.
Un día después de aquel ataque, recibió un mensaje en su celular firmado por el Primer Cartel Uruguayo (PCU), que decía: “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”.
Para las autoridades, la principal hipótesis sobre el autor intelectual del atentado que sufrió Ferrero este domingo es que es el mismo que ideó el lanzamiento de la bomba a la brigada y la posterior amenaza a la fiscal: Luis Fernando Fernández Albín, líder de "Los Albín", banda narco que se presume es la encargada de la logística y el traslado de grandes cargamentos de cocaína para el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Fernández Albín había sido responsabilizado por el ataque a la brigada y de hecho una de las claves de la investigación en curso consiste en confirmar si el explosivo utilizado en la casa de Ferrero tiene el mismo origen chino que el utilizado aquel día, según reconstruyó El Observador.
Además, el narco fue condenado por el atentado a las oficinas del INR en 2024, en el que dos personas en una moto dispararon contra la fachada y dejaron un mensaje para el entonces director Luis Mendoza: "Mendoza, los presos se respetan".
Las autoridades también manejan que Fernández Albín viajó en los últimos meses a Bolivia, tal como adelantó el periodista Gabriel Pereyra en Informativo Sarandí. El dato trasladado a los jerarcas del gobierno es que viajó para buscar arreglar el golpe que sufrió la organización con la incautación en agosto de 2.200 kilos de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, carga que iba a ser enviada a Europa y que fue valuada por el Ministerio del Interior en hasta US$ 60 millones.
El caso de la brigada y la posterior amenaza a Ferrero es el único en el que existen pruebas para iniciar un proceso judicial contra Marset en Uruguay, y el propio narco evaluó entregarse a la justicia uruguaya por la amenaza para dilatar su extradición y la de algunos de sus familiares a Paraguay, pero el gobierno de Luis Lacalle Pou se negó a negociar.
El fiscal a cargo de esa investigación, Diego Pérez, imputó a más de 40 personas por el ataque de 2020, y muchos de ellos fueron condenados a través de distintos procesos abreviados.
El intento de entrega de Marset
Entre octubre y noviembre de 2023 el abogado de Marset, Santiago Moratorio, sondeó en distintas reuniones al entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber y a distintos fiscales sobre la posibilidad de que el narco asumiera su responsabilidad de ser el autor intelectual del atentado a la Brigada Antidrogas y de la amenaza de muerte a Ferrero.
La idea de Marset era una entrega en etapas con el objetivo de que sus familiares y él en última instancia comparecieran en Uruguay y evitaran ser detenidos en Paraguay, único país en el que son requeridos por narcotráfico y dónde saben que serán entregados a Estados Unidos, por la intervención directa de la DEA.
Con miras a evitar ese destino, el abogado de Marset inició una campaña para "limpiar" su imagen y tratar de mostrar el costado humano del delincuente para que su propuesta fuera considerada. Con ese objetivo fue que concedió la entrevista al programa Santo y Seña de Canal 4.
La propuesta de Moratorio implicaba que en una primera etapa se entregarían el medio hermano y el cuñado pero con la condición de que no fueran enviados de inmediato a Paraguay y no cumplieran prisión administrativa (como se llama la prisión que se aplica a los detenidos por casos de extradición) mientras llegaba el pedido formal desde Paraguay sino que permanecieran libres, con tobillera electrónica. En una segunda etapa se entregaría García Troche, que luego fue detenida en España y extraditada a Paraguay en 2024, y en la fase final del acuerdo se entregaría Marset.
Sin embargo, desde Fiscalía indicaron que si Marset y sus familiares llegaban a Uruguay se iba a procesar su extradición a Paraguay, ya que no tenían ninguna causa abierta en su contra. Además, la administración de Lacalle Pou se negó a acordar con el uruguayo: "El gobierno no negocia con narcotraficantes", dijo al ser consultado sobre la propuesta el entonces presidente, a fines de 2023.
Los principales involucrados en el ataque a la Brigada Antidrogas
La investigación permitió descubrir que la amenaza a Ferrero en 2020 fue enviada desde un celular perteneciente al contratista de fútbol Gerardo Arias que era utilizado por su hijo, Rodrigo Arias. La amenaza se redactó en un teléfono de Perú pero llegó a Ferrero entre las 14:09 y las 14:13 del 10 de mayo de ese año, un día después del atentado a la brigada, desde el celular que usaba Rodrigo Arias.
Arias fue imputado con arresto domiciliario por 60 días por un delito de violencia privada especialmente agravada por encontrarse involucrado con una organización delictiva, y por un delito de tenencia no autorizada de municiones porque al allanar su domicilio en setiembre de ese año también se encontraron cargadores de armas. Arias declaró que le había dejado el celular a un amigo, Federico Curiel, vinculado al narcotráfico y quien fue asesinado de seis disparos frente a su casa, relató el fiscal en la audiencia.
Su padre también resultó imputado con arresto domiciliario por 30 días por tenencia ilegal de armas y por amenazar a los policías que realizaron el allanamiento cuando buscaban a su hijo.
Según expresó Pérez en las audiencias, una pieza clave de la organización era Rodrigo Fontana Ferreira, conocido como "Loly", a quien se le había incautado un cargamento de 450 kilos de cocaína en febrero de 2020. Se lo consideraba socio de Marset en Uruguay. Fue detenido en marzo de 2021 y extraditado desde Brasil en setiembre de 2022. Se lo imputó por reiterados delitos de importación y exportación de estupefacientes y por tráfico interno e internacional de armas. En julio de 2024 fue asesinado en Rivera.
En octubre de 2020 había sido imputada Romi González, pareja de Fontana. El fiscal relató en la audiencia en la que se la enjuició que en febrero de ese año había sido detenida conduciendo la camioneta con los 450 kilos de droga. Además, afirmó que "con fines de facilitar la actividad ilícita de la organización realizó sendos giros dinerarios" a través de redes de cobranzas. Entre esos giros constaban algunos que recibió de parte de Lourdes Ramírez, otra integrante de la organización, quién a su vez recibía y enviaba giros a al menos siete personas.
Ramírez fue condenada en un proceso abreviado como autora penalmente responsable de un delitos de excepción a las normas relativas a la participación criminal, que castiga a quien preste asistencia a una organización criminal ya sea para favorecer su acción, su mantenimiento o su impunidad. El fiscal Pérez consideró que "realizó y recibió sendos giros dinerarios con conocimiento de que los mismos formaban parte de la actividades ilícitas de la organización".
Otro de los implicados fue Alejandro Borba, a quién se le incautó una moto Kawasaki modelo Ninja que figura como hurtada, con la que se cree que se efectuó el atentado con la bomba molotov en la Brigada Antinarcóticos del Prado. Fue condenado por los delitos de tenencia ilegal de armas, receptación y negociación de sustancias.
