Entonces Moratorio siguió el mismo camino jurídico por el cual el Estado uruguayo fue condenado el año pasado a invertir (más de 143 millones de dólares) en unos 2.000 pacientes de los cuales en algunos casos siquiera se sabe si el tratamiento tuvo efecto, si apenas estiró la calidad de vida unos pocos meses, o si fue un éxito. ¿Qué hizo? Impuso un recurso de amparo porque estaba siendo cercenado uno de sus derechos fundamentales.
Es una vía que popularizó el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República hace poco más de una década, que crece año a año (ya en cuatro meses de 2026 superan las 750 condenas), y que luego unos cinco abogados particulares fueron especializándose en cómo fundamentar la petición.
Como casi todo en la jurídica uruguaya hay al menos dos bibliotecas. La última parte del artículo 44 de la Constitución dice: “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”.
Ante un medicamento que ronda los 30.000 dólares mensuales, casi la mayoría de los uruguayos son indigentes o carentes de recursos suficientes. Si ese mismo artículo se lee desde las definiciones de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas, no importa el valor del tratamiento o la medicación, sino el hogar del paciente (medido por ingresos o por carencias múltiples).
Moratorio ya empezó el tratamiento con una parte de donación, pero eso no le da para continuar en el corto y mediano plazo. Según supo El Observador, el oncólogo Cuello dijo en la audiencia que el pronóstico de vida en una enfermedad como la que aqueja al virólogo es de unos pocos meses. Y que, en parte gracias a esta medicación, sigue vivo.
No usó la palabra “milagro”, por eso de que la justificación es científica. Pero explicó cómo la detención del avance del tumor le da sobrevida y calidad a un cuerpo que, poco a poco, se va deteriorando.
Casi la mayoría de los jueces civiles hacen la primera interpretación del artículo constitucional y resuelven a favor del paciente (como en el caso Moratorio). Solo el 7% de los fallos no condena al Estado a proveer la medicación o el fármaco. Pero, a la vez, la línea más ortodoxa de los constitucionalistas sostiene que un artículo constitucional solo puede ser interpretado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia y no por un juez.
Y ahí empieza a verse una tensión entre la capacidad del Estado de financiar aquello que ni siquiera está en Uruguay, que lo suelen tramitar solo tres laboratorios, y que los precios incluso varían dependiendo quién y cuándo lo traiga.
La propia Lucía Delgado, que había ocupado el máximo cargo en Oncología Clínica y presidió el Colegio Médico del Uruguay, intentó buscarle una solución a un problema que se repite en otros países (sobre todo en América Latina, el continente más desigual). Y ella misma, sabiendo que el accionar del médico es asesorar al paciente, darle las alternativas y ver su beneficio aunque a veces no sea la cura (más de un tercio de las condenas por amparo son por cánceres), reconoce que en el fondo hay una discusión que implica un acuerdo social: cómo se reparten los fondos públicos, para qué se destinan, cuáles son los límites. Y eso va al fondo de la dificultad.
Al fondo del Fondo
Era la dictadura, poco antes del plebiscito de 1980. Unos médicos, sobre todo de nefrología, traumatología y cardiología —entre ellos el forjador del primer marcapasos del mundo— convencen al ministro de Salud de la época de crear institutos de medicina especializada y un Fondo Nacional de Recursos porque el avance y costos de los tratamientos no estaban pudiendo ser absorbidos por las instituciones de salud del momento.
Ese fondo fue dando solo tratamientos, como ortopedias, trasplantes, diálisis. Se pagaba por acto y en un momento el descontrol fue tal —al punto que se le ponía una prótesis de rodilla a alguien que apenas rengueaba— que, a fines de noventa, el FNR quebró. Les debía a los proveedores y a las instituciones de salud.
En los 2000, crisis financiera mediante, se rediseña, se piden otras exigencias, control de otras opiniones médicas, de la calidad de los centros especializados y ese fondo empieza a resucitar.
Menos de cinco años después llega al poder un médico oncólogo, Tabaré Vázquez. Y es en su mandato, ya en la ley de Presupuesto, que el FNR empieza a incorporar también los medicamentos biológicos. Pasaba que la ciencia y las opciones médicas avanzaban (y avanzan) muchos más veloz que aquello que el Estado incorpora o subsidia.
Hasta 2025 se incorporaron 67 medicamentos para tratar 45 enfermedades distintas. “La mayoría no son para una cura, sino que prolongan la vida o la calidad de esa vida. Solo hay un fármaco contra la hepatitis C que realmente se vio que pone fin a la patología”, explicó a El Observador Alicia Ferreira, presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos.
En su voz se escucha el uso de la razón, de ese que es capaz de despojarse al máximo de los sentimientos, de quien es especializada en la materia hace años. Pero también se percibe el “afecto personal” que le tiene a Moratorio. Han tenido que lidiar juntos (en distintas trincheras) contra la pandemia.
El médico tiene la obligación ética de salvarle la vida a un violador que fue baleado, como al premio Nobel de Medicina. Y bajo esa lógica deontológica y también “bajo la lógica de justicia social en el acceso a la salud como derecho”, dice Ferreira, “ante un amparo judicial no se pueden hacer excepciones y como no son medicamentos o tratamientos incorporados en Uruguay, el Estado suele apelar”.
El gobierno anterior intentó una posible solución: incorporar algunos de los medicamentos que más amparos generaban de manera tal que le fuera conveniente comprar el fármaco negociando precios que salir a las corridas tras un fallo judicial.
“La búsqueda de la administración anterior fue un buen intento, se incorporaron más medicamentos que nunca antes (con el requisito de que ya hayan pasado la fase de experimentación), pero los amparos no frenaron, siguieron creciendo y el Fondo Nacional de Recursos siempre termina pidiéndole al Ministerio de Economía que le aumente la cuota de pasaje de rentas generales para saldar un costo que es altísimo, a veces sin siquiera cumplir con las recomendaciones médicas”, explica Ferreira.
¿A qué refiere con eso de las recomendaciones? Lo narra con un ejemplo. El Estado uruguayo fue condenado a dar un medicamento a un paciente por un trastorno neurológico. Es una medicación que la propia Agencia de Medicamentos de Estados Unidos —una de las más exigentes y que es referencia para Uruguay como también lo es la europea— prohíbe su comercialización salvo que haya un equipo médico que siga semanalmente al paciente (por sus efectos que puede tener). “Y en Uruguay se gastan decenas, a veces centenas, de miles de dólares en traer eso porque lo dictaminó un juez, cuando ni siquiera está el equipo médico para hacerle seguimiento o cuando el MSP, como no accede a las historias clínicas de los pacientes, está ciego para ver en qué medida dio resultado una medicación”.
¿Y por qué dice que el costo es altísimo? Lo cita en cifras crudas sin desconocer que detrás hay personas. El FNR destinó el año pasado 143 millones de dólares para 2.000 pacientes. En el mismo período gastó 122 millones de dólares para financiar a 14 mil tratamientos que sí están incluidos en Uruguay. Es decir: para aquellos que fueron por un amparo el Estado tuvo que poner ocho veces más dinero por cabeza.
Rodrigo Rolón es el abogado de Moratorio e integró en su momento el Consultorio Jurídico de la Udelar. Matiza esa estadística con un ejemplo: “No todos son medicamentos de 30.000 dólares por mes, muchos son prótesis reversa de hombro. Es una vez, menos de 6.000 dólares, y le cambia la vida por completo a la persona”. Pero, ¿por qué ese tratamiento se accede por amparo?
“La salud es un negocio. Hay laboratorios que lucran e incluso médicos que puede que hagan lo mismo. Pero como es un derecho humano fundamental, tal vez uno de los más fundamentales luego del derecho a la vida, la política pública del Estado debería revisar mejor qué incorpora a las prestaciones y tratamientos (PIAS y FTM), administrar y redistribuir mejor”- Rolón habla de manera pedagógica y abstrayéndose del caso de su cliente. Es algo que lo viene pensando y discutiendo desde su etapa universitaria.
Entonces empieza a lanzar preguntas retóricas: ¿por qué Uruguay no hace alianzas con otros países para comprar a mejor precios los medicamentos como lo hace la Unión Europea? ¿Por qué necesariamente un tratamiento se tiene que hacer en el mismo prestador de salud y eso genera que algunos médicos puedan estar “lucrando”? ¿Por qué no se piensa qué ya no se usa de las prestaciones y qué hay que incorporar? ¿Por qué no se invierte en investigación para que, como hizo Moratorio con los test de COVID-19, el día de mañana Uruguay tenga su propia solución a parte de los problemas?
A Ferreira, quien también es asesora de la ministra de Salud, muchas de estas preguntas no la interpelan, sino que comparte con el abogado. “Hay un problema de actualización, mucho más con cómo avanza la medicina. Las operaciones de rodilla casi todas son con artroscopía y no está incorporado, tampoco algunas laparoscopías (recién se incorporó para la apendicitis que en la práctica muchos prestadores ya lo hacían así)”. La doctora hace una pausa y se mete con parte del corporativismo médico: “Es cierto que hay muchos conflictos de interés, que hay médicos que recetan tratamientos que solo ellos hacen o que sugieren hacerse con ellos”.
Y ambos, sin saber que se habló con la otra parte, coinciden en una frase textual: “Hay que repensar las prioridades, pero de todo el Estado”.
