El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una nueva investigación vinculada a la Operación Trazador, mediante la cual se incautaron 260 kilos de pasta base y se logró la condena de tres personas, entre ellas la de un asesor blanco en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) por lavado.
Fuentes de Fiscalía confirmaron esta información, divulgada en primera instancia por La Diaria. Este lunes, además, el fiscal se reunió con policías de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), tal como había informado El Observador la semana pasada.
Esa reunión tuvo como objetivo recibir información de primera mano sobre el caso. Tras el encuentro, Rodríguez resolvió abrir una nueva investigación.
Según consignó La Diaria, el trabajo se centrará en la operativa de blanqueo que llevaba adelante la organización que estaba detrás de la Operación Trazador a través de casas de cambio y locales de cobranza.
Por este caso hubo tres condenados que alcanzaron un acuerdo con la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano. Entre ellos estaba Pablo Leiva, exasesor del edil blanco Gonzalo Gómez (fue desvinculado cuando se conoció su participación en el caso), pero también el líder de la banda que traficaba droga y su pareja. La operativa se centraba en la venta de drogas en los barrios Marconi, Villa Española y Pérez Castellanos. Y Leiva se encargaba de blanquear el dinero.
En los últimos días el programa La verdad de la milanesa difundió el audio de uno de los interrogatorios a los que fue sometido Leiva al ser detenido.
Allí se lo escucha argumentar que tenía dinero en efectivo en su casa porque "trabajaba" en un cambio y nombrar a una persona, vinculada a un local de este tipo, con quien trabajaba. "Yo lo que trabajo es para un cambio. Por eso la plata", se oye decir a Leiva.
El exasesor blanco y las otras dos personas fueron condenadas, por lo que la investigación sobre su participación en este caso se cerró al asumir la responsabilidad de los hechos y cerrar un acuerdo.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación había aclarado en un comunicado que, de surgir "nuevos elementos" sobre otras personas relacionadas a los hechos vinculados a la "Operación Trazador", correspondía que fuera la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos (a cargo de Rodríguez) quien determine las "actuaciones que correspondan".
Según la Fiscalía, cuando se realizó la audiencia para condenar a estas personas "no surgían elementos" de la carpeta de investigación "que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado de activos, más allá de los ya condenados".
Durante la investigación policial surgió que Leiva, además, realizaba operaciones en un local de cobranzas de la cadena Abitab propiedad de Jorge Gandini y su esposa. Esto, sin embargo, no fue objeto de investigación en la órbita de Fiscalía cuando se llegó a la condena.
Gandini convocó días atrás a una conferencia de prensa para explicar que no conocía a Leiva —sí a su hijo, militante de Por la Patria y también contratado (y luego desvinculado) como asesor del edil Gómez— y que no tenía ningún tipo de vínculo con la actividad ilícita de esta persona.
Dijo que era cliente habitual del Abitab porque vivía cerca y que allí había pagado un par de facturas del BPS vinculadas a dos empresas constructoras y también alguna del DGI. Según el exsenador blanco, Leiva padre no utilizaba la ventanilla del Abitab destinada al cambio de moneda.
