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13 de noviembre 2025 - 5:00hs

Para este gobierno, la transparencia es un tema innegociable, aún cuando ser transparente implica quedar, y disculpen la expresión, como decimos en el interior, con la cola al aire”, Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, 30 de mayo de 2025

Yo soy garantía de transparencia. Capaz que están acostumbrados a muchos años de que no era transparente el gobierno”, Luis Lacalle Pou, presidente electo, 1° de marzo de 2020

En el discurso, la transparencia suele estar entre las prioridades de todo gobierno. Antes de asumir o en el transcurso de los primeros meses de gestión, los jerarcas suelen hacer gala de la transparencia y aseguran que la aplicarán en todas sus actividades como gobernante. Pero en la práctica, el discurso se choca con la realidad y con prácticas instaladas en el Estado que, en general, van en sentido contrario.

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A tal punto que muchas veces el gobierno, independientemente de quien esté en el poder, declara reservada información a pesar de que no existan argumentos para hacerlo y en general, según ha denunciado el Centro de Archivo y Acceso a la Información (Cainfo), incumpliendo el decreto reglamentario de la ley que establece que hay que explicar cuál sería el daño en caso de que la información se difunda.

Y un ejemplo de esos llevó a que la oposición hiciera valer este martes su mayoría en la Cámara de Diputados y obligara al Ministerio del Interior a reconocer un error y dar marcha atrás en la declaración de reserva. Si bien los pedidos de informes de los legisladores y las solicitudes de acceso a la información pública que puede hacer cualquier ciudadano están regulados por distintas normas, la posibilidad de declarar reservada la información está contemplada en esta última normativa.

La historia comenzó el martes 5 cuando el diputado blanco Juan Martín Rodríguez fue notificado que el Ministerio del Interior había respondido a un pedido de informes –realizado junto con la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita y el colorado Sebastián Sanguinetti– sobre el cambio a los pasaportes que afectó el ingreso de uruguayos en algunos países.

Como la respuesta había sido declarada reservada, y ante un nuevo protocolo implementado por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, los legisladores tuvieron que retirar personalmente la respuesta y firmar un acta en la que se comprometen a no difundir la información. Es decir, recibieron la información pero no podían hacer nada con ella.

¿Cuál fue la información que se declaró reservada? Respuestas a preguntas tales como ¿Cuántos pasaportes se han emitido de acuerdo a la nueva reglamentación? O ¿Cuántas han sido, a la fecha, las personas afectadas?

El jueves, cuando levantó la información, Rodríguez avisó a los coordinadores de todos los partidos y al presidente de la Cámara de la situación y decidió presentar una “cuestión de fueros” en la sesión de este martes. Este tipo de planteos se realizan –y se aprueban– cuando la cámara entiende que el Poder Ejecutivo está vulnerando la función de contralor que tiene el Parlamento.

Para aprobar una cuestión de fueros es necesario llegar a los 50 votos o a dos tercios de los presentes. El martes al mediodía el coordinador de la bancada de los blancos, Juan José Olaizola, le transmitió a Rodríguez que, en principio, no estaban los votos. Sin embargo, a partir de allí, el diputado blanco empezó a hablar con los distintos partidos para lograr alinear a toda la oposición y para asegurarse que todos estuvieran en sala a la hora de votar porque llegar a los dos tercios era imposible con el Frente Amplio en contra.

Rodríguez se aseguró el votó de Cabildo Abierto a través de la diputada Silvana Pérez Bonavita, una de las redactoras del pedido de informes, de los colorados y también de Identidad Soberana. Lo más difícil fue lograr que todos estén en sala. Por eso el tema quedó para el final de la sesión y recién sobre las 19:00 de este martes la cuestión de fueros fue planteada. Con 50 votos (solo faltaba un colorado) la oposición logró imponerse.

“Hay información en las respuestas (al pedido) que estuvo circulando en los medios de prensa. Sinceramente presidente, para este diputado la actitud que ha tenido el ministro Negro es una vulneración y un abuso de la potestad que la ley de acceso a la información le consagra”, dijo en sala el diputado blanco.

Cuando la oposición ya había logrado hacer valer su mayoría y el tema se estaba discutiendo en el plenario, el asesor del ministro Negro, Leonardo Machado, envió un correo electrónico a la Presidencia de la cámara en el que admitía un error en clasificar de reservados algunos pedidos de informes.

“A través del presente y ante consultas de legisladores quiero aclarar que por error de la secretaría administrativa del ministro y por una mala lectura de algunos protocolos internos del Ministerio del Interior, fueron respondidos algunos pedidos de informes con el rótulo de reservado, información que no correspondía catalogar con esa categoría”, dice el mail enviado por Machado a las 19:45 que también contiene un pedido de disculpas y asegura que se va a enviar el listado de los pedidos en los que se cometió ese error.

El Observador intentó comunicarse con el Ministerio del Interior y pese a que desde la Unidad de Comunicación se transmitió que Machado era la persona designada para hablar, no fue posible el contacto.

Una práctica instalada

En 2012, cuando el ministro del Interior era Eduardo Bonomi, la cartera aprobó ocho resoluciones que establecían el marco para que una cantidad de información generada y en poder del Ministerio sea declarada reservada.

En esa categoría incluyó todos los datos vinculados a la estructura edilicia de las distintas dependencias del ministerio, las informaciones de urgencia, investigaciones y sumarios administrativos, los datos sobre hechos y personas recabados en los registros policiales, la cantidad de efectivos, móviles y tecnología disponibles, la estrategia y planificación de las actividades vinculadas a procedimientos de combate a la delincuencia la infraestructura carcelaria y la compra y venta de materiales e insumos que utiliza el personal policial, como vestimentas, armas, equipos de comunicación, vehículos de transporte, cantidad de combustible asignado a los mismos, equipamiento para combate de fuego y otros siniestros, entre otros, según reportó la prensa en aquel momento.

Eso generó la reacción de la entonces oposición y Bonomi fue citado al Parlamento. Incluso, la Unidad de Acceso a la Información Pública cuestionó en 2013 a la cartera por utilizar un criterio genérico y pidió que lo adecuara.

Sin embargo, esa práctica se mantuvo a lo largo de los años y en la administración pasada no solo no fue modificada sino que se utilizó con la misma lógica, según reconocieron a El Observador integrantes del gobierno anterior.

Van cambiando los gobiernos y el que está en la oposición se queja y en el que está en el gobierno lo mantiene”, dijo a El Observador el presidente de Cainfo, Fabián Werner y agregó que particularmente el Ministerio del Interior tiene un “largo historial” en este tema.

Cainfo viene “viendo y diciendo” desde por lo menos 2013, que “hay una especie de abuso de los organismos públicos del uso de las excepciones, en particular en el tema de la reserva”.

Se repite

Los legisladores no son los únicos afectados por este tipo de decisiones del Ministerio del Interior. La declaración de reservado es una práctica habitual ante solicitudes de acceso a la información pública.

El Observador realizó al menos cinco solicitudes de acceso a la información pública entre 2024 y 2025 que fueron declaradas reservados. En un caso, incluso, la respuesta inicial decía que la información solicitada (una evaluación sobre el programa Barrios sin violencia) no existía pero ante la insistencia de El Observador la cartera reconoció que sí existía pero la declaró reservada.

Esa solicitud fue presentada en febrero de este año, se incumplieron todos los plazos previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la respuesta final –que llegó en junio– se hace mención a las resoluciones de Bonomi del 2012. Pero, además, mucha de la información que se declaró reservada había sido publicada por el propio gobierno en su página web.

Los otros cuatro casos son sobre distintos temas pero tienen un punto en común: fueron todos respondidos el 4 de noviembre de este año (pese que habían sido presentados entre agosto de 2024 y agosto de 2025) y declarados reservados. La información solicitada iba desde la categorización de los homicidios según la nueva tipología (algo que el propio Ministerio del Interior hizo público en algún momento) hasta saber si los delitos se denunciaban en las mismas seccionales en las que ocurrían.

Uruguay fue uno de los países pioneros en 2008 al aprobar una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, desde entonces la norma no se ha actualizado y los pocos cambios que se le hicieron fueron para restringir el acceso a la información.

Uno de esos cambios, realizado en 2013, afecta directamente los casos a los que refiere esta nota ya que agregó la posibilidad “excepcional” de declarar reservada la información en el momento que se recibe una solicitud y no solo cuando la información se genera.

Otras molestias con Negro

La oposición también está molesta con el ministro del Interior porque, pese a distintas convocatorias, ha comparecido pocas veces ante el Parlamento. Más allá de los temas presupuestales, Negro solo fue una vez a una comisión del Parlamento.

Sin embargo, hay tres convocatorias que esperan por una respuesta del ministro. En julio fue convocado a la comisión de Deporte por los incidentes en el clásico del intermedio, en agosto a la de Asuntos Internacionales por los cambios a los pasaportes y hace unos diez días a la de seguridad en el marco del atentado a Mónica Ferrero. Hasta ahora no fue a ninguna de las tres convocatorias.

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