Una delegación del Ministerio de Salud Pública encabezada por la ministra Cristina Lustemberg compareció este martes ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuestos para presentar y defender los artículos que incluye el proyecto vinculados a la cartera.
Durante la comparecencia la ministra precisó alguno de los lineamientos de la cartera y explicó detalladamente el articulado correspondiente a Salud Pública. Uno de los artículos de la ley de Presupuesto, y explicado por el MSP, introduce un cambio en el régimen de publicidad de las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (mutualistas, seguros de salud, etc).
“Se incorpora un artículo que refiere a correctivos al régimen de publicidad de las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, de forma de asegurar que los recursos provenientes de la cuota salud se destinen exclusivamente a las prestaciones que deben brindar obligatoriamente los prestadores públicos y privados a sus usuarios”, dijo Lustemberg en comisión según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Se trata del artículo 398 del proyecto que agrega un inciso al artículo 20 de la ley 18.211 que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Lo que podrá hacer el Poder Ejecutivo, si se aprueba el proyecto tal como lo envió al Parlamento, es “disponer correctivos al régimen de publicidad” de las instituciones para “asegurar que los recursos provenientes de la cuota de salud (…) se destine exclusivamente a las prestaciones que deben brindar obligatoriamente”.
En otras palabras, el gobierno se quiere asegurar que las instituciones privadas no utilicen el dinero que reciben del Estado para hacer publicidad.
La economista Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), aclaró que no se prohíbe la publicidad pero sí es importante que los recursos públicos sean destinados para “el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores y, principalmente, para brindar acceso al plan integral de prestaciones y al FTM (medicamentos)”.
“Nuestro sistema, en el año 2024, el Fonasa, gastó aproximadamente US$ 3.600 millones, y es importante que esos fondos sean destinados a los usuarios, poniendo el foco en el acceso a las prestaciones”, agregó la economista.
Desde la oposición, el diputado blanco Pablo Abdala consultó por qué esto no podía hacerse con la normativa vigente ya que, desde su punto de vista, el mismo artículo 20 establece que el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar esta actividad. “Por lo tanto, al reglamentarla podrá establecer los límites que entienda conveniente”, dijo en la comisión.
Sin embargo, Pradere explicó que hubo distintos intentos de reglamentar ese artículo pero fueron impugnados porque el artículo de la ley era “demasiado restrictivo”. “Lo que se hace es corregir la ley o agregar determinadas facultades a la ley para que este artículo pueda ser implementado”, aseguró.
El desvelo de Lustemberg
Otro de los temas que se discutió en la comisión fue el de los tiempos de espera en las instituciones. “Reducir los tiempos de espera es un desvelo”, dijo la ministra y agregó que hay “dificultades importantes” tanto en mutualistas como en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
“A marzo de este año, en ASSE había 421.000 personas esperando para ser vistas por un especialista”, ejemplificó y agregó que oftalmología, psiquiatría, dermatología, traumatología y odontología son las especialidades más críticas para el organismo.
Además, dijo la ministra, hay una lista pendiente de 14.400 niños para ser evaluados en las Casas de Desarrollo (centros de atención para niños, niñas y adolescentes).
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que el proyecto de Presupuesto no contiene ninguna partida presupuestal para disminuir los tiempos de espera. Tanto Lustemberg como Pradere explicaron que los cambios que están introduciendo en este tema no requieren de “cambios legislativos” ni tampoco de partidas presupuestales, al menos del MSP.
Disminuir “sustantivamente” los tiempos de espera en el sistema de salud fue uno de los compromisos que asumió el presidente Yamandú Orsi cuando todavía era candidato. Sin embargo, los desafíos no son menores.
El MSP ya comenzó a trabajar en el tema e instaló, en el marco de la Junta Nacional de Salud, una comisión sobre los tiempos de espera. Allí están representados los trabajadores, los usuarios, los prestadores, el Poder Ejecutivo y el Banco de Previsión Social (BPS).
El ministerio ya bajó una propuesta a esa comisión que tiene “distintas dimensiones”. Por un lado, la idea es mejorar los sistemas de información para que permitan medir de “manera adecuada” los tiempos. Tal como informó El Observador en mayo, la mayoría de los prestadores de salud cumplen con la normativa sobre este tema pero eso se debe a que la forma en que se registran los tiempos de espera no es precisa.
“Es bien complejo cómo medir en qué momento se genera la demanda y a partir de cuándo nosotros empezamos a contabilizar los tiempos de espera”, explicó Pradere.
Otro punto es definir tiempos de espera para pruebas diagnósticas como tomografías y otros procedimientos así como revisar los ya existentes para consulta externa e intervenciones quirúrgicas. Y también es necesario, en la visión del MSP, un cambio cultural.
“Hoy tenemos un uso del sistema de salud que no necesariamente es el más adecuado y es preciso educar o contribuir desde la política pública a la educación de los usuarios sobre cuál es la mejor manera de circular o de transitar por esos servicios de salud poniendo el foco en el primer nivel de atención y eludiendo la sobrecarga de especialistas en los casos que no sean necesarios o que sean evitables”, agregó Pradere.
El otro aspecto sobre el que el MSP está trabajando es el de la disponibilidad de los especialistas. Si bien Pradere aseguró que Uruguay es uno de los países de América que tiene mayor cantidad de médicos por habitante, señaló que es necesario avanzar en “términos de planificación de recursos humanos”.
Incluso, Pradere aseguró que la “sobreoferta” de recursos humanos “muchas veces opera en detrimento de la calidad de ellos”. “Lo que necesitamos es que la práctica y el número de pacientes que los profesionales atienden sean adecuados. Siempre se pone el ejemplo de que uno se quiere operar con aquel que ya operó varias veces y que opera más, no con el que hace dos años que no opera sobre esa patología por la que uno quiere atenderse”, explicó.
