La larga e intrincada historia de los terrenos por los que hoy pasa una parte de la ruta panorámica de Punta Ballena –y sus dos miradores– tuvo este martes un nuevo episodio con mayores consecuencias que las que se ven a simple vista.
El Ministerio de Ambiente finalmente decidió rechazar la autorización ambiental para el proyecto de 29 edificios de 4 pisos que los propietarios de los terrenos pretendían hacer en la zona de Punta Ballena. Esa resolución, que se basa sobre todo en el informe elaborado por los técnicos de la cartera que había sugerido rechazar la autorización, no solo echa por tierra el proyecto sino que hace caer un acuerdo de más de diez años y hace que una parte de esa zona vuelva a manos de privados.
En 2014, la Intendencia liderada por el frenteamplista Óscar de los Santos firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos que establecía que la Intendencia avalaba la realización de un proyecto inmobiliario en la zona, permitía la edificación y como contrapartida los propietarios cedían al gobierno departamental los terrenos por los que pasa una parte de la ruta panorámica y donde están los dos miradores de la zona.
Ese acuerdo tuvo una adenda en 2016, cuando Enrique Antía era el intendente, y en 2017 fue aprobado por unanimidad por la Junta Departamental. “Creo que es bueno que el pueblo de Maldonado tenga esa hectárea (la que pasaba a dominio público), además es en la punta, es la parte más bonita y creo que es la parte más resaltable de ese lugar”, decía por entonces el edil blanco Darwin Correa según la versión taquigráfica de la sesión del 8 de agosto de 2017 a la que accedió El Observador. El edil también destacaba que era un “buen negocio” para la intendencia.
Pero no solo los blancos defendieron en la Junta la aprobación de este acuerdo. El edil frenteamplista Federico Guerra reconocía que el “canje” no era “maravilloso” pero decía que las concesiones que se realizaban eran “mucho menores” a otras que muchas veces también se votaban en ese ámbito. “Se culmina un proceso que es importante para el departamento, que es importante para desarrollar algunas obras que están pendientes y que nos van a venir muy bien”, decía Guerra.
Sin embargo, ese documento aprobado con el respaldo de todos los partidos políticos tiene un pasaje que la resolución de este martes del Ministerio de Ambiente hace que pierda validez todo el acuerdo.
“La aprobación de la presente transacción por parte del Ministerio Público y por parte de la Junta Departamental serán ad referéndum de su aprobación final por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente requerida para la validez plena del presente acuerdo”, dice el texto de 2014.
¿Cómo sigue?
Los promotores del proyecto recién fueron notificados en las últimas horas sobre la resolución del ministerio y todavía no están del todo claro los pasos a seguir. Sin embargo, en una entrevista concedida a El País en julio de 2024, uno de los principales promotores del proyecto, el argentino Ezequiel Carballo, dio algunas pistas de cuáles podrían ser las reacciones ante un rechazo del ministerio.
Consultado acerca de qué pasaría si el Ministerio de Ambiente negaba la autorización ambiental, el empresario decía que se volvía al punto posterior a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que falló en 2004 que la propiedad de los terrenos era de los herederos de Antonio Lussich y no de la Intendencia de Maldonado.
El paso siguiente a esa sentencia, decía Carballo, era iniciar “el trámite de ejecución de sentencia”. “Y ese trámite, en este caso, es simplemente intimar a la parte ocupante (la Intendencia de Maldonado) a que desaloje el predio y le haga entrega del mismo al legítimo propietario”, le decía al mencionado matutino.
En esa misma entrevista, Carballo aseguraba que él va a Punta del Este a descansar y que no le interesa “pleitear”, por lo que al tener una resolución desfavorable, como finalmente ocurrió, pondría a la venta los terrenos. “Seguramente alguien con afán de litigar, los comprará y continuará con las acciones legales. Acciones legales que son muy sencillas porque es un trámite de ejecución de sentencia, no es que hay que hacer un juicio. Esto ya está terminado desde el punto de vista jurídico”, agregó.
Al ser un acto administrativo, los promotores del proyecto también podrían presentar un recurso de revocación, primero ante el propio ministerio y luego ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo, para intentar revertir la resolución del Ministerio de Ambiente.
Al mismo tiempo, según pudo saber El Observador, por ahora la Intendencia de Maldonado no hará ningún movimiento respecto a los terrenos que pierde.
Reserva natural
En paralelo a todo este proceso, los vecinos de Maldonado se organizaron, recolectaron firmas y las presentaron ante la Corte Electoral para que la Intendencia establezca una “servidumbre non-aedificandi” sobre los terrenos así como declarar la zona reserva natural departamental.
El organismo electoral ya validó las firmas –que alcanzaron el 15% del padrón electoral departamental– y envió la propuesta a la Junta Departamental. Ahora los ediles deben estudiar la propuesta y votarla. Si se aprueba se transforma en decreto departamental y si lo rechazan el intendente Enrique Antía deberá convocar a un plebiscito sobre el tema junto a las elecciones departamentales.
Ediles blancos dijeron a El Observador que la idea es aprobar por unanimidad la propuesta de los vecinos, que impediría construir en la zona. Para empezar a estudiar la propuesta, la Junta Departamental designó una comisión de siete miembros –cinco del oficialismo y dos de la oposición– que empezó a trabajar esta semana.
Los ediles están esperando información de la Corte Electoral y la idea es que entre fines de febrero y principios de marzo se convoque a una sesión para aprobar la propuesta.
Esto cambiaría el valor de los terrenos y para los promotores del proyecto inmobiliario se trata de un “cambio en las reglas de juego”. Una vez que se apruebe decidirán los pasos a seguir.