La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se manifestó este viernes sobre el desborde de las denuncias por violencia basada en género y acusó pocos recursos destinados al organismo en el Presupuesto presentado días atrás por el Poder Ejecutivo.
Según se puede leer en la web oficial, el Poder Judicial presentó un proyecto presupuestal que incluye un capítulo específico destinado a la violencia basada en género y a la protección de las infancias. En respuesta al creciente aumento de casos y la necesidad de una atención más eficiente, la propuesta busca mejorar la capacidad del sistema judicial para atender a las personas más vulnerables del país.
El proyecto solicita la creación de 24 nuevos juzgados especializados en violencia basada en género, de los cuales 18 estarían destinados al interior del país y 6 a Montevideo. Actualmente, el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo contempla solo 5 juzgados adicionales, todos ubicados en el interior, con una notable ausencia de asignaciones para la capital.
Desde la implementación de la Ley Nº19.580, en 2018, que estableció la creación de juzgados para tratar estos casos, el Poder Judicial ha hecho esfuerzos continuos para atender la creciente demanda. En el presupuesto de 2020, se lograron tres juzgados adicionales para el interior, cifra que, gracias a un reordenamiento interno, se incrementó a 8 juzgados en departamentos como Maldonado, Salto y Rivera. Sin embargo, la demanda sigue superando con creces la capacidad actual, con un aumento del 30% en las audiencias relacionadas con violencia basada en género y protección infantil en el interior del país entre 2023 y 2024.
Según los informes, hay departamentos, como Canelones, donde se inician más de 1.000 expedientes anuales por violencia de género y donde actualmente no existen juzgados especializados. En ese departamento, por ejemplo, se han iniciado aproximadamente 4.500 expedientes anuales. Además, se suman los casos pendientes que requieren seguimiento y resolución, lo que demuestra la saturación del sistema judicial.
En este contexto, el Poder Judicial ha solicitado un incremento del presupuesto destinado a la violencia de género y protección de infancias, con un 30% del aumento total destinado a esta área. Esto subraya la importancia de atender esta problemática como una prioridad, en un esfuerzo por garantizar una atención oportuna y de calidad a la población vulnerable.
El presupuesto también contempla la incorporación de más defensores, técnicos (como psicólogos y psiquiatras) y funcionarios, que son fundamentales para asegurar la efectividad del sistema. Actualmente, los jueces especializados reciben entre 30 y 50 denuncias diarias, realizan entre 10 y 15 audiencias al día, y deben gestionar un gran número de expedientes en trámite, lo que excede la capacidad del sistema.
Además, en 2024, los jueces realizaron más de 3.200 visitas a centros del INAU para monitorear la situación de niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de la Acordada 8.208, que surgió tras reiteradas constataciones de vulneración de sus derechos.
El proyecto también incluye un enfoque en la capacitación continua de los operadores del sistema judicial, con énfasis en la violencia basada en género, mediante programas ofrecidos por la Escuela Judicial (CEJU).
La Suprema Corte de Justicia destacó que estos pedidos no son caprichosos, sino respuestas necesarias y urgentes ante un aumento de los casos y una creciente demanda de justicia en estos temas. En sus palabras, "con recursos limitados, se han podido crear 8 juzgados", pero el compromiso del Poder Judicial con la protección de las personas vulnerables es firme, y se espera que el sistema político otorgue los recursos necesarios para garantizar que el Poder Judicial continúe brindando respuestas oportunas y efectivas en una cuestión tan crucial como la protección de vidas.
