Dos oficiales de la Armada viajaron a Vigo (España) y a partir de este miércoles comenzarán a controlar la construcción de las patrulleras oceánicas que Uruguay le compró al astillero gallego Cardama, confirmó el vocero del Ministerio de Defensa, Alejandro Camino.
La misión oficial se extenderá durante un año, había dicho en julio la ministra Sandra Lazo en entrevista con El Observador.
Se trata de los dos mismos oficiales que ya estuvieron en una misión de iguales características, pero mucho más breve, entre el 28 de mayo y el 6 de junio: los capitanes de Navío Ismael González y Héctor Cardozo.
Según declaró en la entrevista citada, los oficiales le reportarán en forma directa a ella y no a la Armada. Sus informes serán analizados con asesoramiento de la Facultad de Ingeniería de la Udelar.
“Hay algunas alertas que a nosotros nos dejan un poco nerviosos. Por eso es que decidimos estar más arriba de este proceso. Vamos a no amputarnos la posibilidad de tener a alguien que esté permanentemente allí. Por eso enviamos esta nueva misión”, dijo Lazo en julio.
Por diversos motivos la partida de los dos oficiales se pospuso y recién ahora están instalados y listos a comenzar su trabajo.
El informe elaborado por los dos oficiales tras volver de su primera misión de observación en Cardama no se ha conocido, aunque la presentación que hicieron ante los capitanes de navío de la Armada se filtró a la prensa a fines de julio.
Allí se señalaba que los planos de las patrullas oceánicas adquiridas a Cardama no están aprobados, y que la empresa comenzó su construcción sin tener el permiso para hacerlo.
De acuerdo con la presentación, difundida en primera instancia por la radio M24, Cardama inició una nueva etapa de la construcción de los buques el 15 de abril, casi cinco meses después de la firma del contrato con el gobierno uruguayo en diciembre de 2024. En mayo se realizó la puesta de la quilla, que marcó el tercer hito de construcción por la que el Estado debió pagar € 12,3 millones. Hasta el momento Uruguay ya pagó € 28,7 millones por los buques.
El precio total de las dos OPV es de € 82,2 millones.
El 27 de mayo el Ministerio de Transportes español recibió el permiso de construcción solicitado por el astillero, el que aún no había sido aprobado cuando los dos oficiales uruguayos redactaron su informe.
En un correo electrónico presente en el reporte, se marca que "es un riesgo que asume el astillero, construir con planos en proceso de aprobación ya que esto les puede suponer algún problema o sobrecoste".
Además, el informe indica que tampoco está firmado el contrato de "control de soldaduras" de las patrullas entre el astillero y la empresa Lloyd's Register (LR), que terceriza ese servicio.
A ello se suma que hay contratos firmados que no tienen "firmas certificadas ni protocolo notarial", "faltan contratos y anexos técnicos", que el balance eléctrico está "incompleto" y los motores fueron adquiridos sin intervención de LR.
"El proyecto, diseño y los planos (incluido el plano final de la cuaderna maestra) están en fase de ser aprobados", remarca la presentación, que concluyó que Cardama "no tiene la capacidad de construir los 42 módulos en el plazo establecido" y "toma riesgos, ya que los planos aún no presentados podrían tener observaciones de la clase".
El reporte también apuntó que el astillero español no tiene antecedentes en la construcción de patrullas oceánicas, su infraestructura es "limitada" y no entregó aún la información técnica necesaria, así como tampoco realizó "ensayos técnicos" de la construcción en curso.
Por todo esto, el informe recomienda buscar "una renegociación del contrato" de los buques, "no en aspectos económicos, pero si en las etapas de los pagos" a partir del tercer hito de cada buque, para que el MDN tenga "capacidad de control y autorización".
Tras el informe, la ministra Lazo decidió el envío de la misión “permanente” a Cardama.
