Al menos 45 de los detenidos en Brasil fueron candidatos por el partido de Bolsonaro y sus aliados

El Partido Social Liberal (PSL) y el Partido Liberal (PL), siglas bajo las que se presentó Bolsonaro en las presidenciales de 2018 y 2022, son las formaciones que más han albergado las candidaturas de los ahora detenidos, según un relevamiento hecho por el diario O Globo en base a la información divulgada por los servicios penitenciarios de Brasilia y cotejada con la del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El PSL, que se fundió con Demócratas en 2022 creando así Unión Brasil, es la formación con mayor número de excandidatos con seis participantes en los comicios de 2018 y 2022 a cargos de concejales, e incluso con postulaciones para ocupar bancas en la Cámara de Diputados. El PL, el actual partido del exmandatario, le sigue con cuatro; igual número que Patriota, otro espacio político de derecha que funcionó en coalición con el gobierno de Bolsonaro.

De esos 45 excandidatos, seis se presentaron en las últimas elecciones, aunque todos sin éxito, y en algunos casos con cifras que apenas superaban los 600 votos; mientras que 26 participaron en las elecciones de 2020. Todos ellos coinciden, según la investigación judicial en curso, en haber hecho campaña utilizando las redes sociales para atacar a las instituciones, con especial atención contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, figura destacada de esta crisis política por sus fallos contra los golpistas.

Indulto anulado

El reporte de O Globo, retomado por las agencias internacionales de noticias, coincide con la decisión de Rosa Weber, presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país, de anular el último indulto del expresidente Bolsonaro a decenas de policías y militares condenados por el crimen de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de San Pablo, hecho conocido como “la masacre de Carandiru”.

La decisión de Weber es en respuesta a un pedido del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien a fines de diciembre de 2022 envió al STF una demanda de inconstitucionalidad contra una parte del decreto, ya que contravenía las obligaciones internacionales del Estado brasileño de procesar y punir a los responsables de crímenes de lesa humanidad. El proceso judicial se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta 2012 para que la justicia condenara a 74 de los policías por la muerte de 77 presos.

Sin embargo, ninguno de los condenados cumplió las penas, que oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, debido a las maniobras de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas. Hoy, de los uniformados condenados, cinco murieron y otros 69 continúan con vida.

Los procesos

En lo inmediato, con relación al asalto de las sedes de los tres poderes, la justicia brasileña se enfrenta con una suerte de mega proceso. Según la información oficial, más de 1.000 personas podrían ser acusadas de un total de poco más de 2.000 detenidos, 300 de ellos arrestados en el lugar de los hechos, pero la mayoría durante una redada policial al campamento que los bolsonaristas habían instalado a unos ocho kilómetros de las sedes de los poderes públicos, lugar al que regresaron luego de haber participado en el intento de golpe de estado.

A 10 días de los hechos, unos 1.400 siguen recluidos en la cárceles de Papuda y Colmeia, ambas sobrepobladas como consecuencia de las detenciones. Cinco días después de los disturbios, Papuda albergaba a 2.139 presos, por encima de los 1.176 de su capacidad, según el último balance de la autoridad carcelaria. Colmeia, en tanto, tenía 1.148 detenidas, para una capacidad 1.028. En todos los casos, los acusados y acusadas están separados del resto de los presos.

"Muchos de ellos son de otros estados, otras ciudades y van a ser transferidos fuera de Brasilia en los próximos días para esperar el juicio”, informó a la agencia de noticias AFP uno de los fiscales, quien confirmó que alrededor de 600 detenidos ya fueron liberados por tratarse de personas mayores, mujeres embarazadas o madres con niños pequeños.

Hasta el momento, la justicia lleva concretadas unas 1.400 audiencias con el objetivo de confirmar que los derechos y bienestar de los detenidos están siendo respetados, instancia que en la que los jueces de Brasilia fueron auxiliados por magistrados de otros distritos y la parte acusatoria también reforzada con personal de otras regiones. Se calcula que en total unos 100 fiscales federales trabajaron con la ayuda de unos 400 colegas estatales.

Los cargos

¿Habrá un único y gran juicio contra todos los acusados o varios procesos más pequeños? ¿Se presentarán todos ante el STF, o los casos serán enviados a las cortes menores? Se trata según los especialistas de preguntas todavía sin respuestas. Lo que está claro es que, seguramente, pasará mucho tiempo para llegar a las sentencias y que el magistrado del STF Alexandre de Moraes seguirá a cargo de la investigación.

Hasta el momento, fuentes de la fiscalía han confirmado que los detenidos enfrentan varios cargos bajo la categoría de "actos antidemocráticos", figura que incluye las figuras penales de “asociación criminal”, “intento de subvertir el orden democrático”, “participación en un intento de golpe de Estado” e “incitación al crimen”, delitos con una posible sentencia de hasta 12 años de cárcel en el caso de ser acusados de intentar un golpe de estado.

Aunque poco después de los hechos algunos miembros del gobierno, incluyendo al propio Luiz Inácio Lula da Silva, mencionaron la posibilidad que los detenidos fueran acusados por "terrorismo", que conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel, los juristas consultados por la prensa local desestimaron la posibilidad al señalar que el crimen por terrorismo requiere que la acción se lleve a cabo "por razones de xenofobia, discriminación o prejuicio basado en raza, color, etnia o religión", mientras que los disturbios fueron de naturaleza política.

Durante las primeras audiencias, el Estado pidió en algunos casos la detención preventiva de los acusados, argumentando que todavía son una amenaza para el orden público. Si es concedida, la continuidad del encarcelamiento será evaluada cada 90 días. En el resto de los casos, los fiscales acordaron la liberación bajo fianza de los acusados o su reclusión domiciliaria a la espera del juicio. La decisión final sobre quiénes esperan el juicio en prisión y quiénes no recaerá en Moraes.

De ahora en más, y con las audiencias preliminares ya casi finalizadas, la tarea de presentar cargos se trasladará a la oficina del procurador general Augusto Aras, un funcionario designado por Bolsonaro.

(Con información de AFP y O Globo)