El directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió dejar sin efecto dos licitaciones millonarias luego que fueran observadas por el Tribunal de Cuentas.
La primera de las licitaciones era para contratar automóviles con chofer mientras que la segunda estaba destinada a móviles tripulados para traslados terrestres no medicalizados.
Ambas tenían como objetivo regularizar la contratación de traslados de pacientes del SAME 105 y habían sido ganadas por ITHG, una empresa nueva en el rubro que venía siendo contratada en los dos años anteriores.
El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo a La Diaria que cancelaron las adjudicaciones porque tienen la política de seguir lo que sugiere el TCR. A su vez, adelantó que los nuevos llamados incluirán algunos de los requisitos observados.
El Observador informó este lunes que las resoluciones fueron tomadas en la sesión del 2 de agosto y no obtuvieron unanimidad porque uno de los ministros del Frente Amplio, Enrique Cabrera, votó discorde ya que pretendía llevar el tema a la Justicia. “Resultaba de aplicación el Artículo 49 del TOCAF, en tanto se constataron razonablemente varios hechos que implican el direccionamiento hacia ITHG por una cuantía millonaria, sin perjuicio de otras medidas de comunicación de las irregularidades constatadas”, señaló.
En las sentencias, el Tribunal de Cuentas sí consideró pertinente derivar las actuaciones a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dado que algunas disposiciones de ASSE pueden ser violatorias de la normativa en beneficio de la empresa ganadora.
La primera licitación supuso la contratación, por alrededor de US$ 20 millones, de hasta 50 automóviles con chofer que operarán en todo el territorio nacional con un máximo de hasta 250.000 horas anuales de vehículos con chofer a disposición y/o uso. La adjudicación se extenderá por dos años y es prorrogable automáticamente por hasta tres periodos de un año cada uno.
En sus consideraciones, el TCR señaló que había restricciones incluidas en el pliego que contravenían la normativa y excedían el objeto del llamado, por ejemplo una serie de exigencias a los choferes.
“El requisito impuesto a los oferentes de acreditar entrenamiento con certificación expedida por UNASEV, ETUM o ASSE, vulnera el principio de concurrencia previsto en el artículo 149 del TOCAF, en la medida que configuran una limitación injustificada en cuanto a la capacitación, restringiéndolo a tres instituciones”, dice uno de los considerandos.
La segunda licitación refirió a la contratación de “móviles tripulados para traslados terrestres no medicalizados”. Fue por dos años prorrogables automáticamente por hasta tres periodos de un año cada uno, y tuvo un costo del entorno de los US$ 26 millones.
Al igual que en la anterior, el TCR discrepó con las exigencias establecidas y le señaló que el margen de discrecionalidad para elaborar los pliegos no podía contravenir la normativa.
“No es la exigencia de mayor preparación a los oferentes para el uso del desfibrilador externo automático (D.E.A), sino la acotación a tres institutos de formación, lo que restringe y limita la concurrencia”, mencionaron los ministros.
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