Economía y Empresas > BORRADOR DE LA REFORMA
Aumento de las jubilaciones: los “desafíos” y la "tensión" que implica ajustar por salarios
Las jubilaciones se ajustan cada año en función del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN), un mecanismo previsto en la Constitución para que los jubilados no pierdan poder de compra. Sin embargo, la fórmula implica “fuertes desafíos” para el sistema previsional, según concluye el segundo borrador del diagnóstico de uso interno de la reforma de la seguridad social al que accedió El Observador. Pero para modificar este criterio no alcanza con enviar un proyecto de ley al Poder Legislativo –como está previsto– sino es necesaria una reforma constitucional.
La Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) está en la etapa final de la elaboración de un diagnóstico del sistema previsional y el plazo para finalizar el documento vence el próximo 20 de marzo. El presidente de esta comisión, Rodolfo Saldain, produjo un segundo borrador que compartió con el resto de los integrantes para que continúe la discusión.
Uno de los puntos del documento refiere al mecanismo de aumento a los jubilados y concluye que aumentar a través de la fórmula prevista “dificulta la sostenibilidad de regímenes híbridos” (financiamiento de reparto y recaudación de impuestos generales) y “genera riesgos que las empresas aseguradoras que proveen rentas vitalicias encuentran difícil de cubrir”.
El fragmento reconoce que a través de este mecanismo “protege parcialmente el poder de compra de las jubilaciones” de las pérdidas que “puede ocasionar” la inflación e implica una “mejor cobertura para el riesgo del envejecimiento”, pese a que hay un “riesgo” por las oscilaciones de los salarios.
Pero esta protección que tienen las pensiones por aumentar de acuerdo al Índice Medio de Salarios presenta algunos “desafíos” que generaron una “tensión adicional a la sostenibilidad” del sistema de las jubilaciones.
“Las mejoras de la productividad de la economía se reflejan en aumentos del poder de compra de los salarios se trasladan automáticamente a las prestaciones previsionales”, se asegura en el documento.
A su vez, el aumento a través del IMSN acentúa los problemas cuando una parte de los ingresos está asociada “a componentes que crecen menos que el salario real en el largo plazo”.
En 2021 el aumento de las jubilaciones fue de 7,78% porque esa fue la cifra del IMSN de 2020 que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), un ajuste que los jubilados comenzarán a cobrar en marzo. Esto significó una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados.
Hasta 2019 y durante 14 años consecutivos, las jubilaciones habían aumentado por encima de la inflación. En 2020, sin embargo, el Índice de Precios al Consumo (IPC) fue de 9,4%, por lo que el aumento de 2021 está casi 2 puntos porcentuales por debajo de la evolución que registraron los precios.
A su vez, este mecanismo constitucional tiene un efecto en la caja notarial porque “difiere” sustancialmente en los factores que inciden en los ingresos”, lo que explica parte de su déficit millonario. La caja paraestatal tuvo un déficit de $ 580,7 millones al cierre de 2019 y, según los cálculos de la directiva, en 2020 cerró con un desequilibrio de $ 700 millones.
De los más altos del mundo
Así como el mecanismo de aumento de las jubilaciones genera una “tensión” al sustento del sistema, otro punto que acentúa los números rojos es el gasto público en las pasividades, que es “uno de los más altos del mundo”, según el documento, y es causado por el envejecimiento de la población y el “nivel de desarrollo” de Uruguay.
En 2019, el gasto público previsional alcanzó 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), “varias décadas antes de lo previsto”. Solo en la última década, el aumento fue equivalente a 2,5 puntos del producto. Este nivel de gasto estatal es “similar” al de los países desarrollados, lo que implica otro “desafío” para el sistema previsional uruguayo y sostenibilidad.
El gasto previsional del Banco de Previsión Social (BPS) estuvo en el orden de los 7 puntos del PIB en 2008, y se preveía que evolucionara en ese orden de valores hasta 2040. Pero en la última década cambió la trayectoria y en 2019 llegó a 9,2 puntos del PIB. Y a esa cifra se le suma lo que aporta el Estado por la caja militar y la caja policial, lo que en total genera un aumento del gasto de 2,5 del PIB.
Las proyecciones de la caja militar no habían sido incluidas en el borrador, pero este viernes finalmente fueron presentadas. A partir de la tendencia, el Ministerio de Defensa aseguró que en 2025 el aporte del Estado será de $ 2.004 millones por mes (unos US$ 47 millones a valores de hoy). Actualmente, las erogaciones de la caja militar se ubican en 1,1% del PIB, y continuarían creciendo en los próximos años, pero luego volverían a descender a causa de la finalización del período de transición del nuevo régimen, aprobado en 2018.
Las erogaciones de la caja policial, en tanto, subirían del 0,7% del PIB actual a un 0,9% en 2070.
Hacia ese año, si se considera la caja policial, la caja militar y el BPS, se estima que la asistencia financiera estará en el orden de entre 3,6 y 5 puntos del PIB.
La tendencia del aumento del gasto público provisional “hace necesario”, según el borrador, “reformar el sistema con la mayor celeridad posible”.
“El problema de la caja militar no son las jubilaciones de los soldados”
Sin embargo, la postura del movimiento es a las “jubilaciones desproporcionadas” que hay en el sistema, aseguró Ruíz. “No estamos en contra de los que tienen jubilaciones bajas en la caja militar, que son los soldados. Lo que hay que atacar son las jubilaciones de privilegios”, dijo Ruíz a El Observador.
“El problema de la caja militar no son las jubilaciones de los soldados”, planteó el dirigente y sostuvo que algunas jubilaciones del régimen “están fuera de los parámetros normales”.
