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El periplo de la caja militar: cronología de las idas y vueltas en el Frente Amplio
Luego de meses de negociaciones y tironeos por parte de diversos actores, la Cámara de Diputados vota en la tarde de este miércoles el proyecto de reforma de la caja militar. La iniciativa, impulsada desde el gobierno para intentar reducir los US$ 600 millones que le cuestan al Estado cada año los retiros de los uniformados, tuvo múltiples vaivenes en el año y medio de su tránsito parlamentario, e incluso mantiene en vilo hasta último momento al oficialismo que llega a la sesión con varios sectores disconformes.
Capítulo I - A la espera del MPP
Desde su ingreso al Parlamento el 26 de mayo de 2017, el proyecto de reforma de la caja militar fue objeto de intensas negociaciones en la interna del Frente Amplio y mantuvo a la oposición como mero espectador de las idas y vueltas del oficialismo para acordar una fórmula final que contara con los votos suficientes para su aprobación.
El MPP fue el primero en poner paños fríos al proyecto a comienzos del año 2017. Bajo el liderazgo de los entonces senadores José Mujica y Lucía Topolansky, la agrupación con mayor peso en el oficialismo planteó en julio de 2017 que la reforma debía venir acompañada de una discusión de una nueva Ley Orgánica Militar. Mientras el mujiquismo se mantuvo en esa tesitura, el proyecto estuvo encajonado en la comisión de Seguridad Social del Senado.
Sin embargo, en setiembre (con Topolansky ya en la vicepresidencia), el MPP habilitó el tratamiento de la reforma y aceptó dejar el debate de la ley orgánica para más adelante. Para eso, el Frente Amplio creó un ámbito de negociación bicameral en el que cada sector podía plantear modificaciones al proyecto.
El primer tire y afloje tuvo otra vez al MPP como actor principal. En mayo de este año, el sector de Mujica propuso reducir el número de funcionarios afectados por los cambios. Mientras que el proyecto del gobierno establecía que los militares con 20 o más años de servicio no estarían comprendidos en las modificaciones, el MPP pedía que no se afectaran a aquellos que sumaran 10 o más años.
A raíz de esa propuesta, otros sectores como el grupo Ir y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) plantearon la posibilidad de bajar las tasas de reemplazo (la proporción del último sueldo nominal que se calcula para el haber de retiro), llevándola del 90% que promovía el Ejecutivo a 85%. El Ir, además, impulsó reducir los topes jubilatorios, llevándolo de $ 101 mil a $ 85 mil.
El MPP, a través de la senadora Ivonne Passada, respondió con una contrapropuesta, que planteaba establecer dos tasas de reemplazo diferenciadas: de 85% para los funcionarios de mayor rango, y de 95% para los de menor rango.
Finalmente, tras meses de negociación, la comisión bicameral llegó a un texto de consenso y dio vía libre a que el proyecto se votara en el Senado. El texto, aprobado únicamente con votos del oficialismo el pasado 27 de agosto, dejaba por fuera de la reforma a aquellos militares con 15 o más años de servicio (un punto medio entre la propuesta del MPP y la iniciativa original del gobierno). Además, el Senado estableció una tasa de reemplazo progresiva entre 90% y 85% y llevó el tope jubilatorio a $ 110 mil (ajustando por inflación el original de $ 101 mil).
Capítulo II – El rebelde
Cuando parecía que el proyecto seguiría su curso sin mayores fisuras por la Cámara de Diputados, apareció un personaje que ya le había causado otros dolores de cabeza al oficialismo. El diputado de Liga Federal Darío Pérez anunció en los primeros días de setiembre que no votaría la reforma de no haber cambios sustanciales.
El 19 de setiembre, el legislador le presentó a la bancada un documento con una propuesta de redacción alternativa en 15 de los 79 artículos. A grandes rasgos, Pérez exigía reducir a cinco los años de servicio requeridos al personal subalterno para quedar por fuera del nuevo régimen, y planteaba también reducir de quince a diez años los exigidos a los rangos más altos.
Asimismo, Pérez planteó modificar el cálculo de bonificaciones estipulado en el texto del Senado, por el cual los militares podrían computar seis años de servicio por cada cinco años de prestación efectiva. El legislador pretendía que se computaran siete años cada cinco.
Pérez también pretendía que aquellos militares que a la hora de cumplir la edad de retiro obligatorio no alcanzaran los años de servicio requeridos para configurar causal jubilatoria pudieran seguir trabajando hasta llegar a ese mínimo. Por otra parte, el líder de Liga Federal exigía una mejora en las condiciones del retiro por incapacidad.
En un principio, la bancada frenteamplista se mostró renuente a negociar con Pérez y le reprochó no haber realizado los reclamos mientras estuvo abierta la mesa de negociaciones en la bicameral. Fuentes de Liga Federal dijeron a El Observador que eligieron ese camino porque en la instancia formal no hubieran sido escuchados de la misma manera.
Al ver en peligro el voto 50, y no encontrar eco en la oposición, el oficialismo se vio obligado a ceder en algunos de los planteos del diputado rebelde. El coordinador de la bancada oficialista, Felipe Carballo (Lista 711), encabezó las conversaciones con Pérez, que confluyeron en un preacuerdo alcanzado el pasado 3 de octubre.
Partiendo del concepto de “apretar arriba y distribuir abajo”, la fórmula alcanzada retrasaba la implementación de la reforma para el personal subalterno (dejando por fuera a los efectivos con cinco o más años), y como compensación se reducía en $ 10 mil los topes jubilatorios, una medida que afectaría a unos 200 oficiales.
Esa medida fue incluida en la negociación por iniciativa del diputado comunista Gerardo Núñez, y contaba con el apoyo de otros sectores como el MPP, el PVP y el Ir.
De esa forma, en los primeros días de octubre el Frente Amplio ya contaba con los 50 votos necesarios para aprobar la reforma, pero quedaba todavía el capítulo final, con el protagonismo del presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Capítulo III – El mandatario
Resuelto el factor Pérez, todo parecía pronto para que la reforma de la caja militar finalmente pudiera ver la luz. Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez pidió su lugar en la conversación y rechazó la propuesta de la reducción de los topes.
Vázquez se había reunido mano a mano con Darío Pérez el 1° de octubre a pedido del legislador. Allí, el diputado explicó los fundamentos de su propuesta y el mandatario comunicó que veía con buenos ojos sus planteos. Durante la reunión, que duró cerca de una hora, no se manejó la idea de reducir los topes jubilatorios, una variable que estaba arriba de la mesa en la negociación paralela que Pérez mantenía con la bancada frenteamplista.
El 4 de octubre, un día después de que la bancada cerrara el acuerdo con Darío Pérez para asegurar su voto, Vázquez le bajó el pulgar a la reducción de los topes y comunicó que solo aceptaba tres de las modificaciones propuestas por el líder de Liga Federal. Según el mandatario, la propuesta de la bancada iba en contra de "la estrategia de relacionamiento con la familia familiar", según dijeron a El Observador fuentes del Frente Amplio.
Esa decisión volvió a poner incertidumbre a la viabilidad del proyecto y provocó cuestionamientos de varios diputados al presidente. Si bien en un principio la bancada procuró insistir en su propuesta, el Poder Ejecutivo no se movió de su lugar y este lunes 15 de octubre volvió a rechazar la modificación de los topes. Ante esa situación, los diputados se reunieron para definir si acataban las órdenes del gobierno o si mantenían el acuerdo del 3 de octubre.
Sin unanimidad, la bancada resolvió atender la posición del presidente y descartar la reducción de los topes. Sectores como el Ir, el PVP y la Lista 6009 reprocharon que se hubieran aceptado las exigencias de Darío Pérez sin nada a cambio, pero fueron mandatados a votar la posición de la mayoría.
