Escuela residencial en Canadá

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Canadá compensará a pueblos originarios por los abusos cometidos en escuelas residenciales desde el siglo XIX hasta 1990

Unos 150.000 menores fueron separados por la fuerza de sus comunidades originarias y sufrieron abusos de todo tipo. Al menos 1.500 murieron en el marco de un programa del gobierno Federal y la Iglesia Católica para “civilizar a los salvajes”
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22 de enero de 2023 a las 18:16

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau anunció que el Estado de Canadá pagará a cientos de comunidades indígenas unos US$ 2.000 millones en compensación por casi un siglo de abusos sufridos por niños y  niñas de los pueblos originarios recluidos en escuelas residenciales desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990.

"Canadá se compromete a reparar el daño colectivo causado por el sistema de escuelas residenciales y la pérdida del idioma, la cultura y el patrimonio" de las víctimas, según el comunicado oficial publicado por el Ejecutivo canadiense con relación a los 150.000 menores alojados contra su voluntad y la de sus padres en 139 escuelas en su mayoría administradas por la Iglesia católica, establecimiento en lo que quedaron aislados de sus comunidades.

El horror del programa, denunciado durante décadas por los pueblos originarios de Canadá, terminó por salir a la luz cuando a principios del año pasado se hallaron tumbas sin identificar con los cuerpos de casi 1.000 niños y niñas en los predios de las antiguas escuelas, que durante un siglo buscaron en el marco de programa  del Gobierno federal y otra instituciones religiosas asimilar por la fuerza a los menores indígenas a la cultura blanca.

En palabras de sus propios promotores, se trataba de “civilizar a los salvajes” y “matar al indio interior” en cada niño y niña. Pese a que el discurso es usualmente asociado con las atrocidades cometidas durante la época colonial, las instituciones funcionaron hasta hace muy poco tiempo, al punto que una de las últimas recién cerró sus puertas a mediados de 1990. Situación que dio lugar a un viaje del papa Francisco a Canadá para pedir disculpas en nombre de la Iglesia Católica.

Hacia finales de junio del año pasado fueron encontradas 751 tumbas sin identificar en una vieja escuela de la provincia de Saskatchewan, en lo que constituyó el mayor hallazgo de este tipo en toda la historia reciente del país. Hallazgo que al se sumaron 251 restos hallados en una escuela similar ubicada en la provincia de British Columbia; fallecimientos que nunca fueron registrados formalmente por quienes dirigían los establecimientos.

Según la denuncias, reconocidas por el Estado canadiense, muchas de las víctimas sufrieron abusos físicos y sexuales, y se cree que miles murieron a causa de enfermedades y desnutrición, o simplemente por la negligencia de los administradores de las llamadas escuelas residenciales.  Ahora, la demanda colectiva presentada por 325 comunidades indígenas resultó en un acuerdo de US$ 2.000 millones, con los que se constituirá un fideicomiso sin fines de lucro independiente del gobierno.

Según detalló el gobierno, el fondo se utilizará para "revitalizar la educación, la cultura y el idioma indígenas, para ayudar a los sobrevivientes en su proceso de sanación y reconexión con su herencia". "Le ha tomado demasiado tiempo a Canadá reconocer su historia, reconocer el genocidio que cometió y reconocer el daño colectivo causado a nuestras naciones por las escuelas residenciales", dijo Garry Feschuk, un líder indígena demandante en declaraciones a las agencias de noticias AFP.

"Es hora que Canadá no solo reconozca este daño, sino que ayude a deshacerlo. Este acuerdo es un buen primer paso", apuntaron las comunidades indígenas, que ya habían apreciado el viaje penitencial de Francisco para disculparse por los abusos. Por su parte, Marc Miller, ministro federal de Relaciones Indígenas afirmó que "todos los sobrevivientes merecen justicia y la compensación que se les debe".

Se estima que entre 1863 y 1996, más de 150.000 niños y niñas aborígenes fueron separados de sus familias e internados. Las investigaciones judiciales determinaron que los menores vivían en condiciones de hacinamiento, expuestos a enfermedades y con pocas medidas de higiene. Además, eran obligados a trabajar, se les prohibía hablar en su idioma y, con frecuencia, experimentaban violencia por parte de las autoridades, sea física, psicológica e incluso sexual.

Aunque muchos lograron sobrevivir huyendo, muchos otros murieron en soledad. En ocasiones, las familias no volvían a saber de sus hijos una vez que el Estado los arrebataba de su comunidad. El impacto de estas instituciones, según determinó la justicia, fue tan terrible que trascendió generaciones e influyó directamente en el desarrollo y el progreso de las comunidades. “El trauma intergeneracional continúa socavando el bienestar de la actual población aborigen”, señaló un estudio publicado en 2013.

Con posterioridad, otro informa oficial, fechado en 2015, calificó el sistema de las escuelas residenciales como un “genocidio cultural”, al tiempo que advirtió que en este tipo de acontecimientos, que transmiten el estrés postraumático de generación en generación dentro de una sociedad, podrían llevar décadas para sanar completamente.

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