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El número de clientes con más de dos facturas sin pago creció exponencialmente.

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Clientes de UTE con dos o más facturas impagas se multiplicaron por nueve en la pandemia

Hay 4.000 pequeñas y medianas empresas en esa situación y comenzaron a ser notificadas; directores se enfrentaron

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28 de mayo de 2021 a las 12:57

La información más actualizada de la que dispone UTE es que, al 31 de diciembre de 2020, 44.000 clientes de diferentes categorías debían más de dos facturas mensuales y, por lo tanto, eran pasibles de de un corte en el servicio de electricidad. 

De esa cifra unos 34.000 corresponden a la tarifa residencial. Y dos de tres, de acuerdo a un relevamiento efectuado por el organismo, señalaron su imposibilidad absoluta de pago debido a que no cuentan con ingresos o tienen dificultades de empleo. 

Así lo informó este viernes a El Observador Fernanda Cardona, directora en representación del Frente Amplio. 

La cifra de clientes con más de dos facturas atrasadas se multiplicó por nueve con respecto a lo que sucedía antes de la pandemia, cuando las cuentas con fecha de corte estaban en el entorno de las 5000. 

Para paliar esta situación, en la sesión de esta semana el directorio aprobó en forma unánime un plan para que los deudores residenciales puedan ponerse al día. Se les propondrá distribuir la deuda en 24 cuotas iguales, que deberán ser abonadas con la factura mensual. 

Pero en la misma sesión fue aprobada, aunque no por unanimidad, otra resolución que, a juicio de la directora frenteamplista, va en una línea totalmente contraria. 

Por cuatro votos contra uno, el directorio aprobó comenzar el envío de notificaciones a 400 pequeñas y medianas empresas, de un total de 4.000 que deben más de dos facturas. 

La directora por el Frente Amplio, que rechazó la decisión, marcó allí una “contradicción” con la medida aplicada a los clientes residenciales, ya que si las mypimes no gestionan un convenio particular con UTE estarán “condenadas al cierre en el peor momento del país”. 

“Es muy preocupante comprobar que las abandonamos en el peor momento de la pandemia”, lamentó. 

Los argumentos de Cardona fueron rebatidos por el director colorado Julio Luis Sanguinetti, que vía Twitter la acusó de “seguir con verdades a medias”. 

Según explicó, las empresas objeto de esta última resolución consumieron más energía en 2020 que en 2019, y estaban en situación de corte desde antes de la pandemia. 

 

Sanguinetti sostuvo que, si concurren a sumarse a los planes de financiación, no tendrán ningún problema. “Jugando para la tribuna”, comentó, en relación a los dichos de Cardona. 

En la misma línea fue el director nacionalista Felipe Algorta, al puntualizar que lo aprobado refiere a empresas sin consumo en lkos últimos tres meses, a aquellas que aumentaron su consumo el año pasado con respecto al anterior y a las firmas que llevan sin pagar 14 meses. 

Algorta explicó que se lo que se advierte a las empresas que no acepten las "múltiples facilidades" de UTE para refiinanciar la deuda por consumo es que se enfrentan a la "posibilidad" de suspensión del servicio. "Es un procedimiento necesario y es parte de nuestra responsabilidad como administradores públicos", dijo. 

"Con sacrificio, la gran mayoría de los uruguayos pagan y cumplen con sus obligaciones. Pero ahora los mismos que con total éxito fundieron empresas del Estado en bonanza quieren enseñanarnos cómo admistrar", complementó el director nacionalista. 

Fuentes de UTE confirmaron que son unas 4.000 las empresas involucradas en esta situación y precisaron que el envío de cartas de notificación será paulatino. Tendrán un plazo no menor a 15 días luego de haber recibido el comunicado, donde se les informará de la deuda pendiente, para responder si acceden a las alternativas de financiamiento en hasta 24 cuotas. 

En la polémica ingresó el senador frenteamplista Eduardo Brenta, que consideró una “vergüenza” el criterio adoptado en medio de la pandemia. 

El legislador cursará un pedido de informes para intentar que se aclare la situación y cuestionó que el gobierno envíe proyectos de ley al Parlamento para “ayudar a las pymes” y al mismo tiempo “les cortan la luz”. 

 

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