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Convocan a nueva audiencia masiva de Operación Océano
La jueza Beatriz Larrieu convocó para el viernes 5 de febrero a una nueva audiencia masiva por el caso de Operación Océano, histórica investigación por la cual hay actualmente 32 imputados por distintos delitos sexuales cometidos en su mayoría contra menores de edad.
En la audiencia en la que estarán la fiscal del caso, Darviña Viera, los abogados de todos los indagados y los defensores de todas las víctimas de la investigación, se discutirá si se prorrogan las medidas cautelares dispuestas contra los enjuiciados, como la prohibición de acercamiento y comunicación a las víctimas, o la prisión preventiva aplicada solo en el caso del empresario con nacionalidad paraguaya. Este hombre fue imputado por proxenetismo y otros ilícitos, y la medida se vence próximamente, informaron a El Observador fuentes judiciales.
La causa, que está por llegar a los nueve meses desde que se formalizaron las primeras indagatorias, tiene actualmente 20 víctimas identificadas, y una en particular que tuvo distintas clases de vínculos con las 33 personas que fueron imputadas –una de las cuales aceptó un trato con la Fiscalía y ya fue condenado.
Raúl Williman, encargado del consultorio jurídico penal de la Universidad de la República y defensor de 11 de las víctimas, dijo que pretende que las medidas se mantengan, al menos hasta que tengan lugar las declaraciones anticipadas que fueron postergadas por diversas razones durante el año pasado. "Lo que buscan las medidas es proteger a las víctimas, por lo que preferimos que declaren lo más libre posible", dijo el penalista a El Observador.
El delito imputado más común hasta el momento ha sido la promesa de retribución o retribución a adolescentes a cambio de sexo, definido por la ley 17.815 de 2004, en cuyo artículo 4 se establece una pena de dos a 12 años de penitenciaría, aunque también ha sido frecuente el delito que castiga a quien mantiene un contacto virtual para mantener conversaciones de connotación sexual con adolescentes, que el artículo 277 bis del Código Penal castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con menos frecuencia, Viera logró la imputación de otros delitos sexuales, como el abuso propiamente dicho, la explotación de menores o proxenetismo.
Las fiscal Viera, no obstante, ha decidido que solicitará a la Justicia la ampliación de varias de las formalizaciones penales, en el entendido de que cuenta con evidencias como para sumar más delitos a los enjuiciados.
Las evidencias con las que cuenta, por otra parte, ha sido objeto de controversia con los abogados de los indagados en los últimos meses, ya que estos reclaman tener acceso a las pericias de todos los celulares de los involucrados –víctimas y victimarios–, los equipos informáticos utilizados en los intercambios entre las jóvenes y los adultos, así como las páginas web de citas en donde se coordinaron algunos de los encuentros.
De hecho, varios de los defensores redactaron distintos escritos denunciando la demora en el acceso a esa información, que la fiscal Viera ha atribuido a demoras generadas en Interpol y Policía Científica, encargados del procesamiento y entrega del material.
Uno de los últimos documentos de los penalistas con estas críticas fue presentado el 18 de diciembre pasado. Allí, 11 abogados solicitaron que se suspendiera otra audiencia fijada para el 23 febrero, en la que estaba previsto discutir el pliego del interrogatorio a realizar a la principal víctima de la investigación.
Oficio al MSP
La instancia tendrá lugar en el Palacio de los Tribunales, donde se realizó la única audiencia masiva que tuvo la causa hasta el momento, el 14 de agosto de 2020.
Allí participaron unas 50 personas, entre los imputados, sus abogados defensores y los de las víctimas, y se discutieron varios temas, como el levantamiento parcial de la reserva de la investigación —que permitió luego el acceso a todos los chats por parte de los abogados– y la información filtrada por la fiscal Viera a la prensa, que fue denunciado por algunos de los penalistas.
