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Jutep notificó una "violación a principios y normas de conducta” en el proceso de construcción del Antel Arena

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Cosse, Arismendi y Ana Olivera deberán comparecer ante la Justicia por investigaciones sobre el Antel Arena y Mides

Dos denuncias presentadas por la administración actual derivaron en investigaciones por las que las exjerarcas deberán responder

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15 de febrero de 2022 a las 09:10

La actual intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel Carolina Cosse será citada a declarar por Enrique Rodríguez, fiscal de Delitos Económicos, en el marco de la investigación que lleva a cabo sobre presuntas irregularidades en la construcción del complejo Antel Arena, informó El País y confirmó el fiscal a El Observador. Rodríguez agregó que todavía no hay fecha definida para las citaciones.

La denuncia, realizada por la actual administración de Antel, se basó en la auditoría realizada por la firma Ecovis, que presentó la "existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa" en la obra. Además, la auditoría sostiene que en la construcción del complejo "se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración".

A la denuncia se le sumó un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de setiembre de 2021, que notificó una "violación a principios y normas de conducta" en el proceso de construcción. La Jutep también se basó en la auditoría pedida por Antel.

Según números presentados por el informe, la obra costó US$ 120 millones, tres veces más que las previsiones iniciales de la administración de Carolina Cosse. La intendenta capitalina calificó al trabajo de Ecovis como una "pseudo auditoría", alegó que la firma es de un militante herrerista, y aseguró que "hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y con las empresas públicas".

El 17 de noviembre, el Senado interpeló al ministro de Industria, Omar Paganini, y al actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, por la obra del complejo, en una sesión que no contó con los senadores de la oposición, que calificaron el acto como un "circo político". 

Allí Gurméndez denunció que la administración de Cosse basó la legalidad del proyecto en un informe pedido a la Facultad de Derecho que solo fue firmado por el abogado Alberto Pérez Pérez, en vez de por los cinco integrantes del Instituto de Derecho Constitucional, encargado del trabajo.

El senador nacionalista Jorge Gandini declaró en esa sesión que el abogado, ya fallecido, entregó el informe "sin que ingresara al Instituto, sin que lo conocieran los demás integrantes y sin que lo firmaran".

"Es un acto de cobardía y falta de respeto tratar de ensuciar la imagen de Pérez Pérez, es una falta de respeto hacia mí", criticó Cosse en una rueda de prensa el martes 23 de noviembre. La expresidenta de Antel dijo que las autoridades hacían todo esto para tapar las críticas recibidas sobre la auditoría, y porque "sigue habiendo un silencio rotundo respecto a la estrategia de Antel".

Heladeras y ascensores

En otra investigación que también maneja el fiscal Rodríguez, citará a la exministra de Desarrollo Marina Arismendi y a la exsubsecretaria de la cartera Ana Olivera, por las presuntas irregularidades encontradas en compras de materiales realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el periodo de gobierno anterior.

"Se encontró un mal manejo de bienes, malas compras de bienes, compras de bienes que no se necesitaban, compras de bienes que no se sabía para qué se compraban", dijo el abogado Gustavo Bordes, representante del Mides, al presentar la denuncia en febrero de 2021. Esta se basa en auditorías internas realizadas por la administración actual del ministerio, detalló a El Observador el exdirector general de Secretaría del Mides, hoy asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli.

Esta denuncia constó de 50 páginas, e informó sobre hechos tales como el olvido de un contenedor en el puerto con donaciones de un valor de US$ 100 mil, irregularidades en la compra de heladeras para los refugios, y "debilidades de control" en los gastos referidos al transporte. En este último, se constataron gastos de $ 5,15 millones en 2019, mientras que entre enero y noviembre de 2020 ese mismo rubro erogó $ 2 millones.

El Mides también incluyó en los antecedentes elevados a Fiscalía la presencia de una "base" de la empresa de ascensores Otis en el último piso del ministerio. Además, las autoridades constataron que se pagó por dos ascensores pero solo uno funcionaba.

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