Cuatro casos en los que Presidencia se amparó en la confidencialidad para negar información

Información reservada o confidencialidad, a esos mecanismos recurrió el gobierno en los últimos meses para negar información. Lo hizo amparado en la ley o con el argumento de estar en medio de una negociación. Pero, en algunos casos, el solo hecho de la negación despertó la controversia pública.

Podría pensarse que esto se contrasta con el espíritu democratizador que alentó la ley de acceso a la información pública que se aprobó durante el primer gobierno de Vázquez. Pero también es verdad que esa ley, en sus artículos 9 y 10, otorga a los organismos públicos la posibilidad de declarar reservados o confidenciales ciertos datos.

En este segundo período de gobierno, el mandatario utilizó en varias oportunidades ese mecanismo que le da la ley para no difundir los datos solicitados.

"A lo largo y ancho del mundo han demostrado siempre o casi siempre que han fracasado. Fíjense en el Brexit, o en Estados Unidos cuando decían que ganaba Hillary Clinton", dijo el presidente el lunes 9 de abril al ser consultado por las encuestas que aseguraban que la desaprobación a su gestión llegaba máximos históricos.

El mandatario aseguró en varias oportunidades que no cree en las encuestas. Sin embargo, Presidencia contrata consultoras para realizar relevamientos de opinión pública. Pero los resultados de esas encuestas no son accesibles para todos. El mandatario clasificó como "información reservada" toda aquella relativa a las encuestas de opinión pública encomendadas por la Presidencia. Lo hizo al negarse a entregar esos datos a El Observador, que tramitó un pedido de acceso a la información pública el 29 de agosto de 2017.

El 2 de mayo de este año Presidencia volvió a negar la información relativa a las encuestas. La solicitud fue realizada por Telemundo.

Pero las encuestas no son la única información declarada como reservada por Presidencia. El Observador quiso conocer el salario del exchofer del presidente, Enrique Estévez, pero los datos fue negados. "Toda la información y documentación que involucre la seguridad del señor presidente de la República y los datos del personal afectado al Servicio de Seguridad Presidencial" fue declarada como reservada, dice la esolución aprobada en febrero de 2012 durante el gobierno de José Mujica. El presidente Vázquez se amparó en esa decisión del expresidente y la aplicó para negar esta información.

Enrique Estévez, consuegro del presidente, fue destituido de su cargo luego de que El Observador publicara que integraba el equipo de seguridad presidencial y la Junta de Transparencia y Ética Pública recomendara su despido.

La aparición del comunicador Fernando Vilar en la cadena nacional para transmitir un mensaje presidencial sorprendió a todos. Pero la sorpresa no duró los 30 minutos que se extendió el mensaje televisivo sino que siguió durante varios días. Según la información de Presidencia, el comunicador no recibió ningún pago por esa aparición. Sin embargo, primero Vilar dijo que cobró por ese trabajo y luego difundió un comunicado donde aseguraba no haber recibido ninguna retribución por parte del Estado.

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres convocó al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para conocer los detalles de la contratación del comunicador. Toma declinó la invitación del Parlamento alegando "razones de orden constitucional", según una nota enviada por el secretario al presidente de la comisión, el senador Charles Carrera (MPP).

En la carta, fechada el 4 de mayo, Toma señala que Presidencia "ha tramitado diez solicitudes de acceso a la información pública referidos al punto medular" de la consulta, y reafirmó que "no se ha celebrado contratación alguna ni efectuado ningún pago al señor Fernando Vilar".

"A su vez procede informar que Presidencia de la República no le encomendó a ninguna persona física o jurídica, pública o privada el pago de honorarios al señor Vilar, así como tampoco recibió ofrecimiento alguno por parte de una persona física o jurídica, privada o pública, para hacerse cargo de ningún honorario por el servicio prestado", continúa la nota.

Toma escribió que las declaraciones efectuadas por Vilar, sobre el cobro por ese trabajo, "deben considerarse emitidas a título personal" y que son "ajenas a la Presidencia de la República", por lo que él no está en condiciones de responder sobre ello a la Comisión.

El secreto en la negociación con UPM fue motivo de enfrentamientos entre el Ejecutivo y la oposición. El gobierno se amparó en la confidencialidad que implica la negociación para no dar datos hasta después que se alcanzara un acuerdo. Luego de culminada la primera etapa informó a los partidos políticos de oposición y a la población.

Tras la firma del acuerdo, cinco ministros comparecieron ante el Parlamento para difundir los detalles del acuerdo. Si bien se conoció el resultado nunca se difundió cómo fue la negociación.