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Cámara de Diputados sigue analizando la Rendición de Cuentas.

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Diputados terminó votando un "salvavidas" a cabloperadores que dejó heridas en la coalición

Partido Independiente acusó a los cabildantes de trancar la nueva ley de medios exigiendo que le voten el proyecto que beneficiará a represores

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18 de agosto de 2022 a las 05:04

Sin otra alternativa más convincente, la coalición de gobierno dio sus votos este miércoles a un "plan B" para modificar el artículo 56 de la ley de Medios que, si logra completar el trámite parlamentario, le otorgará a los cableoperadores del interior la posibilidad de prestar servicios de internet y datos. La fórmula consagró un triunfo significativo para Cabildo Abierto, promotor de una medida que también representó un fracaso para la intención del Poder Ejecutivo de derogar totalmente, a través de la Rendición de Cuentas, la regulación vigente sobre los servicios de comunicación audiovisual.

Se hizo, además, cumpliendo una intención particular del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La semana pasada y significativamente durante un evento de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Lacalle Pou había reclamado que se debería conocer quién estaba a favor y quién no de las intenciones del Ejecutivo. Allí había cuestionado  la "calesita legislativa" en torno al tema y sugerido que, pese a la anticipada falta de votos, los artículos que proponían la derogación total debían ser sometidos a discusión en la cámara. "Para mí, deberíamos establecer claramente quién vota y quién vota en contra", insistió el presidente. 

Su deseo se cumplió. "El presidente pudo sacarse la duda de quién estaba arriba de la calesita y quién no" dijo a El Observador el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto), poco después del triunfo de su iniciativa. Consultado, el legislador dijo que el del presidente lejos estuvo de ser muy positivo. "Era innecesario imponer quién votaba y quién no", reflexionó. 

Cal optó por valorar el "consenso" alcanzado por el oficialismo parlamentario para modificar el artículo 56 y que está destinado, aclaró en sala, a "tirarle un salvavidas" a los cableoperadores, cuyo modelo de negocios viene siendo fuertemente cuestionado ante las nuevas tecnologías. Cal se refirió en particular a los empresarios más pequeños del rubro, que en el interior cumplen una función "hasta social" al ser, en muchos pueblos, "el único micrófono que tienen los ciudadanos". 

El diputado cabildante explicitó además el rechazo de su partido a derogar totalmente una ley como la vigente, algunos de cuyos aspectos "hay que mantener" y que, a su entender, debería en todo caso ser derogada por otra ley como la que está a estudio de la Comisión de Industria en Diputados. Un proyecto cuya negociación "se complicó", a su juicio, por determinadas decisiones del propio Poder Ejecutivo. 

Cal ratificó ante El Observador lo que había expresado la semana pasada en Radio Carve. La coalición había realizado un estudio exhaustivo sobre la titularidad de los medios y había llegado a un acuerdo sobre la cantidad máxima de frecuencias permitidas. Serían, dijo, cuatro en Montevideo y seis en el Interior. Todo se vino abajo, apuntó, cuando este gobierno autorizó la compra de Azul FM por parte del Grupo Magnolio que, a partir de esa compra, llegó a las cinco frecuencias en la capital. "No solo rompió el acuerdo, sino que violó la ley vigente" dijo Cal, para señalar que esa decisión "no cayó nada bien" en Cabildo Abierto. 

El Partido Nacional viabilizó el pedido de Lacalle Pou y, pese a la anticipada falta de votos, introdujo este miércoles un aditivo proponiendo la derogación total. Solo tuvo el apoyo de 31 legisladores. A los blancos se le sumó el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que cuestionó en duros términos la actitud de los cabildantes. "No la desconocíamos", reconoció. 

En diálogo con El Observador, Posada valoró la decisión del gobierno al promover que la votación en sala reflejara en forma clara "quienes son los que permiten que se mantenga en vigencia una ley inconstitucional". Aseguró además que es responsabilidad de los cabildantes la falta de avances en el proyecto que, hace más de dos años, está frenado en comisión. "Ese proyecto no se va a votar por una tenaz oposición de Cabildo Abierto", afirmó.

La razón, según expresó Posada, es que los liderados por Guido Manini Ríos condicionaron su apoyo a ese proyecto a que en el Senado prospera su iniciativa para consagrar la prisión domiciliaria preceptiva en los casos de imputados o condenados mayores de 65 años, que beneficiará entre otros a varios responsables del terrorismo de Estado. "Yo presencié conversaciones donde se hizo ese planteo", dijo. "Y nunca lo desmintieron". 

En un breve discurso en sala, Posada reivindicó la voluntad de su partido de cumplir con el compromiso que la coalición de gobierno de derogar totalmente la vigente ley de medios. Una ley que, dijo, ya desde su artículo 1 es inconstitucional. Además, marcó una diferencia entre Cabildo Abierto y Ciudadanos, que también rechazaba una derogación total. 

Lo votamos ya

En nombre de ese sector colorado el diputado Martín Melazzi ratificó la intención de su grupo de eliminar la ley vigente, y llamó a sus colegas a "hacerse cargo" y aprobar con celeridad el nuevo proyecto en la Comisión de Industria. "El Partido Colorado está dispuesto a levantar la mano mañana mismo", aseguró. Melazzi explicó la decisión de apoyar la fórmula de los cabildantes en el vacío legal que significaría derogar una ley sin tener un marco legal alternativo. "Queremos la derogación, pero también queremos un nuevo proyecto", señaló. 

En Batllistas, Conrado Rodríguez desistió finalmente de su propuesta de derogación de los ocho artículos de la vigente ley de Medios observados por inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. 

En diálogo con El Observador, el legislador sostuvo que "lo mejor" era derogar totalmente la ley aunque reconoció posiciones encontradas en cuanto a si era viable hacerlo a través de la Rendición de Cuentas. Allí el problema, sostuvo, era la normativa que habría quedado vigente en su lugar. La Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo proponía retornar a la vigencia de una serie de decretos-ley promulgados durante la última dictadura. 

 

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